Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La crisis política generada tras las elecciones presidenciales del 28 de noviembre de 2017 ha aumentado el riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo en el país, así lo indica en su informe la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual.

A continuación compartimos de forma íntegra el capítulo destinado a  Honduras:

La Relatoría Especial ha recibido con alarma información sobre la declaratoria de un estado de excepción, ataques y amenazas a medios de comunicación, así como asesinatos y lesiones de manifestantes como consecuencia del uso ilegal y excesivo de la fuerza policial. También han registrado detenciones masivas de manifestantes, algunos de los imputados de terrorismo.

Con anterioridad al periodo de electoral, la Relatoría ya había expresado su preocupación por la aprobación de una serie de reformas al Código Penal de Honduras, que incluyen disposiciones han sido contrarias a estándares internacionales y que pueden restringir ilegítimamente el derecho a la libertad de expresión en el país. Asimismo, la Relatoría Especial ya había recibido denuncias sobre restricciones ilegítimas y uso del derecho penal para criminalizar protestas estudiantiles, así como uso excesivo de la fuerza para dispersar estas protestas.

A. Asesinatos

Honduras continúa siendo unos de los países más peligrosos en la región para ejercer el periodismo. De acuerdo a la información recibida, durante 2017 se registraron cinco asesinatos de comunicadores y 15 incidentes, algunos de ellos muy graves, de atentados, agresiones y amenazas. La falta de investigación de estos hechos y el esclarecimiento de su relación con el periodismo continúan generando un clima de miedo y autocensura entre periodistas y sus comunidades.

El 17 de enero el periodista Igor Abisaí Padilla Chávez, quien trabajaba para el canal HCH, fue asesinado en la Ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés mientras se encontraba grabando un anuncio de televisión, en el interior de un local comercial. Padilla era el productor de un programa humorístico denominado `Los Verduleros´ que se emitía los fines de semana por HCH.

De acuerdo con la información conocida, el periodista habría recibido una llamada telefónica, razón por la cual salió a la calle, en donde fue atacado por cuatro individuos que descendieron de dos automóviles y le dispararon en múltiples ocasiones dejándolo malherido. Aunque fue trasladado a un hospital no alcanzó a recibir atención médica. El día 18, las autoridades habrían informado de la captura de 17 individuos, presuntos miembros de la pandilla “Mara 18”, quienes serían los responsables de los hechos. El día 19 se informó de la captura de Martha Yolanda Ortez, quien habría realizado la llamada telefónica que sirvió para emboscar al comunicador.

El 15 de junio fue asesinado Víctor Yobani Fúnez Solís, conductor del programa ‘Informe Nocturno’ que se transmitía por el Canal 45, luego de que un individuo le disparara en tres ocasiones en una vía pública cerca de su domicilio ubicado en el barrio La Gloria, en la ciudad de La Ceiba. El ataque fue captado por una cámara de video, pero debido a que el agresor utilizaba un casco de motociclista no puedo ser identificado.

Fúnez Solís habría recibido amenazas anteriormente a raíz del contenido de su programa periodístico. Además de su labor periodística, Fúnez era candidato a diputado por el Partido Nacional y, de acuerdo con la información conocida, habría sido el candidato más votado en las elecciones primarias del departamento de Atlántida. El mismo día del homicidio, la Policía Nacional anunció la captura de Edwin Reniery Suazo Cruz, a quien se señaló como presunto responsable del homicidio y se hizo circular un video en el cual éste confesaría ser el autor material del crimen, aunque posteriormente acusaría a la Policía de haberle torturado para obligarle a declararse culpable. Al cierre del presente informe, Suazo Cruz es la única persona detenida en torno a la investigación y ha sido ya vinculado a proceso.

El 13 de septiembre fue asesinado el comunicador Carlos William Flores quien se desempeñaba como director del programa 'Sin pelos en la lengua', transmitido en el Canal 22 de la comunidad de Tegucigalpita.

El canal es propiedad de la Asociación de Cableros de Omoa (ACO) y, de acuerdo con la información conocida, Flores pagaba por el espacio de su emisión y habría hecho críticas a la industria extractiva en la región de Cuyamelito, Cuyamel y Rio Motagua. Los hechos habrían ocurrido en el municipio de Omoa, departamento de Cortés, cuando Flores regresaba de la zona de Corinto, limítrofe con Guatemala, y habría sido atacado por individuos a bordo de un automóvil quienes le dispararon en varias ocasiones hiriéndole a él y a una acompañante. Las autoridades no han informado de ningún avance en relación con la investigación.

El 5 de octubre el comunicador Osmin Antonio España Chávez falleció en un hospital de San Pedro Sula a donde fue trasladado luego de sufrir, el día anterior, un ataque con arma de fuego en la comunidad de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán. España conducía el programa televisivo ‘El show del Príncipe’, transmitido a través del Canal 80, y desde allí habría ejercido un periodismo crítico. De acuerdo con la información conocida, en el atentado habrían participado cuatro individuos y uno de ellos habría sido detenido. Al cierre del presente informe las autoridades no han dado a conocer avances en torno a la investigación del caso.

El 23 de octubre fue asesinado Carlos Oveniel Lara Domínguez, quien se desempeñaba como camarógrafo del Canal 12 Telemaya en la localidad La Entrada, del municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán. De acuerdo con la información recabada, Lara Domínguez salía de su domicilio, ubicado en el barrio El Dorado, cuando habría sido interceptado por desconocidos quienes le dispararon en tres ocasiones luego de un aparente intento de asalto. Al cierre del presente informe, las autoridades no han informado de ningún avance en la investigación de los hechos. El comunicador habría denunciado anteriormente amenazas contra su vida ante las autoridades hondureñas, se acuerdo con algunas versiones periodísticas.

