Washington/ Ginebra (Conexihon). – Un grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expusieron este miércoles su
preocupación por los escenarios de violencia contra la ciudadanía hondureña, que va desde muertes violentas contra manifestantes, detenciones arbitrarias y obstaculización a la prensa.
Los Relatores de la ONU para la Libertad de Expresión y sobre la situación de las y los defensores, David Kaye y Michael Forst; así como el Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, manifestaron que “estamos alarmados por el uso ilegal y excesivo de la fuerza para disolver protestas”.
Desde hace tres semanas, un amplio sector de la población se mantiene realizando acciones de protesta a nivel nacional, exigiendo que se respete la voluntad popular expresada en las urnas el pasado 26 de noviembre, donde reclaman por un fraude que benefició la candidatura reeleccionista e ilegal de Juan Orlando Hernández, actual presidente y aspirante a la reelección.
A criterio de los expertos, muchas de las personas que resultan detenidas fueron trasladadas a instalaciones militares, donde habrían sido brutalmente golpeadas, insultadas y sometidas a torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes.
Estas acciones se intensificaron contra la ciudadanía en protesta, luego que el gobierno de la república aprobara el decreto PCM-084-2017, el cual suspendió garantías fundamentales e impuso un toque de queda por 10 días, desde el 01 de diciembre.
Los relatores notaron que, la proclamación de estados de excepción no autoriza en ninguna circunstancia la derogación de derechos a la vida e integridad personal, y llamaron a las autoridades a investigar estos hechos.
«Exhortamos al Gobierno de Honduras a dar cumplimiento estricto a sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos a la vida, así como los derechos a la libertad de expresión y derecho de reunión de todas las personas bajo su jurisdicción», afirmaron los representantes Internacionales.
Ataques contra medios de comunicación
Durante la instauración del toque de queda, producto del Decreto PCM-084-2017 y modificado por el PCM 085-2017 que disminuyó el horario y sitios, se han reportado detenciones, agresiones y obstaculizaciones al trabajo periodístico en el país.
Cabe señalar que el Decreto establecía que sólo aquellos periodistas y comunicadores sociales que estuvieran debidamente acreditados ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), podrían circular en el horario de toque de queda, y no todos y todas tuvieron acceso a dicha acreditación.
Asimismo, a los expertos les alertó la situación que enfrenta Radio Progreso, que desde el 10 de diciembre denunció el sabotaje a su torre y antena, que los mantiene fuera del aire en la zona central del país.
“Radio Progreso, un medio comunitario emblemático por su independencia y defensa de la democracia”, mencionaron en el comunicado los responsables de libertad de expresión y de derechos humanos de la ONU y la CIDH.
“Hacemos un llamado urgente para que se investigue el ataque a Radio Progreso, se restablezca su transmisión y se garantice la seguridad de sus periodistas y trabajadores”, puntualizaron.
