Tegucigalpa/Colorado (Conexihon).- La existencia de presos políticos y ciudadanía criminalizada producto del rechazo a la imposición de Juan Orlando Hernández en la Presidencia de la República, es el tema que se abordó este miércoles en el marco del periodo 169 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Colorado, Estados Unidos.
Representantes de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, solicitantes de la audiencia “Honduras: Personas privadas de libertad en conflicto post electoral” denunciaron que luego de la declaratoria hecha por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que adjudicó el gane a nivel presidencial a Hernández, condujo al rechazo popular expresado en acciones de protesta en todo el país, reclamando el gane legal del candidato de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, Salvador Nasralla.
A dicha audiencia, asistió la representación del Estado de Honduras, liderada por la recién nombrada Procuradora General de la República, la nacionalista Lidia Estela Cardona, quien en su intervención, hizo “oídos sordos” a la existencia de ciudadanos y ciudadanas privados de libertad por razones políticas.
Dicha audiencia fue solicitada por Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité Nacional por la Liberación de los Presos políticos y la Coalición Contra la Impunidad- Honduras (CCIH), estas dos últimas son hondureñas.
En su introducción la abogada Brenda Mejía por parte de la CCI-Honduras expuso que, la ilegal postulación de Hernández como candidato presidencial y, la posterior declaratoria como ganador del proceso del 26 de noviembre pasado, fue rechazada por la ciudadanía bajo el legítimo ejercicio de la protesta. Ante esto, el gobierno siempre con Hernández a la cabeza, respondió con el uso excesivo de la fuerza y restringiendo libertades.
“La protesta social en este contexto, era considerada como un acto delictivo de criminalidad organizada y estructurada. Quienes participaron de ellas, fueron blanco de ataques sistemáticos, persecución, vigilancia, tratos crueles inhumanos y degradantes, torturas, difamación y calumnias”, amplió Mejía.
“El estado hondureño se niega a reconocerlos como presos políticos”, manifestó.
Un informe presentado en enero de este año por la Coalición contra la Impunidad, apuntó que entre noviembre de 2017 a enero de 2018, hubo más de 200 personas heridas, 33 personas asesinadas y 117 judicializadas.
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Derecho Penal, arma para someter a presos políticos
Condiciones inhumanas, centros penales bajo control militar y la falta de celeridad para llevar a cabo el proceso que se les sigue, fue parte de las denuncias que hicieron las y los peticionarios en la audiencia ante la CIDH.
La abogada Mejía denunció que las personas que se mantienen en libertad, con medidas contrarias a la prisión preventiva, son objeto de vigilancia policial.
En tanto, Karol Cárdenas, del Comité de Familiares de detenidos Desaparecido en Honduras (COFADEH), mostró su preocupación por la falta de acceso que tiene ella, como parte de la defensa legal de los presos políticos a los respectivos expedientes, así como la celeridad para celebrar las audiencias.
Detalló que la falta de acceso a los expedientes y la celeridad para celebrar las audiencias impide que se prepare una estrategia de defensa. Los recursos de apelación, tardaron cerca de seis meses para llegar a las respectivas cortes de apelaciones. En Pimienta (departamento de Cortés), el expediente estuvo “No localizable” durante 30 días, por acciones de defensores de derechos humanos se dio con el mismo.
El derecho penal es utilizado para someter a disidentes políticos a procesos injustos. “Es preocupante que los tribunales que conocen las causas, están valorando como hechos probados lo escrito en los requerimientos fiscales y así confirman la detención preventiva de los imputados durante la audiencia inicial”, detalló Cárdenas.
En el caso de Edwin Rovelo Espinal (quien fue reiteradamente objeto de vigilancia y allanamiento ilegal desde en 2009, por su participación en las manifestaciones de rechazo al golpe de Estado) y Raúl Álvarez, ambos recluidos en la cárcel de máxima seguridad denominada “La Tolva”, la Corte de Apelaciones resolvió un recurso presentado rechazándolo, también los hizo ver como miembros de una organización criminal , pormenorizó Cárdenas.
