Tegucigalpa (Conexihon).-    Un grupo de defensoras y defensores de los derechos humanos europeos, pidieron hoy al Estado de Honduras, detener “parar la constante difamación y criminalización por parte de

instituciones y funcionarios del Estado contra el movimiento social y pueblos originarios”.

Un informe preliminar presentado hoy en Tegucigalpa cuestionó además la cooperación internacional, de los gobiernos europeos y solicitó una política coherente con el respeto a los Derechos Humanos por parte de la Unión Europea.

A continuación reproducimos el comunicado emitido hoy en Conferencia de Prensa.

Informe preliminar de la Red Solidaria Europea de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos: Honduras Delegation 2016 Del 21 de noviembre al 8 de diciembre se realizó una delegación de la Red solidaria independiente europea “HondurasDelegation”.

La Red se formó un año después del golpe de Estado de 2009. La 5º misión de la HondurasDelegation se ha enfocado especialmente en los impactos de la economía neoliberal global hacia las comunidades indígenas y movimientos sociales.

El objetivo de este informe es difundir la situación de los Derechos Humanos de Honduras  en diferentes medios de comunicación y presentarlo ante el Parlamento Europeo y otros organismos nacionales e internacionales. Visitamos en la zona central y norte del país alrededor de 18  diferentes organizaciones, como por ejemplo Casa Alianza, Asociación ARCOIRIS, COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras), para conocer la coyuntura políticosocial actual y los desafíos que enfrentan. En el transcurso del viaje nos reunimos en el departamento de Colón con comunidades Garífunas organizadas en OFRANEH, comunidades Tolupanes del departamento de Yoro coordinadas con MADJ (Movimiento Amplio Dignidad y Justicia) y comunidades Lencas de la organización COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras), en el departamento de Intibucá. En nuestra visita hemos identificado dos constantes que afectan a la mayor parte de las organizaciones que visitamos y que traen como consecuencia la reducción de espacios para los actores de articulación políticosocial.

Impactos locales de la economía neoliberal global a través de inversiones de capital multinacional. Los casos mas emblemáticos que enfrentan las comunidades visitadas en la Bahía Trujillo,  son las inversiones turístico-residenciales (mayoría de capital Canadiense), la instalación de una refinería de petroleo en territorios Garífunas y la implementación de ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico), mejor conocidas como “ciudades modelo”.

El impacto directo que  causan estos proyectos es la usurpación de las tierras comunales del pueblo Garífuna, que significa el desalojo forzado y la desaparición de sus comunidades. En el departamento de Yoro, las comunidades Tolupanes de la tribu de San Francisco de Locomapa sufren las consecuencias de la explotación ilegal de sus bosques por empresas madereras  y la extracción clandestina de yacimientos de Antimonio por empresarios mineros. Por el hecho de oponerse a estas prácticas 17 indígenas tolupanes han sido asesinados.

La construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca por la empresa DESA (Desarrollo Energéticos s.a.) eliminaría las tierras fértiles y restringiría el acceso al río amenazando la supervivencia  de las comunidades  de Rio Blanco. El proyecto está financiado por el FMO (Banco holandés de desarrollo), la Institución financiera finlandesa FINNFUND y el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica). Voith-Hydro, la empresa alemana cuyo mayor accionista es Siemens, entregará las turbinas al proyecto. La imposición de Agua Zarca sin una consulta previa, libre e informada, ha roto el tejido social de las comunidades, incrementando los niveles de violencia por parte de policía, militares, seguridad privada y sicarios. Las comunidades afectadas que se oponen al proyecto han sufrido  persecución, intentos de asesinato, amenazas de muerte contra los defensoras y sus familias. Varios Lencas como el líder indígena Tomas García (2013) y la coordinadora de COPINH Berta Cáceres (2016) fueron asesinadas. La mayoría de estos actos han quedado impunes.

Difamación sistemática y criminalización de periodistas y defensoras de Derechos Humanos. Representantes de las organizaciones visitadas nos revelaron la constante intimidación y criminalización por su trabajo. Por tal razón corren graves riesgos que afectan a su vida diaria por su desempeño público en la defensa de los Derechos Humanos. Muchos de ellos se ven obligados a vivir escondidos, cambiar de residencia periódicamente, alternar las rutas de desplazamiento cotidianas debido a secuestros, robos selectivos a sus oficinas, atentados directos y torturas. Se genera un ambiente hostil y miedo a expresarse libremente en público. Diferentes medios de comunicación y declaraciones de funcionarios del gobierno han sido participes de campañas de difamación contra organizaciones e individuos.

Tomamos testimonio de la criminalización contra comunidades Indígenas y Garifunas que participan en procesos de recuperación y defensa de su territorio ancestral. Durante el recorrido hemos contemplado una sociedad civil organizada, comprometida con la población vulnerable en la lucha y en la construcción por una sociedad justa, democrática, abierta y transparente. Compartimos su perspectiva de una sociedad plural inclusiva donde todos los actores de la sociedad civil actúen y se expresen libremente; una sociedad libre de violencia que convive en interculturalidad, que cultiva el diálogo, espacios creativos y abiertos.

Por ese motivo exigimos al Estado Hondureño:

La plena aplicación del Convenio 169 de la OIT que honduras ratificó en 1995, tomando en cuenta las propuestas de las comunidades indígenas respecto a sureconocimiento sobre los títulos ancestrales y el respeto incondicional a la autonomía que conduce a una economía sustentable, desde la cosmovisión y propio concepto de desarrollo de las comunidades indígenas y Garífunas.

Parar la constante difamación y criminalización por parte de instituciones y funcionarios del Estado contra el movimiento social y pueblos originarios por el motivo de defender sus derechos. Cese inminente de la persecución contra las comunidades organizadas que buscan a través de acciones de recuperación territorial, garantizar su existencia.

Cumplimiento pleno de las medidas de protección otorgadas por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para defensoras y defensores de Derechos Humanos en consenso y según las necesidades específicas de las personas a quienes se les otorgaron las medidas.

Hacer cumplir la reciente Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas,  Comunicadoras Sociales y Operadores de Justicia (2015).

No aprobar el Artículo 20 del nuevo Código Penal, a través del cual se crea la figura del delito de “usurpación de aguas”, que considera a comunidades y personas defensoras de los ríos como criminales. 

Permitir e instaurar una comisión internacional independiente que investigue el asesinato de Berta Cáceres con el fin de encontrar y castigar los responsables intelectuales del asesinato. Además exigimos a los organismos internacionales:

Detener las inversiones extranjeras que causan violaciones de Derechos Humanos, destruyen el medio ambiente  e ignoran convenios internacionales.

Cuestionar la cooperación internacional en favor de una política coherente con el respeto a los Derechos Humanos por parte de la Unión Europea.

No financiar instituciones del Estado hondureño que tienen un largo antecedente de negligencia e impunidad. Como por ejemplo el programa “EUROJUSTICIA” de la Unión Europea, el cual otorga grandes cantidades de dinero a un sistema de justicia altamente contovertido.

Crear espacios y fomentar diálogos ínter-institucionales en todo el país, entre sectores gubernamentales y la sociedad civil hondureña.

Agradecemos profundamente a todas las organizaciones y comunidades que nos han recibido y acogido en nuestro recorrido. HondurasDelegation Tegucigalpa (Honduras) 9 de diciembre 2016.