Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), presentó este martes su informe anual sobre la situación del país durante el año 2017, y llamó a las autoridades hondureñas a desmilitarizar las funciones públicas e investigar las violaciones cometidas durante la crisis post electoral.
El informe de OACNUDH destaca las violaciones a los derechos humanos en el contexto post electoral, la militarización de la seguridad pública, violencia contra la mujer, la situación de creciente participación de niños y niñas en delitos de «alto impacto, la situación de privados de libertad.
También la dificultad del acceso a la justicia, especialmente para la población de las zonas rurales, las mujeres, los pueblos indígenas y afro hondureños y describe lo observado en el caso emblemático de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres.
Sobre las protestas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), durante 2017, la Oficina del Alto Comisionado pidió que se respeten las mismas en los recintos educativos y recordó a las autoridades universitarias la necesidad de cumplir los acuerdos alcanzados con los estudiantes en el 2016.
La OACNUDH ha observado que se siguen otorgando títulos privados así como licencias de concesiones sobre las tierras indígenas, sin que se celebren consultas para obtener el consentimiento libre, previo e informado.
El informe recoge la preocupación sobre la discriminación así como los ataques en contra de personas lesbianas, gays, bisexuales transexuales, transgénero e intersexuales continúan. Según la organización Cattrachas, en el curso de 2017, al menos 34 personas LGTBI fueron asesinadas, con cargos presentados en sólo siete de estos casos.
Acá las recomendaciones
a) En relación al contexto post-electoral, El Alto Comisionado llama el estado de Honduras a llevar a cabo investigaciones prontas, efectivas, independientes y transparentes sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas post electorales; garantizar la rendición de cuentas y que las víctimas tengan acceso a un recurso efectivo y una reparación; Llevar a cabo con urgencia una evaluación de las normas de enfrentamiento y asegurar que todo uso de la fuerza se desarrolla en sujeción a los estándares internacionales, en particular en lo relativo al uso de fuerza letal.
b) En relación a la pobreza y los derechos económicos, el Alto Comisionado pide enfocarse en la lucha a la pobreza en superar la discriminación, así como las diferencias entre los niveles de vida en zonas urbanas y rurales. En este contexto, el Alto Comisionado llama a prontamente garantizar el derecho a la tierra, incluida la salvaguardia de los derechos de los pequeños agricultores, de las mujeres campesinas, y de los pueblos indígenas, y a trabajar la titulación de tierras para fortalecer la seguridad jurídica; a evitar los desalojos forzosos y cuando sean inevitables, mitigar sus efectos, con particular referencia a evitar violar el derecho a la vivienda de dichas población.
c) En relación al área de seguridad, el Alto Comisionado urge, así como ya hizo en su informe de 2016, a desmilitarizar las funciones de control de orden público, a fortalecer la transparencia en materia de defensa y seguridad, incluso desde el punto de vista presupuestario y por entonces a revisar la ley de secretos oficiales; a adoptar o revisar la legislación doméstica en áreas prioritarias como el uso de la fuerza, el crimen organizado, el control de las armas de fuego y la reglamentación de las empresas de seguridad privada; a reformar la legislación relacionada con el terrorismo y derogar los Artículos 335 y 335 B del Código Penal, que no se conforman con los estándares e ya han sido objeto de recursos de inconstitucionalidad; por último, a enfocarse en la prevención de la violencia y sus causas estructurales, incluyendo en relación con los niños y niñas en conflicto con la ley; a favorecer el recurso de las medidas alternativas a la detención, a la rehabilitación y reinserción de los privados de libertad; mejorar las condiciones en los centros de detención;
d) En relación al área de justicia, el Alto Comisionado, insta a invertir más esfuerzos en la lucha contra la impunidad y promover el acceso a la justicia, también incrementando los programas de asistencia jurídica gratuita; con relación al Ministerio Publico, el Alto Comisionado urge, reiterando sus recomendaciones del 2016, a que se revisen las competencias y responsabilidades de investigación de las oficinas especializadas para promover la protección de los derechos humanos, priorizando aquellos aspectos relativos a la rendición de cuentas del sector de seguridad y el sector justicia; a establecer una estructura de gobierno independiente para el poder judicial, y así proceder a una reforma integral del sector de justicia que corrija sus problemas estructurales, comenzando por fortalecer su sistema de independencia y de carrera profesional;
e) En el área del espacio democrático, a pesar de unos esfuerzos realizados, se tiene que efectivamente reconocer el papel de los defensores de derechos humanos y la importancia de su labor, y la continuación de una situación de grave riesgo. Por esto, es urgente adoptar medidas concretas para mejorar la investigación y el enjuiciamiento de los delitos cometidos contra defensores de los derechos humanos y fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección; Reconocemos el establecimiento en Marzo de la Fiscalía especializada, que si embargo todavía no tiene fiscales nombrados.
f) Los pueblos indígenas siguen siendo en una situación de desprotección. El Alto Comisionado pide que se reformen o adopten los marcos jurídicos y elaborar políticas adecuadas para proteger los derechos de los pueblos indígenas, dando prioridad al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado; y redoblar los esfuerzos en lo relativo de la delimitación, demarcación, registro, ampliación y mejora de las tierras indígenas;
g) Las mujeres necesitas acciones inmediatas para su protección contra la violencia y para el respecto de sus derechos. La violencia solo se pude abordar con un enfoque integral que aborde las causas, a partir de modelos culturales patriarcales, que naturalizan la violencia contra las mujeres.
h) Las personas LGTBI necesitan la adopción de medidas concretas para eliminar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y asegurar investigaciones rápidas y eficaces y el enjuiciamiento de los delitos cometidos en contra de ellos y ellas. Aquí también se tiene que intervenir en la construcción social y el cambio de patrones culturales, que tiene que empezar en el sistema educativo y las familias desde la más joven edad.
