San José, Costa Rica (Boletín de Prensa CEJIL).- En medio de múltiples irregularidades que son responsabilidad de las autoridades judiciales hondureñas, el juicio por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres Flores está convocado para iniciar el día de hoy.
Dentro de los obstáculos dispuestos por el Tribunal a la representación de las víctimas, se encuentra la prohibición de que las audiencias sean transmitidas públicamente, negando la difusión amplia del proceso e impidiendo a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional conocer lo que acontece en el mismo.
“Estas acciones son graves, porque amenazan directamente el derecho a la verdad y la justicia para las personas vinculadas al caso, pero también para la sociedad en su conjunto. La decisión del Tribunal de impedir la transmisión del juicio genera dudas sobre la imparcialidad de este órgano y su voluntad de actuar de manera transparente” , declaró Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Por otra parte, Radio Progreso, un medio de comunicación local, solicitó al Tribunal la autorización para realizar una transmisión en vivo del proceso, sin embargo, su petición no ha sido contestada al día de hoy. Por ello, CEJIL presentó un Amicus Curiae (opinión técnica jurídica) ante el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de lo Penal, con el fin de exponer por qué, a la luz de estándares internacionales, un juicio de estas características debe garantizar la transmisión del mismo así como los principios de publicidad y transparencia.
Como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el principio de publicidad no se limita a proteger los derechos de la persona acusada, sino también los intereses de las víctimas y el interés general de la sociedad y el Estado del Derecho.
Así, el principio de publicidad penal se constituye como un medio esencial para ejercer el control y vigilancia sobre las actuaciones de las autoridades públicas; garantizar que las acciones judiciales se desarrollen de manera independiente e imparcial; y asegurar que se dé un proceso legal justo.
Es importante señalar que, tomando en cuenta la notoriedad de este caso, al mantener los bloqueos mediáticos durante el proceso, el Estado de Honduras está impidiendo el acceso a una información completa y actualizada de lo ocurrido a la lideresa lenca. Además, genera serias dudas sobre las razones por las cuales se quiere mantener el proceso en un bajo perfil y si esta acción implica proteger a personas que participaron en la planeación del asesinato.
Una amplia cobertura mediática y la transmisión en vivo de las audiencias resultan las únicas opciones para que se garantice el derecho a la verdad y al acceso a la información de la familia de Berta Cáceres, de la comunidad lenca, de las y los integrantes de COPINH, y de la sociedad en general.
