Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- A pocas horas de conocer el fallo en el primer juicio contra ocho implicados en el asesinato de Berta Cáceres, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), evidenciaron su preocupación por excluir a la acusación privada en representación de las víctimas, y las demoras injustificadas en el proceso.
“La exclusión en la fase de juicio oral y público de la acusación privada socava significativamente el derecho de las víctimas a un acceso efectivo y equitativo a la justicia, así como su derecho a la verdad”, expresan ambas organizaciones en un comunicado de prensa, difundido este miércoles.
De igual forma, cuestionaron la mora en el proceso judicial, en la tramitación de otros tres recursos de amparo que hasta la fecha continúan estando pendientes de resolución.
En ellos, se solicitaba la incorporación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la exclusión de la acusación privada por abandono de proceso y la incorporación de una de las víctimas como acusación privada.
Sobre la demora en los recursos de amparo, ambas organizaciones recuerdan que estos hechos constituyen como una garantía esencial para la protección del derecho al debido proceso y a un recurso judicial efectivo; reconocidos en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Organizaciones internacionales, también cuestionaron la decisión del Tribunal de Sentencia. Amnistía Internacional para el caso, cuestionó al tener solamente como defensa al Ministerio Público, esto “no respeta la garantía del debido proceso y, por ende, afecta su derecho de acceso a la justicia, la verdad y la reparación”.
Quienes integran la Sala uno del Tribunal de Sentencias, donde se conoce la causa contra los imputados como hechores materiales e intermedios del asesinato de la lideresa indígena lenca, ocurrido el 02 de marzo de 2016, excluyeron a la defensa privada de la familia y del COPINH, al declararlos en abandono el pasado 20 de octubre. Aún cuando el equipo legal representado por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), presentó recusación contra dicho Tribunal.
La defensa privada en una conferencia de prensa señaló que, no se han retirado del proceso a pesar de la decisión que tomó el tribunal en su contra.
Es oportuno resaltar lo señalado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el sentido de que un aspecto importante de la imparcialidad del órgano de justicia es su carácter expeditivo, y por ello ha señalado que las demoras que no pueden justificarse por la complejidad del caso o el comportamiento de las partes no son compatibles con el principio de una vista imparcial.
“Es imperativo, que el sistema de justicia pueda garantizar el absoluto cumplimiento de las garantías del debido proceso y la protección judicial efectiva en este primer juicio por el asesinato de la defensora Berta Cáceres”, expresaron la CIDH y la OACNUDH.
Finalmente, los principios de trasparencia y acceso a la información son clave para fortalecer la confianza ciudadana en las instalaciones de justicia y sus resoluciones en las instituciones de justicia, justificaron ambas organizaciones de Naciones Unidas y del Sistema Intermamercano.
Para este jueves 29 de noviembre de 2018 a las cuatro de la tarde, se contempla la lectura de la sentencia contra los ocho acusados por el asesinato de Cáceres, a pesar de las irregularidades denunciadas a lo largo del proceso.
