Por: Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH)
Sambo Creek, febrero 22 de 2017.- En medio de un incremento de la violencia y el colapso total de la policía nacional;
el Congreso Nacional bajo resguardo militar aprobó el día de ayer parte del paquete de controvertidas reformas penales, y terminará hoy con lo que para muchos no es más que un golpe jurídico del poder Ejecutivo, con el cual culmina el proceso desmantelamiento del estado de derecho, iniciado en junio de 2009.
Mientras el estado aduce que las reformas penales son un imperativo para poder frenar la violencia, casualmente circula la notica del incremente de 44% de las masacres en el presente año, al mismo tiempo que la tardía depuración de la policía nacional, la que durante más de una década se convirtió en una caterva de criminales.
La dictadura civil que surgió después del 2009, avalada por las cuestionadas elecciones del 2009 y 2013, en las que fue obvio el fraude y compra de votos, además del golpe contra el poder judicial a finales del 2012, culminaron con la apropiación de todas las instancias de poder, para así poder perpetuar la dictadura instalada
A pesar que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) , La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) , manifestaron su preocupación por el retroceso que representan las reformas penales para el respeto hacia los derechos humanos de los hondureños, el Estado permanece incólume a las críticas.
Mientras la propaganda gubernamental insiste que las reformas “sirven como disuasivo para evitar actos criminales” , los partidos de oposición y la población en general tememos la criminalización de la protestas social y el blindaje de las fuerzas represoras a través de una cuestionable inmunidad.
El nuevo artículo 335-A nos conlleva a pensar que su interpretación a manos de los politizados operadores de justicia, más que dirigirlo contra el crimen organizado -el que se encuentra insertado dentro del estado- será destinado a perseguir y criminalizar aquellos que nos oponemos a la subasta del territorio nacional y los bienes comunes de la naturaleza
La república mafiosa que se ha instaurado en Honduras y la necropolítica como una estrategia de la élite de poder, incrementan la vulnerabilidad de la población, la que se encuentra totalmente indefensa. Buena parte del territorio nacional se encuentra en manos del crimen organizado, asociado con algunos Alcaldes y las fuerzas de seguridad. La problemática existente va más allá de reformas penales, ya que la putrefacción está enraizada en los partidos políticos que han controlado el país y perpetúan el feudalismo.
Para el pueblo Garífuna, las aberraciones jurídicas perpetuadas por la actual administración, son una amenaza para nuestra sobrevivencia cultural. El sinnúmero de leyes inconsultas que afectan a los pueblos indígenas en Honduras forma parte de la ofensiva en el partido en el poder para impulsar una dictadura en pelo siglo XXI. Las reformas al código penal, tarde que temprano serán para reprimir a nuestro pueblos, especialmente con el tema de las ZEDE, las que están impulsando nuestra expulsión.
