Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El movimiento campesino y empresas asociativas en el Bajo Aguán, se presentaron ayer miércoles en las afueras del Ministerio Público (MP), para responsabilizarlo de los
últimos acontecimientos de violencia en dicha región del país, ubicada en el departamento de Colón.
Además, responsabilizaron al actual gobierno que preside Juan Orlando Hernández, de no tener voluntad política para resolver el conflicto por el derecho a la tierra y poner fin a la represión contra la población del Bajo Aguán.
Las organizaciones aglutinadas en la Plataforma Agraria del Valle del Aguán, llegaron al MP con una serie de documentos que las acreditan ser quienes tienen y trabajan las tierras en el Bajo Aguán.
La acción fue acompañada por un miembro de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH).
La Plataforma Agraria afirmó que, por más de tres años vienen proponiendo la instalación de una mesa de diálogo “de alto nivel por parte del gobierno”, para discutir la agenda del movimiento campesino y de las empresas asociativas en el Bajo Aguán, recientemente a finales del mes de octubre, el gobierno convocó a una instalación de la misma pero no se llevó a cabo y ha sido pospuesta tres veces sin concretarse nada, denunciaron.
“Lo que demuestra la inoperancia y la falta de voluntad política del Gobierno de Honduras para solucionar un conflicto que ha cobrado la vida de más de 150 compañeros y compañeras que han sido asesinados y cientos de campesinos criminalizados”, dijo Jaime Cabrera, Coordinador de la Plataforma Agraria.
“La Operación XATRUCH y la Policía Nacional, jueces y fiscales en el Aguán no están para el pueblo, sino para cuidar los bienes de los terratenientes, cada queja cada denuncia y es una muerte que ponemos en el Aguán”, afirmó Cabrera.
Cifras que reflejan impunidad
De acuerdo con cifras de la Plataforma Agraria, desde el 27 de agosto de este año, se han ejecutado 14 desalojos violentos por miembros policiales y militares, así como de guardias de seguridad privadas al servicio de los terratenientes.
De estos hechos, cuatro personas fueron asesinadas, una persona herida y 85 personas líderes y lideresas (en su mayoría mujeres) enfrentan procesos de criminalización en su contra.
Las organizaciones campesinas denunciaron que tanto Coorporación DINANT de la familia del ya fallecido Miguel Facussé, Inversiones Ceibeña, de Reinaldo Canales y Oleopalma de René Morales, entre otros, “cuentan con el respaldo y apoyo del Estado de Honduras como supuestos dueños de las Fincas Paso Aguan y el Tumbador donde permanecen, unidades policiales y militares al servicio de los intereses latifundistas”.
En el informe “El papel de los operadores de justicia en la violación de derechos humanos en el Bajo Aguán”, elaborado por FIAN Honduras, establece que tanto los entes armados del estado como las empresas de seguridad privada que operan en la zona, son los promotores de violaciones a derechos humanos en contra de la población campesina.
“Las violaciones van desde detenciones arbitrarias, sin causa alguna, por parte de la policía preventiva o militares… La Policía Preventiva de Tocoa trata de impedir que los detenidos se entrevisten con sus defensores. Al hacer del conocimiento del Ministerio Público esta clase de arbitrariedades, generalmente le dan la razón a la Policía”.
En tanto, sobre las empresas de seguridad privadas, el informe estableció que “La labor de estos se circunscribe a cuidar las fincas, sim embargo, las empresas lo desmienten, pareciera por la incidencia de muertes (de campesinos), que esta labor se extiende incluso a acabar con la vida de varios campesinos para limitar avance de las reivindicaciones sociales en el campo”.
Desde la dirección del Instituto Nacional Agrario, en acta del 22 de julio de 2015 expresa que son tierras que siguen siendo del estado y, por tanto, para fines de reforma agraria, apuntaron las organizaciones campesinas del Bajo Aguán.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el informe de país de 2015, llama al Estado de Honduras a “Redoblar los esfuerzos para resolver el conflicto de la tierra así como investigar de manera seria y eficaz los asesinatos y demás violaciones a los derechos humanos cometidos en el Bajo Aguán”.
