Washington, EE UU (Boletín de Prensa OAS). – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista y candidato
a diputado por el Partido Nacional, Víctor Fúnez, conocido como “El Masa”, ocurrido el 15 de junio en la ciudad de La Ceiba, en Honduras, e insta al Estado a investigar el crimen con la debida diligencia y establezca la posible relación con la actividad periodística.
De acuerdo a la información disponible, el periodista retornaba a su casa en la madrugada del 15 de junio cuando un desconocido que se transportaba en una motocicleta le disparó al menos dos veces causándole la muerte. Fúnez se desempeñaba como presentador del programa ‘Informe Nocturno’, en el Canal 45 de La Ceiba. Según el Ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, ya se habría conformado un grupo especial de investigadores a fin de determinar la causa y los responsables por el asesinato del periodista. El presunto autor material habría sido capturado por miembros de la policía nacional en el mismo día de los hechos.
Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado hondureño investigue de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes que afectan a toda la sociedad hondureña y esclarezca sus móviles, y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión. Las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato y/o agresión antes de que se complete la investigación.
Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido al efecto amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen para otros y otras profesionales de los medios de comunicación así como para los y las ciudadanas que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza. Este efecto amedrentador solamente podrá evitarse, según afirma la Comisión, «mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno».
La Relatoría Especial insiste en la necesidad de crear cuerpos y protocolos especiales de investigación, así como implementar los mecanismos de protección consagrados en la ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, aprobado en 2015 por el Congreso, destinados a garantizar la integridad de quienes se encuentran amenazados por el ejercicio de su actividad periodística.
Tras la visita in loco a Honduras realizada en diciembre de 2014, la CIDH reiteró que es imprescindible que el Estado de Honduras adelante, de manera urgente, investigaciones que conduzcan a esclarecer las muertes de periodistas y comunicadores, y a enjuiciar y condenar a las personas responsables de los mismos. El mantenimiento de la impunidad no sólo constituye una denegación de justicia para los familiares de las víctimas sino que envía un mensaje social de que la violencia contra estas personas es tolerada por el Estado.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: «el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada».
