Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Tras un año de ser expulsados de Honduras, defensores y defensoras internacionales de derechos humanos y periodistas, enviaron una carta este martes, para exigir
respuesta a las autoridades correspondientes y que se revierta dicha situación.
Se trata de Giullia Fellín, de nacionalidad italo-alemana, parte de “Honduras Delegation”, un colectivo conformado en la observación de derechos humanos desde el 2009; Luís Díaz de Terán, de origen español quien se dedica a la observación y acompañamiento de los derechos humanos; y Marine Pezet, francesa, ex coordinadora del Proyecto de Acompañamiento Internacional a defensores de derechos humanos -Honduras (PROAH). Además, la periodista y defensora de derechos humanos alemana Heike Engel; y el colombiano Víctor Hugo Soto Galeano, fotógrafo y periodista.
Las expulsiones del territorio hondureño se dieron días después que acontecieron hechos de violencia contra una serie de movilizaciones del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en el mes de mayo de 2016, en exigencia de justicia por el asesinato de su coordinadora, Berta Cáceres.
En la carta enviada por los defensores, defensoras y periodistas, establecen que la expulsión fue confirmada a sus representantes legales y les fue dicho que el expediente se extravió.
Agregaron que, luego de numerosas comunicaciones con autoridades hondureñas, las que oralmente se comprometieron a encontrarlo “hasta la fecha, ni el expediente, ni la resolución de expulsión, nos han sido entregadas, tampoco a nuestros abogados y abogadas”.
Sin embargo, www.conexihon.hn, tuvo acceso al Oficio SG-1385-2016, del 03 de noviembre de 2016, de la Secretaria de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización (SJDHGD) a la Directora del Instituto Nacional de Migración (INM), Carolina Menjivar, en la que le comunican la resolución de expulsión de las cinco personas bajo Resolución 1057-2016, con fecha 21 de septiembre de ese mismo año.
En el documento, que es una transcripción de la resolución de la Secretaria de Estado en mención, se establece la expulsión de los defensores, las defensoras y periodistas extranjeros “se encontraban ciudadanos extranjeros apoyando dicha manifestación”, en referencia a una acción frente a las instalaciones del Ministerio Público (MP), por parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) el 12 de mayo de 2016.
Lo anterior forma parte de una declaración pública hecha por el Ministro Coordinador General del Gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, que después de una represión contra una movilización del COPINH enfrente de Casa Presidencial, el 08 de mayo de 2016, giró instrucciones a la Dirección de Inteligencia del Estado y al Instituto de Migración “para que proceda a identificar a los extranjeros que participan en ese tipo de manifestaciones, incitando a la violencia…”.
Las declaraciones de Hernández Alcerro coinciden con el proceso que acredita la expulsión de los defensores, defensoras y periodistas independientes.
Estas acciones contradicen lo expuesto en la Declaración de Naciones Unidas sobre defensores y defensoras, en que en los artículos uno, dos, cinco y seis, habla de la garantía en el ejercicio “individual o colectivamente de procurar la protección y realización de los derechos humanos en los planos nacional e internacional”.
A un año de la expulsión de estos cinco ciudadanos extranjeros, la situación se muestra adversa para el respeto a los derechos humanos, como lo refleja una de las observaciones hechas por el Comité de Naciones Unidas sobre el informe presentado por el Estado Hondureño, en julio de este año.
“El Comité continúa extremadamente preocupado por los actos de violencia e intimidación y las persistentes y elevadas tasas de asesinatos de las que son víctimas los defensores y defensoras de derechos humanos…”, refiere el informe.
En los últimos días, las autoridades migratorias hondureñas han retenido a miembros de la prensa internacional, de las cadenas internacionales Al Jazeera y teleSUR. Así como la expulsión de la semana anterior del grupo venezolano «Los Guaraguao» del aeropuerto Ramón Villeda Morales, en la zona norte del país.
