Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Mientras avanza el trámite luego de la admisión del recurso de inconstitucional contra el Articulo 335-B, presentado por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), existe una
ciudadanía que no está dispuesta a permitir la restricción de sus derechos, sostuvo su director ejecutivo de esta organización, Edy Tábora.
Esta reacción surge luego que la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibiera el pasado 28 de junio, el informe del Congreso Nacional (CN), referente a la discusión y aprobación de este artículo, el cual violenta el ejercicio de la libertad de expresión.
Anterior a este hecho, el 25 de junio, fue admitido un recurso de inconstitucionalidad presentado un mes anterior a esa fecha, por los abogados Kenia Oliva y Edy Tábora, Coordinadora del área legal y director ejecutivo de C-Libre, respectivamente.
El artículo en mención forma parte de un paquete de reformas penales en materia de Extorsión y combate al terrorismo aprobadas el pasado mes de febrero en el Congreso Nacional. En la sesión del 23 de febrero, el diputado y jefe de la bancada del Partido Nacional, Oscar Álvarez, introdujo la reforma al 335B, que limita el ejercicio de libertad de expresión de la ciudadanía hondureña.
A partir de su aprobación, inició un movimiento de rechazo hacia este artículo por parte gremios ligados a la comunicación social y organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país.
Al respecto, Tábora expuso que la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tiene en sus manos dejar un “mensaje importante” hacia aquellos parlamentarios y parlamentarias que aprueban normativas violatorias a la libertad de expresión.
Tabora detalló manda un mensaje claro que la ciudadanía está atenta para presentar acciones y con ello controlar los abusos que generan diputados al aprobar estas normativas.
“No solo es el que una iniciativa de ley pase por los procedimientos que corresponden, sino que estas sean acordes con el respeto a los derechos humanos”, amplió el profesional del derecho.
El recurso presentado por C-Libre y admitido por la Sala constitucional cuestiona la forma en que fue discutido y aprobado, el pasado 27 de febrero, este artículo en el Poder Legislativo, a iniciativa del diputado nacionalista.
Dentro del recurso se establece que hay una ilegalidad de este Congreso Nacional, por parte de los diputados y diputadas que aprobaron estas reformas, porque no se cumplieron los requisitos que estipula la ley y porque su contenido restringe derechos fundamentales, dijo el director ejecutivo de C-Libre.
Esta sala aceptó el pasado 05 de abril, un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Asociación Libertad y Democracia (ALD), a través de Edgardo Rodríguez, el cual fue admitido.
Sobre este recurso, la Fiscalía Especial de Defensa de la Constitución, el pasado 04 de mayo opinó que el contenido del artículo 335-B es inconstitucional, ya que afecta “estándares internacionales según la jurisprudencia de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), la libre expresión que ampara a la labor desarrollada por el gremio periodístico”.
En la admisión del recurso presentado por C-Libre, el 25 de mayo, Día de los y las periodistas en el país, ya la Sala de lo Constitucional solicitó la opinión respectiva a la Fiscalía de la Defensa de la Constitución, misma que tiene que ser presentada en seis días a partir de este viernes recién pasado; en la que se espera mantenga el principio de libertad de expresión.
