Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Pobladores de la Villa de San Francisco y miembros del Comité Ambientalista Popular Independiente por los Recursos Hídricos y otros (CAPIRHO), exigieron que se

busque una ruta alterna para la ubicación de las “líneas de conducción de alta tensión” que la azucarera “Tres Valles” pretende instalar sobre las viviendas del municipio.

Los afectados denunciaron que ya han pedido a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente), la cancelación de la licencia ambiental por no haber cumplido con la socialización a los afectados.

Los habitantes recordaron en un comunicado como el pasado 29 de agosto fueron reprimidos con exceso de violencia  por un “contingente policial con más de 60 elementos” que llegaron desde las 4:30 de la mañana al mando de una fiscal identificada Melissa Cubas, “quien no permitió entablar un diálogo para explicar porque nos pretendían desalojar si estábamos en una manifestación pacífica y apostados en las acera peatonal donde no obstruíamos el libre tránsito”.

La comunidad de la Villa de San Francisco se han visto afectados por el proyecto  “AMPLIACION DE LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA A TRAVES DE BIOMASA Y RED DE CONEXIÓN AL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA DE LA ENEE” DESARROLLADO POR LA COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A DE C.V” la que pretende instalar en terrenos de la comunidad un tendido eléctrico de alta tensión que los afectados se niegan a que pase por encima de su casa. 

Cambiar la ruta del proyecto para que no afecte a los pobladores del municipio tiene un costo de alrededor de ocho millones de lempiras, lo que consideran es una pequeña suma de dinero que puede ser absorbida por la empresa o por el Estado.

El proyecto es ejecutado por la empresa Energía y Comunicaciones S. de R.L. ENERCOM, que servirá para trasnportar la energía que produce la empresa azucarera a las líneas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El presidente de CAPIRHO José Jorge Aguilar denunció además, que el Instituto de Conservación Forestal (ICF), entregó un “plan de salvamento” a un patronato que nunca ha existido en la comunidad.  

Los afectados se hicieron acompañar por Rafael Alegría Coordinador de la Vía Campesina Honduras, la defensora de los derechos humanos Berta Oliva Coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y Katherine Cruz de la Red Nacional de Defensoras.    

Los defensores del territorio afirmaron, que “el territorio nos pertenece porque fue comprado por nuestros antepasados en los años de 1701 a 1706 a quienes se les extendió el título, y que en certificación extendida por el departamento jurídico del INA en el año 2000, establece claramente que dicho título es de propiedad privada y pertenece a los vecinos del municipio”.

Oliva calificó como un acto delincuencial por parte del Estado y la empresa que pretende instalar el tendido eléctrico, porque los vecinos son legítimos dueños de las tierras donde pretenden instalar el cableado de alta tensión.

Doña Nolvia Pineda una señora de la tercera edad que padece varias enfermedades como diabetes e hipertensión, recordó como ese día fue víctima de los gases cuando los policías se introdujeron hasta las casas de las personas a lanzar gases lacrimógenos.

Ese día los vecinos de la Villa de San Francisco, “recibieron en su cara y cuerpo a menos de un metro de distancia descargas de polvos con gas pimienta en recipientes con alta presión aun cuando estaban tirados en el suelo y esposados a quienes les provocaron quemaduras, daños respiratorios”, por lo que exigen que con la misma contundencia que se ha enjuiciado a los defensores del ambiente se actué contra “los oficiales Soriano de los COBRAS y Joaquín Flores Maradiaga de la Policía Preventiva igual con la fiscal Cubas”.

El 29 de agosto fueron detenidos y acusados ante el Juzgado Penal de la ciudad de Talanga, Mario benigno Gonzales, Rodolfo Quezada Bengtson, Santos Julio Zúñiga, Juan Camilo Palma, José Jorge Aguilar, la joven Cristian Marisol Hernández y el menor de edad Maicol Aguilar Gonzáles.

Pineda lamentó que los policías gasearon a personas que no tenían nada que ver en la protesta porque algunos son convalecientes de enfermedades graves como el cáncer. 

Los ambientalistas responsabilizaron a los “órganos represivos del estado, la ENEE, Compañía Azucarera Tres Valles y a Janio Rolando Borjas, Alcalde Municipal de la Villa de San Francisco por los daños a la vida que cualquier miembro del movimiento en lucha pueda sufrir, en especial a quienes representan de frente al movimiento”.