Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Una convocatoria a un plantón en la plazoleta ubicada frente al portón vehicular de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), era acechada por miembros
policiales y militares desde temprano. Y se consumó con una nueva represión este miércoles hacia el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU).
Este nuevo escenario de represión de la fuerza pública contra el estudiantado en protesta en la máxima casa de estudios, tuvo severas repercusiones en la huelga de hambre, que a sus 50 días fue desalojada, producto del impacto de gases lacrimógenos en la entrada peatonal de Ciudad Universitaria, dónde estaba instalada.
Las y los estudiantes que se encontraban dentro de los predios universitarios, denunciaron que además del gas lacrimógeno, los uniformados lanzaron agua con un componente que les generaba irritación en la piel, en referencia al líquido que lanzaba la tanqueta que refuerza la represión a la protesta pacífica.
La asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a través del Consejo de Derechos Humanos en el año 2012, estipuló su prohibición para todos los sujetos políticos y entes estatales la
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utilización abusiva, desproporcionada o excesiva de la fuerza contra los manifestantes. “Ello comprende la intervención de cuerpos militares, el uso de armas de fuego, el empleo de la violencia, y el uso de gases lacrimógenos o de sustancias tóxicas contra los manifestantes”.
El MEU convocó para las 11 de la mañana, a una protesta pacífica con flores, mientras que simultáneamente, en el Congreso Nacional (CN), era recibida una delegación del movimiento por la Comisión Dictaminadora nombrada el martes, para darle curso a una iniciativa ciudadana presentada el 19 de julio por la comunidad estudiantil.
Luego de opiniones dentro del Poder Legislativo, de abordar la iniciativa propuesta desde el MEU hasta después del proceso electoral de noviembre próximo, ante ayer se recibió en sesión legislativa el infomre del Registro Nacional de las Personas (RNP), en el que validan más de 4 mil firmas de las más de 13 mil, presentadas por el sector estudiantil.
La comisión dictaminadora está integrada por los diputados y diputadas Edwin Pavón (UD) –quien a su vez la preside-; Carmen Rivera (PN), Renán Inestroza (PN), Liberato Madrid (PAC), Edgardo Casaña (LIBRE), Audelia Rodríguez (VAMOS) y Maynor Vargas (PN).
Al ser recibidos, las y los estudiantes que representaban a Ciudad Universitaria y los centros regionales, plantearon sus tres demandas principales como ser la instalación de un Gobierno Universitario Provisional (GUP), la instalación de una Asamblea Constituyente Universitaria (ACU), así como las demandas históricas de una educación pública, laica y de calidad.
Sin embargo, mientras esta puerta se abre para una posible solución, desde las autoridades universitarias, con la fuerza policial y militar se reprime el ejercicio de la protesta pacífica del estudiantado, que suma más de 40 casos penales y tres estudiantes condenados por el delito de usurpación, en un proceso iniciado desde 2015.
