Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La liberación de cinco personas tras las rejas por razones políticas, es una de las exigencias que hizo este jueves el Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos en Honduras, en un plantón frente al Ministerio Público (MP).
En un comunicado público, el Comité señaló que los cinco detenidos en tres centros penitenciarios del país, fueron “secuestrados por la dictadura de Juan Orlando Hernández en violación del debido proceso, el Estado de Derecho y los más básicos y sagrados Derechos Humanos”.
Además de la liberación de los cinco ciudadanos, el Comité reclamó al Ministerio Público la suspensión de los procesos penales contra quienes fueron privado de su libertad, en el marco de las acciones de protesta contra el fraude electoral, en las que declararon ganador al ilegalmente reelecto presidente Juan Orlando Hernández.
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Dichas manifestaciones, de acuerdo con informes sobre derechos humanos nacionales e internacionales, fueron reprimidas violentamente por la Policía Militar del Orden Público, la Policía Nacional y miembros del Ejército, sostuvo el Comité Nacional para la Liberación de los Presos políticos en el país.
En total fueron privados de libertad por razones políticas 22 compatriotas, entre ellos, una mujer, Lourdes Gómez, quien estuvo en la protesta.
La privación de libertad fue en los centros penales de El Progreso, de Tela; y en los de máxima seguridad «La Tolva» en Morocelí, El Paraíso; y «El Pozo» en Ilama, Santa Bárbara.
Cifras que maneja este Comité, revelan que de las 22 detenciones, 17 personas han sido liberadas con medidas sustitutivas a la prisión. Sin embargo, han sido documentadas acciones de represalias en su contra por efectivos de la policía, que los hostigan, allanan los domicilios de sus parientes y hacen vigilancia permanente de sus residencias.
“La existencia de presos políticos en un país es un claro síntoma de falta de libertades políticas y, en consecuencia, es una situación propia de las dictaduras o de los regímenes que no son plenamente democráticos”, expresó el Comité en su comunicado.
El texto agrega que, es preocupante la “ausencia real” de medidas para poder ser escuchados en libertad, de igual forma se exteriorizó la no aplicación de medidas contrarias a la prisión por la persistente negativa de jueces y fiscales, quiénes no hacen la aplicación efectiva de las mismas.
Tanto a los prisioneros por razones políticas como a sus familias, esto genera un estado de desasosiego e incertidumbre en sus familias y un ambiente de desconfianza en materia de seguridad jurídica.
Recientemente, Amnistía Internacional (AI) se pronunció sobre el contexto de presos políticos en el país. En su informe “Prohibido protestar: Uso de la fuerza y detenciones arbitrarias como estrategias para reprimir la disidencia en Honduras”, conoció la situación de los privados de libertad, quienes se encuentran en condiciones inhumanas y sin garantías del debido proceso.
“El Estado mantuvo después a las personas recluidas en condiciones deplorables durante meses, negándoles su derecho al debido proceso y a una defensa adecuada”, señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización internacional recomendó a las autoridades hondureñas que realice investigaciones rápidas, imparciales, independientes y efectivas de todos los casos de uso innecesario o excesivo de la fuerza en toda la crisis post electoral”.
