Las ZEDES han recrudecido el conflicto por tierras en Amapala

• Las playas de Amapala están siendo privatizadas.

• Los afectados denuncian que hay supuestos registros irregulares, testigos falsos y sobrevaloración de la cantidad de manzanas en el Instituto de la Propiedad, las evidencias están en los juzgados penales.
• Hay denuncias de que los campesinos que tienen títulos de propiedad terminaron vendiendo sus terrenos a diputados y a otros particulares.
• Las ZEDES han profundizado el conflicto de tierras.

Amapala, Valle (Conexihon). Un cayuco con sus remos reposa en litoral Pacífico como si estuviera pintado a la par de la puesta del sol reflejada en el mar apacible. Los manglares se han convertido en sombra por las últimas luces del día. Si estuviera un pescador, su silueta se vería en el retrato cristalino.

Más adelante, hay un sendero con cantos de grillos, ranas croando, árboles que parecen descomunales, con raíces aéreas del tronco hasta al suelo. Son las primeras señales de llegada a la  península de Zacate Grande.

Esta noche parece la más estrellada de todas. El agua del pacífico brilla como si hubiese miles de luces que se encienden y se apagan. En las noches, se puede jugar a recoger agua para tocar las estrellas en el mar, platican los pobladores.

Las piedras son negras y la sensación salobre en el aire se siente al respirar. Es un paisaje que sirve de refugio de vida silvestre.

Por eso, la Corporación Dinant, del extinto empresario Miguel Facussé, tiene un Centro de Conservación de Vida Silvestre en la zona.

Antes de su muerte, Facussé tuvo denuncias por parte de la Asociación para el desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA).

Según Felipe Santiago Corrales, con más de siete décadas de vivir en la zona. La isla está en poder de los Nasser, Cassís, es un nudito de empresarios con buenas relaciones con el gobierno.

En el tiempo que yo me puse acá (Habité) en el 75 no había esas leyes de ahora. Fuimos nacidos y crecidos en Zacate Grande y ahora es que todos somos invasores, mi papá tenía una denuncia, mandaron a quemar los libros en la alcaldía, los documentos viejos, nos dijeron que mandaron a quemar los derechos de la gente vieja.

Acá la historia es que Zacate Grande se la regalaron a Miguel Facussé y nos hizo propaganda de invasores en los 60, «oiga bien que mi abuelo y los padres de mi abuelo ya vivían acá y él dio títulos para hacer creer que era de él».

Pero además, en los últimos días, el anuncio de instalar en esta zona una Ciudad Modelo, ha profundizado el conflicto por la tierra. (Ver Ley Orgánica de las ZEDES aquí).

Un drama a la orilla del mar

Por la mañana, se aprecia mejor la exuberancia de la península.  A la orilla de la playa en medio de raíces que se han extendido por todo el suelo y que se confunden con acacias frondosas, con piedras y conchas marinas, hay una casa de madera, rodeada de árboles. Es la casa de Santos Tomás Cruz.

En el patio hay vestigios de la pesca, redes tiradas, canoas con oxido, madera húmeda, Cruz lleva tierra en las uñas y conoce muy bien los secretos del mar, desde el año 79 vive en esta tierra que su tía le regaló y su mamá habitó esta zona desde antes de esa fecha, contó.

Pero de un día para otro, la tranquilidad de tener una “casita” a la orilla de la playa cambió abruptamente para él, relató sentado en una piedra, con el rumor de las olas de fondo. Padece de diabetes, problemas de hipertensión y hace unos días le quiso dar un derrame, lamentó.

Mire esto ha sido largo de contar y muy serio para nosotros es un hostigamiento que hemos tenido por parte de dos terratenientes Heriberto Cruz y Jorge Casís.

«Desde que esta gente llegó nunca han tratado de llevarse bien con la comunidad sino que a la brava (fuerza) todo».

Santos Tomás Cruz, uno de los tres campesinos criminalizados por Jorge Casís Leiva.

«Casís dice que todas estas islas son de él». Hace dos años vino el Instituto Nacional Agrario (INA) «y ahora estamos en la lucha a través de la Asociación para el desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA)», señaló.

Hace dos años, junto a Abel Pérez y Santos Hernández, Cruz fue acusado por el aparato penal hondureño por el delito de usurpación.

