Tegucigalpa (Conexihon). – Voces nacionales e internacionales se pronunciaron ante el anuncio para este próximo 28 de febrero, día en el que tres policías acusados por cinco delitos
contra defensores de derechos humanos y estudiantes universitarios se presentarán en audiencia de declaración de imputado ante el Ministerio Público (MP).
Por ello, el Observatorio de Protección a Defensores de Derechos Humanos, se pronunció el miércoles anterior para que estos delitos “no queden impunes” y a los policías Juan Manuel Aguilar Godoy (Sub-Comisionado de Policía), Félix Adrián Colindres (Comisionado de Policía) y Marlon Agustín Vásquez Palma (Sub comisionado de Policía) se les sanciones de acuerdo con ley.
El 08 de septiembre de 2016, más de 500 miembros policiales, entre ellos los tres en mención, violentando la autonomía universitaria, desalojaron abruptamente una acción de protesta del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), además de agredir a las y los defensores Hedme Castro, Tomy Morales, Carlos del Cid y Ariel Díaz; a los últimos tres, fueron detenidos ilegalmente; así como de 12 estudiantes universitarios, esto en horas de la tarde.
De acuerdo al requerimiento presentado el 12 de diciembre de 2017 por la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos (FEDH), del Ministerio Público, a los uniformados Aguilar Godoy, Colindres y Vásquez Palma, son formalmente acusados por los delitos de Abuso de Autoridad, Violación de los deberes de los funcionarios, lesiones, detención ilegal y torturas, en contra de los y las defensores de los derechos humanos y universitarios.
Para el desarrollo de esta audiencia la semana próxima, el Observatorio pidió a las autoridades hondureñas adoptar inmediatamente las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las 12 personas defensoras agredidas.
También este observatorio demandó poner fin a “todo tipo de criminalización del Movimiento Estudiantil de la UNAH, y a las personas que en él participan; así como un reconocimiento público por parte de altos funcionarios, entre ellos el presidente de la República, sobre la importancia de la labor de la defensoría de derechos Humanos.
Ese mismo 08 de septiembre, los defensores y las defensoras de los derechos humanos fueron procesados por los delitos de encubrimiento y en el caso de la Tomy Morales, quien además es periodista y fue acusada de atentado contra la seguridad pública. Defensores y estudiantes permanecieron más de 24 horas tras las rejas, detenidos el ocho septiembre, hasta ser trasladados a los Juzgados de lo Penal, en Comayagüela y dejados en libertad provisional la madrugada del 10.
De este caso, fueron sobreseídos definitivamente el 27 de septiembre, en una audiencia fuera de los juzgados, ya que se realizó en las instalaciones del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
Para Ariel Díaz, la esperanza resurge con la audiencia programada para el próximo lunes. “Nos veremos cara a cara con los agresores y los victimarios que desde el Estado han generado violencia contra defensoras y defensores”.
Las secuelas que deja lo vivido desde ese 08 de septiembre hasta hoy, en que sigue ejerciendo su labor como defensor y lo que actualmente pasa en el país “hace que nos sintamos en riesgo”, aseguró Díaz, quién forma parte de la Juventud por los Derechos Humanos (JDH).
Llamados como el del Observatorio de Derechos Humanos, son parte de varias acciones de incidencia, hechas tanto por los cuatro defensores, así como de las organizaciones que conforman la Mesa Nacional de Derechos Humanos para que haya justicia y se respete la labor de ser defensor y defensoras en el país.
