Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Con el objetivo de vigilar el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales en materia ambiental, la participación y la consulta ciudadana de los proyectos públicos y privados de la región Sur, el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA) dio a conocer los primeros resultados de la “Herramienta de Vigilancia Ciudadana”.

La acción se desarrolló en el marco del Programa de Derechos Humanos y Auditoría Social (FHDAS), realizado con el apoyo de la Cooperación Suiza para el Desarrollo de Honduras y Facilitado por el Foro Social de la Deuda Externa y el Desarrollo de Honduras (FOSDEH).

La herramienta considera ocho temas de vigilancia, mediante 75 preguntas o indicadores que orientan al equipo de observadores liderado por dos personas de las comunidades que participan activamente en MASSVIDA.

Entre las comunidades donde se realizó las primeras observaciones se encuentran Pespire, Linaca, El Corpus, Los Prados, Rancherías, Costa Azul, Choluteca, Ojo de Agua, El Triunfo, Orocuina, El Transito y Marcovia.

“Me siento contento de que las empresas y autoridades sepan que en la región Sur hay un movimiento para dar respuesta a las violaciones de los derechos humanos”, comentó uno de los responsables de la observación.

Con este instrumento el Movimiento Ambientalista busca además generar un debate interno sobre las políticas públicas para el desarrollo en la comunidad por la defensa del derecho al desarrollo, destacado en la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 41-128 del 4 de diciembre de 1986.

Para el FOSDEH, “la aplicación de la herramienta de vigilancia social parte de la aplicación de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos adoptados por el Consejo de Derechos Humanos, que eleva los estándares que las empresas deben contribuir al desarrollo de los pueblos”.


Los hallazgos

En el resumen de los resultados de la vigilancia se muestra más frecuentemente aspectos de alarma, es decir, en rojo para las comunidades donde se presentan conflictos con empresas mineras y fotovoltaicas.

Las comunidades participantes valoran de acuerdo con estas categorías la percepción del riesgo: verde cuando no ha ocurrido o no se percibe el riesgo; amarillo, en alerta preventiva, si está ocurriendo o pasó recientemente y rojo si se trata de un peligro inminente y hay que actuar de forma inmediata.

Entre los aspectos a destacar como alarmantes se encuentran la participación ciudadana, el acceso a la información pública y la criminalización de los defensores de derechos humanos.

Siendo las comunidades “en rojo” como símbolo de máxima atención El Corpus, Los Prados, Rancherías, Costa Azul y Choluteca.

Además la herramienta valora también otros indicadores como la integración del tejido social, la consulta ciudadana y el consentimiento del proyecto, la comunicación entre las comunidades, las empresas y las instituciones públicas, aspectos psicosociales, la consolidación de los bloques de poder, los cambios en el entorno y la percepción del ejercicio de la soberanía.

Entre los asistentes se encontraban organizaciones no gubernamentales, empresarios, periodistas y representantes del gobierno central y municipalidades.

 


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