El sistema judicial hondureño tiene como norma privilegiar la propiedad privada de los terratenientes, que dicen ser dueños de la tierra con documentos del Instituto de la Propiedad, que en algunos casos resultaron ser fraudulentos.  

La justicia se debate entre los campesinos que luchan por tener acceso a la tierra y empresarios que sienten inseguridad jurídica y desamparo por la falta de eficacia del sistema judicial.

En los últimos años, se ha profundizado el modelo de propiedad neoliberal, por encima de la titulación colectiva que favorece el espíritu comunitario.

El sistema de justicia penal enfoca su mirada en la violencia delictiva, dejando de lado la violencia estructural que ocasiona la disputa por tierra en un país con 112,492 kilómetros cuadrados para ocho millones de habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística, pero con un contraste de latifundios y minifundios.

Zacate Grande aparece como un punto minúsculo en la costa pacífica hondureña, con conflictos grandes por la tierra, como la criminalización, las denuncias de supuestos documentos fraudulentos, amenazas a muerte y el cierre del primer medio comunitario en el país después del golpe de Estado de 2009, radio la Voz de Zacate Grande.

Cruz percibe que las autoridades del Instituto de la Propiedad aparentemente están declarando más terrenos de los que le corresponden a los terratenientes, además, en los juzgados hay testigos falsos que pueden llegar a costar unos mil lempiras. Además, la policía y los militares de la zona siempre están a favor de los terratenientes, exclamó.

El caso más reciente de “criminalización”, dice ADEPZA, o de “juicio por usurpación”, dicen el Estado y los empresarios, es por la disputa de un terreno.

Cassís cercó un terreno que considera suyo, mientras la comunidad asegura que es un camino real hace más de tres décadas. Cuando el cerco fue botado por los pobladores, la Fiscalía acusó criminalmente a Cruz, Pérez y a Hernández. 

«Mire a mí me llevan porque voy a otra comunidad, veo a un cipote que va corriendo y dice que llevan a Santos, entonces yo me apresuré a ayudarle a un compañero, veo que lo están sacando a pechadas y el niño de él de 3 o 4 años llorando. Y le digo a unos policías, ¿¡disculpe! cuál es delito que tiene él?.

¿Y vos qué?, me dice. Lo echaron (subieron) y entonces cuando miré que lo llevaban me pegué detrás, cuando vamos en el carro se sientan en la paila del carro y me siento en medio. Y me dicen: ¿por qué te sentás, ¡ah perro!?, ¡ándate! (vete). Entonces, me levanté de la paila, iba para donde estaba el compañero y tropecé con uno de ellos: ¿Y vos que crees perro?, me dicen. Y me pusieron las chachas (aros de presión).

«Eso era lo que querías, me dicen», relató.

Según Cruz, la policía los trató de usurpadores y les dijo que no tenían derecho.

Hernández, Cruz y Pérez son acusados por hacer uso de un espacio que según la costumbre local es público, usado para actividades comunitarias, los habitantes lo conocen como «un camino de más de 40 años». Los abogados del caso hablan de un terreno que tiene colindancia con el Golfo de Fonseca a más de 50 metros de distancia del mar.

El terreno en disputa se ubica en la Aldea Playa Blanca, en la Península de Zacate Grande, en el municipio de Amapala, departamento de Valle.

Los pobladores de ADEPZA cuentan que este lugar siempre sirvió como camino y el señor Cassís Leiva cercó este espacio porque ante la población, Cassís sostiene que es dueño de toda la aldea Playa Blanca, indicó el representante de ADEPZA, Pedro Canales Torres.

El 27 de marzo pasado inició juicio Oral y Público contra los campesinos. En la Semana Santa de 2015, hicieron un parqueo provisional para los turistas que llegaron a Playa Blanca.

Un comunicado de ADEPZA del 27 de marzo, manifiesta: «Abel y Santos, guardaron prisión durante tres meses el año pasado, ya que por falta de recursos económicos no pudieron cumplir con la medida preventiva de ir a firmar cada quince días, a la Isla del Tigre, Amapala, desde hace décadas, los terratenientes de esta zona se han ensañado contra las y los campesino de las distintas comunidades que defienden su territorio y esta ha sido uno de los casos en los que se evidencia aún más la injusticia que existe en nuestro país».

Derechos controvertidos

A juicio del apoderado legal de Cassis, el abogado Ismael Gonzáles, en Amapala hay crisis por violación a la propiedad privada de los empresarios.

