Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- En una hora se conoció el presente y futuro judicial de las y los 19 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Un sobreseimiento definitivo

por el delito de privación ilegal de la libertad pero continúan con formal procesamiento con medidas distintas a la prisión por daños a la propiedad. Esto último, con un informe que declara que los supuestos daños ascienden a una  cantidad más 640 mil lempiras.

El pasado viernes, el juez que conoce la causa contra las y los defensores y defensoras de la educación superior pública, decidió continuar con el proceso en su contra sólo por el delito de daños agravados en perjuicio de la máxima casa de estudios. Un proceso que no retrocede con las acciones penales que amenaza al sector estudiantil este año.

Los y las estudiantes con proceso abierto son: Andy Johan Gómez, Nery Jeancarlos Gómez, Emmy Jiménez, Josep Emanuel Miranda, Jorge Elías Velásquez, Óscar René Barahona, Reveca Elvir, Marcio Noé Silva, Norberto Moisés Cardona, José Armando Velásquez, Juan Carlos Velásquez, José Manuel Gonzales, Nancy Paola Cruz García, Henry Orlando Rodríguez, Natalia Sánchez, Carlos Moisés López, Mario Miguel Valladares.

De los y las 19, Nancy Cruz, José Manuel Sánchez, Mario Miguel Valladares Guevara, Allan Moisés Alcerro Martínez, son estudiantes de la Escuela de Periodismo en la UNAH. Uno de ellos con excelencia académico y a otro se le canceló su beca de equidad que le permitía estudiar en Tegucigalpa, pues es originarios del departamento de Intibucá, al occidente de Honduras.

Otro de los imputados, era el periodista Ronnie Huete Salgado, quien daba cobertura de la protesta y fue capturado junto a los y las estudiantes, pero fue absuelto por ambos delitos, ya que se comprobó que realizaba su ejercicio profesional.

El equipo legal de las y los jóvenes (compuesto por Kenia Oliva, Mario Rojas, Carlo Jímenez, Fabricio Sandoval y Alejandro Mairena), anunció la presentación de un recurso de apelación a la decisión del juez al dejarles aún un delito, mismo que será presentado en los próximos días.

Para el Director Ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tábora, esta decisión judicial lo que pretende es generar una nueva condena contra el sector estudiantil que reclama sus derechos.

“Existe un impacto hacia las y los estudiantes porque existe un proceso penal abierto por delitos comunes, continua un control porque siguen sometidos y sometidas a medidas para no ir a prisión”, expuso Tábora.

En tanto Reveca Elvir, una de las sometidas a este proceso de criminalización, no le es extraño que continúen con un proceso abierto ya que recordó una de las frases dichas por el juez “sólo aplico lo que la justicia me dice”.

Aunque emocionalmente afecta el continuar con la criminalización a cuestas, Elvir siente que el auto de formal procesamiento para ella y sus compañeros y compañeras, es por enfrentarse “al sistema que impera en este país”.

Además de este proceso penal, las y los 19 defensores y defensoras de la educación pública, tienen una sanción administrativa, que implica la expulsión por  15 periodos académicos de la máxima casa de estudios (cerca de cinco años sin poder matricularse). Ante esto, sus abogados, preparan acciones legales que impidan tal acción, la segunda en los últimos tres años en la UNAH.