Tegucigalpa, Honduras (Coneixhon).- Siete de ocho capturados fueron declarados culpables este jueves 29 de noviembre por el asesinato de Berta Cáceres, de acuerdo al fallo emitido por el pleno de la Sala uno del Tribunal de Sentencia en Tegucigalpa.
La audiencia se realizó sin la representación de la acusación privada, porque fue expulsada del proceso el 20 de octubre pasado, al declararlos en abandono.
Cerca de las cinco de la tarde se conoció la resolución del Tribunal que declaró culpables a Mariano Díaz Chávez, Douglas Geovanny Bustillo, Sergio Ramón Rodríguez, Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Meza y Oscar Torres Velásquez, por el asesinato de Cáceres.
Mientras que, por tentativa de asesinato contra el testigo protegido (ABC 0303-2016), fueron declarados culpables como coautores a Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Meza y Oscar Torres Velásquez.
Sobre este caso contra el testigo protegido, fueron absueltos Sergio Rodríguez Orellana, Douglas Geovanny Bustillo y Mariano Díaz Chávez por el asesinato en grado de tentativa.
Emerson Duarte Meza (hermano gemelo de Edilson Duarte Meza) quien completaba el listado de ocho acusados, fue absuelto de todos los cargos, tras estrás dos años en prisión.
Los ocho hombres fueron capturados entre mayo y septiembre de 2016. Los últimos arrestos se realizaron en los dos primeros meses del año 2017; y el pasado 02 de marzo del año en curso, cuando se exigía justicia en el segundo aniversario del crimen de la defensora, fue privado de libertad el directivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Roberto David Castillo, en calidad de autor intelectual y cuyo proceso es el segundo, en esta causa.
Mientras se individualiza la pena, programada para el 10 de enero de 2019, a los siete culpables -según el tribunal- continúan con la medida cautelar de prisión preventiva.
En el desarrollo de la lectura de la sentencia, se destacó la obtención de información sobre los movimientos de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), plan que estaba a cargo de Sergio Rodríguez (quien se desempeñaba como Gerente Ambiental y Social de DESA) y otras personas que ocupaban cargos ejecutivos en la empresa a cargo del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ), sobre el Río Gualcarque.
Hubo pago de los anteriormente señalados, por servicio de informantes para tener información de lugares, días y fechas en las que el COPINH y Berta Cáceres, su coordinadora general, realizarían movilizaciones en rechazo a la instalación de la hidroeléctrica “Agua Zarca”, concesionada a DESA.
Douglas Bustillo (encargado de la seguridad de DESA en julio de 2015) conocía Mariano Díaz Chávez (Mayor de las Fuerzas Armadas y activo), por 2014 tenía sus conversaciones monitoreadas por diversos ilícitos de otros casos. Ambos se encontraron en un grupo de la red social de WhatsApp llamado “Promoción 34” alusivo a la promoción de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA).
Otro de los responsables del asesinato de Cáceres, que también formó parte de la institución castrense, fue Henry Hernández, contactado por Díaz Chávez quien le comentó sobre el plan de ejecutar a Cáceres Flores.
Las acciones contra Cáceres tuvieron el consentimiento de los ejecutivos de DESA, entre ellos Sergio Rodríguez y otros más que no forman parte de este proceso.
Global Witness: Fallo valida lo dicho en informe y por otras organizaciones internacionales
Para enero de 2017, Global Witness presentó un informe en el país, donde abordó el caso de Berta Cáceres titulado “Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta”.
Una fuerte crítica y amenazas de iniciar procesos penales en contra de quienes lo presentaron fue parte del resultado proveniente de la empresa privada y congresistas implicados en proyectos extractivas.
- Ver declaración completa de Global Witness, aquí.
La sentencia del jueves 29, sólo valida lo dicho tanto en el informe como por organizaciones nacionales e internacionales “empleados de DESA se confabularon con actuales y ex soldados – algunos previamente entrenados por los Estados Unidos – para asesinar deliberadamente a Berta Cáceres y silenciar su oposición a la represa de Agua Zarca», aseguró Ben Lether, encargado de incidencia de Global Witness.
La mayoría de los procesados por el asesinato de Cáceres tienen vínculos con el ejército hondureño o DESA, pero Global Witness y COPINH creen que no incluyen a todos los responsables de ordenar su asesinato, que se encuentran más arriba en la cadena, detalló Ben Lether.
Añadió que “Los siete autores materiales pueden estar tras las rejas, pero es imperativo que los que ordenaron y financiaron el asesinato queden libres”.
A pesar de campaña para desacreditar informe, el GAIPE lo aseguró
En noviembre de 2017, el Grupo Asesor Internacional de Personas expertas (GAIPE), presentó un informe independiente titulado “Represa de Violencia: El plan para asesinar a Berta Cáceres”.
Una de sus conclusiones fue que el plan para asesinar a Berta Cáceres inició en noviembre de 2015. Información obtenida a través de los registros telefónicos “permite asegurar que hubo un intento de asesinato durante los días 05 y 06 de febrero de 2016”; tal y como lo evidencia la sentencia del Tribunal en este primer juicio.
El asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores ejecutado el 02 de marzo de 2016, respondió como mínimo, a un plan concebido por altos directivos de DESA, al menos desde el mes de noviembre de 2015, habiéndose delegado en uno de los procesados la ejecución del operativo y la articulación con agentes estatales y no estatales para lograrlo.
Los directivos de DESA implementaron, al menos desde el 2012, una serie de acciones para neutralizar la oposición del COPINH, en este sentido se realizaron: campañas de desprestigio en su contra, instrumentalización a las comunidades para generar ruptura del tejido social y división, infiltración, seguimientos, amenazas, sicariato, sabotaje de equipo de comunicaciones, cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad, fortalecimiento de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado para ejecutar ataques sistemáticos en contra de quienes se oponían al proyecto.
Se configuraron violaciones al honor, la libertad, la integridad y la vida de numerosas personas de las comunidades afectadas, de Berta Cáceres Flores y otras personas integrantes del COPINH.
Habrá justicia hasta que caiga el último autor intelectual
Roberto Cáceres, al salir de la audiencia expresó que la justicia debe entender que no puede seguir sembrando impunidad. Se demostró que hubo una estructura que se reunió para planificar el crimen contra su hermana.
“Esto no es justicia, lo será hasta que caiga el último autor intelectual, tal vez a esta justicia no le tiembla la mano especialmente en un caso contra una mujer cuya arma era su voz en defensa de los pueblos indígenas”, dijo el hermano de Bertita, cómo la llamada su familia.
Mientras su madre, Austraberta Flores al conocer el fallo esperó que “este sea cumplido al pie de la letra, que no les vayan a dar medidas cautelares para que luego salgan libres”.
Con el fallo de culpabilidad para siete personas, se confirman las denuncias hechas por la defensa privada, el COPINH, las hijas e hijo de Berta Cáceres, así como de organizaciones defensoras de derechos humanos, con respecto a que altos ejecutivos de la empresa DESA tuvieron que ver en su asesinato hace 33 meses en La Esperanza, Intibucá.
Sin embargo, la familia demanda la captura de los autores intelectuales que planificaron y pagaron por el crimen contra Berta Cáceres. Hasta el momento solo Roberto David Castillo, presidente de DESA, se encuentra detenido como sospechoso por ser uno de los autores intelectuales del crimen.
