Por: Miriam Grizel Elvir
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Un total de dos años han transcurridos desde que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH),
acusara del delito de usurpación de los predios universitarios a tres estudiantes de la facultad de ciencias humanísticas, quienes deberán comparecer ante el Tribunal de Justicia los días 24 y 26 de mayo del presente año.
El proceso judicial en contra del periodista Cesario Padilla, el trabajador social Sergio Ulloa y el sociólogo Moisés Cáceres, implico desde sus inicios una serie de medidas sustitutivas a la prisión, entre estas la de firmar cada viernes el libro de registro de imputado en los Tribunales de Justicia y el no salir del país.
Este ha sido el escenario jurídico para tres jóvenes profesionales, que en el año 2014, en su condición de estudiantes de la UNAH, participaron en acciones de protesta en rechazo a la aprobación de nuevas normas académicas aprobadas sin previa consulta por parte de las autoridades universitarias.
Dichas acciones propiciaron un escenario de lucha estudiantil que conllevo a un proceso de expulsión de 16 estudiantes: seis de ciudad universitaria y 10 de UNAH-Valle de Sula.
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| Los tres egresados de la UNAH que continúan criminalizados. Foto: Diario La Prensa. |
En consecuencia en el año 2015, inicio la judicialización en contra de tres de los seis jóvenes expulsados por la Rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, quien acusó a Padilla, Ulloa y Cáceres de “usurpación” de los predios universitarios.
Actualmente y dos años después de haberse iniciado el proceso judicial en contra de los entonces estudiantes, se continúa con la persecución y estigma hacia los jóvenes profesionales, que esperan poder asistir a sus actos de graduación, en el mes de septiembre.
Bajo este contexto criminalizador y de persecución jurídica, los jóvenes enfrentaran un juicio oral y público cuyo objetivo primordial consistirá en probar que efectivamente los acusados participaron en acciones de manifestación en el marco de jornadas de protestas estudiantiles.
Cabe resaltar que el proceso judicial se ha basado en pruebas testimoniales de empleados universitarios que aseguran pudieron identificar a los tres jóvenes, en medio de multitudinarias protestas de estudiantes con los rostros cubiertos para evitar acciones represarías por parte de las autoridades de la UNAH.
Es importante señalar que en cumplimiento del acuerdo de homologación firmado por las autoridades universitarias y la comunidad estudiantil el 20 de julio de 2016, en donde se establece que la UNAH se comprometo a extinguir la acción penal contra todos los casos de criminalización contra estudiantes.
Según la abogada Kenia Oliva coordinadora del Área Legal del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), manifestó que para esta audiencia se espera que la UNAH cumpla con su compromiso de no formalizar los cargos contra los tres estudiantes. “Lamentablemente el proceso continua y en este caso específico el Ministerio Publico continuara con las acusaciones, es por eso que se hace un llamado a UNAH a que no presente a sus testigos (que son empleados universitarios) para poder finiquitar con este procedimiento jurídico”.
Por su parte el periodista Cesario Padilla dijo que “la intolerancia por parte de las autoridades universitarias, detono en una campaña de odio sistemática en contra de defensores de la educación superior, desgraciadamente esta situación afecta directamente la calidad de vida”.
Únicamente estos tres casos de criminalización contra estudiantes universitarios, continúan vigentes de que sean sobreseídos o condenados por la justicia hondureña.