Este no es un problema con la población porque los empresarios son amigos de los pobladores, apuntó.

Ismael Gonzáles, apoderado legal de Jorge Casís Leiva.

«A mi representado su padre le dejó propiedades y luego un grupo de personas usurparon sus terrenos, este es un caso originalmente de usurpación, pero se amplió a daños y amenazas a muerte», indicó.

Gonzáles uso un lenguaje estigmatizante para campesinos y para defensores de derechos humanos.

«Lo de la aldea más bien mi representado les ha dado trabajo e incluso las personas que están acusadas, han trabajado con mis representados, pero han agarrado áreas que no les pertenecen».

Señaló que su cliente está en tratamiento en Estados Unidos y al retornar, el siguiente paso será otorgar a algunas personas lotes que ya tienen hace algunos años, aseguró.

Playas privadas

Según el entrevistado, al quedar sin playas, porque han sido cerradas, al ser propiedad privada, estas personas empezaron a chapear para hacer un parqueo de vehículos en Playa Blanca y cuando su cliente empezó a construir le derribaron sus bienes, lamentó.

El acceso a las playas es privado, cualquier persona puede navegar en la playa, pero puede llegar a la playa sólo si les dan permiso, explicó.

Según el procurador privado, el INA ha otorgado títulos de propiedad a campesinos que se los han

Terreno utilizado por la comunidad de Playa Blanca para estacionamiento, razón que desencadenó el proceso penal contra tres de ellos.

comprado a los terratenientes y ahora los campesinos se los están vendiendo hasta a diputados que están comprando terrenos, también a particulares y esa no es la finalidad del INA al dar un título de propiedad, a un campesino.

“Los ‘ricos y famosos’ le han comprado a campesinos y algunos han comprado hasta tres veces porque aparecen varios dueños», expresó. El INA debería dar asistencia técnica y seguimiento a los campesinos, dijo.

Hay personas que han hipotecado sus bienes para comprar una playa y después si viene otra persona a decir que ese lugar es de otra persona, es un problema, consideró.

Los derechos humanos deben enfocarse en la paz, la moralidad, las buenas costumbres, consideró.

El informe Criminalización de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala que «hecho que la labor  de  las  y  los  defensores  no  esté  debidamente  valorada  y  reconocida por parte de las autoridades y de la sociedad en general representa uno de los principales desafíos para la defensa de los derechos humanos».

La abogada Denia Castillo, de Caritas Choluteca, pidió el 1 de septiembre de 2016 que se revocara la prisión preventiva contra los imputados.

Los pobladores son nativos de la zona, sus antepasados tienen más de cien años de vivir en la zona, ahí tienen sus cementerios, sus padres, sus abuelos crecieron en la zona y los terratenientes ahora están enfrentados con la tercera generación de habitantes, indicó.

Terratenientes cuentas con escrituras que se deben analizar

Todas estas personas acusadas son de ADEPZA, organizados para defender su derecho a la tierra de terratenientes que tienen escrituras públicas que aparentemente tienen escrituras públicas que habría que estudiarlos detalladamente.

Señaló que esto se ha desarrollado por la ley ZEDES que autoriza a los terratenientes para vender

Abogada Denia Castillo, apoderada legal de los campesinos criminalizados.

predios y esto ha agudizado la situación, con la documentación que tienen quieren desterrar a los campesinos

Las escrituras en su mayoría tienen vicios de nulidad que deben ser objetos de juicios por la forma en que han pretendido legalizar las tierras de la zona.

El título supletorio tiene una gran cantidad de nulidades y es debatible en juicio. El título supletorio se otorga cuando una persona tiene más de 10 años de vivir en un lugar, el título dice que se extiende sin perjuicio de un tercero, explicó Castillo.

Este título de donde se origina, al escritura de Casis es de 4 manzanas y él inscribió 160 manzanas, explicó.

Un equipo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), revisó el título supletorio en el Instituto de la Propiedad de Nacaome Valle y encontró que el terreno en disputa aparece a nombre de José María Tomé R., otorgado en el Juzgado de Letras Seccional de Amapala, el 18 de enero de 1966.

«Vista la solicitud que con fecha 15 de noviembre de 1965 presentó en este Juzgado de Letras Seccional el ciudadano José María Tomé». De acuerdo con el libro del IP,  se presentó información de testigo y en aquel momento el señor Tomé arguyó que tenía más de 10 años de habitar en estos terrenos.