Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Organizaciones de la Coalición Contra la Impunidad, instaron hoy al Congreso Nacional a investigar la conducta administrativa, de la Rectora de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH) Julieta Castellanos por las sistemáticas violaciones a derechos humanos ocurridas en la máxima casa de estudios.
“Consideramos que esta crisis es una generación sistemática de violaciones a los derechos humanos de los estudiantes y el Congreso Nacional debería estar pensando de acuerdo con la normativa llevar a la rectora por la crisis que mantiene a la UNAH, desde hace cuatro años”, dijo el Director Ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Edy Tabora.
De acuerdo con denuncias recibidas por C-Libre, 131 estudiantes universitarios criminalizados, algunos con juicios en los tribunales y otros con procesos internos que conllevan la violación de derechos humanos, el derecho a libertad de expresión, de libertad de reunión y asociación entre otros.
Los defensores expresaron su “preocupación e indignación” por el reciente fallo condenatorio en contra de los estudiantes criminalizados por las autoridades de la Universidad Moisés David Cáceres, Sergio Luis Ulloa y Cesario Padilla.
Según las organizaciones las autoridades universitarias utilizan la seguridad privada, como “uno de los instrumentos para generar vigilancia, intimidación, tortura sicológica y en general un clima de hostilidad y violencia en contra de la comunidad estudiantil”.
El delito de tortura considerada a nivel mundial, como una de las violaciones más graves a los derechos humanos y es calificado como un “delito de lesa humanidad”, que puede ser perseguido por la comunidad internacional, al amparo de la Corte Penal Internacional (CPI).
Los defensores y defensoras de derechos humanos, hicieron el llamado a los congresistas, en una conferencia de prensa por la crisis que atraviesa la universidad, convocada por la Coalición contra la Impunidad y la Articulación 611.
Consideramos que hay normativa suficiente, para deducir responsabilidades políticas a la rectora universitaria manifestó el defensor.
Las organizaciones de la Coalición recordaron que en julio del año 2015 presentaron una denuncia de investigación contra los agentes de la ATIC, contra el director y contra los fiscales que ordenaron la infiltración de las organizaciones del movimiento estudiantil, “porque no tiene funciones de investigar delitos de usurpación, sólo facultades para investigar delitos de criminalidad organizada y corrupción, lo otro que se ha dado en la Universidad” enumeró Tabora.
“Creemos que hay los elementos necesarios para que se inicien investigaciones para distintos funcionarios incluyendo la rectoría, creemos que esta crisis, ya de cuatro años, no ha sido enfrentada con el enfoque necesario para resolver el conflicto por las autoridades de la Universidad” detallaron las organizaciones.
Hay denuncias desde varios años de la actuación de funcionarios y funcionarias relacionadas con la crisis universitaria.
Creo que es el momento que las autoridades de este país asuman la responsabilidad y no digan que quien criminaliza es responsabilidad y no digan que quien criminaliza es el poder judicial o la fiscalía es responsabilidad de todas las instituciones porque todas son Estado, dijo Tabora en conferencia de prensa.
Según Edy Tábora, el Estado debe cumplir con lo que dice el artículo 59 de la Constitución de la República, “la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado”.
