Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), instó a las autoridades judiciales que desarrollen un proceso que cumpla con obligaciones internacionales, que garantice el derecho a la verdad, a la justicia y la reparación de las víctimas en el juicio contra los ocho imputado por el asesinato de la lideresa del pueblo lenca, Berta Cáceres.
Además, denunció las irregularidades con las que inició este juicio oral y público este lunes. Como el hecho que el Ministerio Público continúa negando el acceso a parte del expediente y “que alguna de la prueba incautada en los allanamientos no ha sido analizada”.
Dicho Tribunal, expuso la organización, no aceptó la condición de víctima del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH), como lo denunciaron Berta y Laura Zúniga Cáceres, hijas de Berta Cáceres, la semana anterior en una conferencia de prensa en Tegucigalpa.
“Insistimos en que Berta fue asesinada el 2 de marzo del 2016, pero su crimen forma parte de una estrategia sistemática de persecución en contra del COPINH, por su rol en la defensa del territorio y del medio ambiente”, puntualizó CEJIL.
Los ocho acusados por el asesinato de Berta Cáceres que comparecen a juicio son: Emerson Duarte Meza, Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henrry Javier Hernández, Oscar Aroldo Torres Velásquez, Mariano Díaz Chávez, (militar activo al momento del asesinato), Douglas Geovanny Bustillo (exjefe de seguridad de DESA) y Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente del área social, ambiental de DESA).
«El perfil de las personas hasta ahora acusadas demuestra que existe una estructura criminal que involucró a las altas jerarquías de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), miembros de la Policía Nacional, ex miembros del ejército y sicarios», dijo CEJIL en su comunicado.
Esto con el objetivo de acabar con la oposición al proyecto «Agua Zarca» por parte del pueblo lenca organizado en el COPINH y cometer el crimen contra Cáceres, agregó la organización internacional de derechos humanos.
Por otra parte, criticó la negativa de las autoridades judiciales para que las audiencias fueran transmitidas públicamente. Esto en abierta contradicción con el principio de publicidad y transparencia.
CEJIL sobre el tema refirió que “el propósito del principio de publicidad no se limita a proteger los derechos de los acusados, sino también a proteger los intereses de las víctimas y promocionar el interés general de la sociedad y el estado del derecho”.
Lo anterior demuestra que las actuaciones judiciales no se están apegando a los estándares del debido proceso, razón por la cual hacemos un llamado para que se rectifiquen estas acciones y se encauce el proceso de manera que se conozca la verdad y se haga justicia.
Sobre el juicio, la organización internacional catalogó como “una oportunidad histórica” para Honduras, y con ello demostrar que la institucionalidad puede funcionar de manera independiente e imparcial.
El juicio programado para iniciar este lunes fue suspendido a raíz que se recusó al pleno de la Sala I del Tribunal de Sentencia por parte de Berta y Laura Zúniga Cáceres, hijas de la lideresa del pueblo lenca, el COPINH y el equipo legal del Movimiento Amplio Por la Dignidad y la Justicia (MADJ), quienes forman parte de la defensa privada en el caso.