Las cárceles no cumplen con los estándares internacionales. Su administración está a cargo de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), grupo señalado como autor de al menos 22 asesinatos políticos en el marco del fraude electoral. Y los capturados fueron acusados de delitos comunes y enviados a cárceles de máxima seguridad.
Estado utiliza diálogo de ONU para no responder a emplazamiento de organizaciones
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El tiempo utilizado por el Estado de Honduras, dejó al descubierto el refrán popular que dice “El papel aguanta con todo”. Nunca reconocieron la existencia de presos políticos, producto de la imposición del ilegal presidente.
La Procuradora de la República, Lidia Estela Cardona, ex aspirante al cargo de Fiscal General del Ministerio Público, justificó la implementación en el territorio nacional del decreto ejecutivo PCM- 084-2017, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 01 de diciembre; mismo que restringió el derecho a circulación de la ciudadanía entre las 10 de la noche a seis de la mañana.
Dicho decreto suspendió las garantías constitucionales, sino que la defensoría de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión e información de la prensa independiente. Ya que, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto, sólo las personas acreditadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), quedaba exentas de lo estipulado por el decreto. Cabe señalar que a algunos periodistas se les negó dicho documento, pese a realizar la solicitud correspondiente.
Cardona encaminó su exposición en la audiencia para deslegitimar el derecho a la protesta de la ciudadanía, al mencionar que estas “se desnaturalizaron caracterizándose con actos delictivos”. La Secretaría de Seguridad -detalló Cardona- reporta detenciones por robo, hurto, encubrimiento, tenencia ilegal de armas, material explosivo, asociación ilícita, atentado e incendio.
Expuso a las fuerzas policiales y militares como víctimas, que fueron objeto de daños físicos y a su infraestructura y equipamiento. Esto contrasta con lo expuesto por la Oficina de Naciones unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y el COFADEH en sus respectivos informes sobre la crisis en el marco del fraude electoral del 2017.
Se destacó la presencia de maras y pandillas, quienes aprovecharon la situación para crear actos de violencia, así mismo, estos grupos criminales realizaron actos violentos e intimidación antes y durante el proceso electoral, amenazando a miembros de partidos políticos y electores a no votar.
“Es necesario aclarar que a todas las personas detenidas, se les garantizó los derechos que todo ciudadano goza judicialmente. Quienes guardan prisión gozan de alimentación, visitas médicas, visitas conyugales y otros”, expuso la Procuradora de la República.
Mientras que las organizaciones de derechos humanos, contrariaron lo descrito por la representante de la delegación estatal, pues a los llevados a la cárcel de máxima seguridad “El Pozo” los raparon (cortar totalmente el cabello), los desnudaron y aislaron.
Cardona dijo que existe la voluntad del gobierno para “investigar todos los hechos del contexto post electoral”.
Además, para continuar con su negativa de reconocer que en Honduras hay presos políticos, mostró la participación del gobierno en el “Diálogo” convocado por la representación de Naciones Unidas en el país, donde en una de sus mesas (de Derechos Humanos) se evaluó una amnistía, pero la misma “no tuvo consenso, porque no aplica en perdonar los delitos”.
Por último, el Estado en la audiencia, pidió insólitamente que lo expuesto en la audiencia ante la CIDH, “sean tomadas lo dicho por la delegación del Estado como parte de los avances de cumplimiento de las observaciones hechas por la Comisión, en su visita in loco en agosto pasado”.
Solicitudes hechas por las organizaciones de derechos humanos y representantes de presos políticos:
- Reconozca la existencia de presos políticos y tome medidas para su liberación.
- Ordene al Estado a que respete el debido proceso de las personas detenidas en contexto de la crisis electoral, incluyendo a quienes tienen medidas contrarias a la prisión preventiva.
- Inste al Estado para que reubique a los privados de libertad en cárceles de máxima seguridad en el contexto de la crisis electoral a centros de detención para personas indiciadas.
- Exhorte a la Relatoría de Personas Privadas de Libertad a dar especial seguimiento a las personas privadas de libertad en cárceles de máxima seguridad y priorizar una visita –al país- para monitorear su situación.
- Incluya en su comunicado final del periodo de audiencias y en su informe final la situación descrita en la presente audiencia.