Periodistas asesinados en 2017 en Honduras.

En este sentido, el Estado ha informado a la CIDH que el Ministerio Pública ha registrado a 3 asesinatos de comunicadores sociales durante 2017, los cuales estarían ya judicializados.

Frente a estos hechos, el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, que entró en operación en diciembre de 2016, esta llamado a adoptar todas las medidas necesarias para generar confianza entre los periodistas y prevenir los ataques. El aumento del presupuesto y la cooperación internacional anunciada en 2017 son pasos positivos hacía esa dirección1099.

Con respecto a la violencia contra periodistas y otras personas en razón del ejercicio de la libertad de expresión, la Relatoría Especial ha destacado, con base en la doctrina y jurisprudencia interamericana, la importancia de tres obligaciones positivas que emanan de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de expresión. A saber: la obligación de prevenir, la obligación de proteger y la obligación de investigar, juzgar y sancionar penalmente a los responsables de estos crímenes. Tal como lo ha señalado la Relatoría Especial, estas obligaciones se complementan recíprocamente: para que exista un debate democrático libre, robusto y sin restricciones, es necesario combatir la violencia contra periodistas a través de una política integral de prevención, protección y procuración de la justicia.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala que “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

B. Ataques, amenazas e intimidaciones a periodistas y medios de comunicación

Durante el período que abarca el informe se documentaron al menos 15 incidentes en los cuales comunicadores sociales, defensores de derechos humanos, activistas y medios de comunicación habrían sido víctimas de agresiones, amenazas, actos de intimidación, ataques directos e intentos por confiscar sus instrumentos de trabajo.

Tres periodistas habrían sido amenazados de muerte mediante el uso de las redes sociales y uno más advertido de posibles agresiones en su contra por parte de un alcalde. El 4 de enero, Ernesto Alonso Rojas y Suly Cálix, del canal de Televisión Hable Como Habla (HCH), habrían sido amenazados desde el perfil de una persona identificada como “Jowe Agular” a través del siguiente mensaje dirigido al propietario del canal, Eduardo Maldonado: “Don Eduardo…le doy un mes para que despida a esa manera de la ms Elsa Oseguera sino le voy a matar a Suliz o a Ernesto”. Acompañando al mensaje aparecería la fotografía de un individuo en uniforme de la Agencia Técnica de Investigación criminal (ATIC) portando un par de armas de fuego.

El 1 de febrero, Edgar Joel Aguilar, quien se desempeña como presentador y reportero de la nota roja en Telemaya Canal 12 en Ciudad de La Entrada, municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán, habría sido amenazado de muerte a través de Facebook mediante el envío de mensajes a través de la aplicación Whatsapp.

Aguilar, quien también es corresponsal de Canal 6 habría recibido varios mensajes, entre ellos un ultimátum de seis días para dejar el canal. En el referido mensaje, el agresor también habría escrito: “estas detrás de una muerte y bos sabes bien…asi que ponete trucha si te agarra la calaca” (sic). En abril del 2012, Aguilar fue víctima de un atentado criminal cuando individuos desconocidos le dispararon al menos en 28 ocasiones con armas de grueso calibre.

El 28 de marzo, el periodista y activista por los derechos humanos, Esteban Vásquez, quien es corresponsal de Radio Progreso y miembro del Movimiento Independiente Indígena “Lenca de La Paz-MILPAH”, habría sido amenazado por presuntos activistas del Partido Nacional. Los hechos habrían ocurrido en la comunidad de Arenales, Santa María, departamento de La Paz, donde, tras interceptarlo, los presuntos agresores le dijeron: “si continua su labor de informar los asesinarán”.

El 7 de agosto, la emisora Radio Progreso denunció, a través de su página de Facebook, una agresión sufrida por su corresponsal en el municipio de Santa Rosa de Aguán, en el departamento de Colón, César Obando Flores, a quien el alcalde de dicha demarcación habría advertido “que una calentadita le iba a dar”. Los hechos habrían ocurrido el 6 de agosto, a la conclusión de una sesión de cabildo abierto en la comunidad Brisas del Mar, cuando el comunicador, quien es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitó una entrevista al funcionario.

De acuerdo con la denuncia realizada por Radio Progreso, la reacción del alcalde tendría su origen en la publicación, por parte de Obando Flores, de reportes periodísticos en los cuales se documentaba el rechazo de comunidades y organizaciones a la instalación de una refinería en la región.

El 24 de agosto el periodista Johnny Lagos, quien dirige el periódico El Libertador, editado en la ciudad de Tegucigalpa, fue víctima, junto a su esposa, Lurbin Yadira Cerrato, también periodista, de un ataque con arma de fuego perpetrado por individuos desconocidos cuando salía de la redacción del medio. De acuerdo con la información difundida por el medio, el objetivo de los perpetradores habría sido dar muerte al periodista, aunque las autoridades policiales señalaron que se trató de un intento de asalto con armas de fuego.

El Libertador, que tiene una edición en línea y realiza una impresión mensual, se caracterizaría por su línea crítica hacia el gobierno. El 21 de septiembre habría aparecido, frente a las instalaciones del El Libertador, un presunto mensaje de amenaza consistente en la silueta de un cadáver en la escena del crimen acompañado de la leyenda “RIP”. El medio denunció el hecho como un intento de intimidación vinculado con el atentado sufrido por su director el 21 de agosto. El Estado informó a esta Relatoría que los periodistas Jhonny Lagos y Yadira Cerrato y algunos miembros de su familia se encuentran acogidos al Mecanismo de Protección Nacional y que se inició una investigación sobre estos hechos a cargo de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida del Ministerio Público.

Otros periodistas habrían sido víctimas de secuestro a lo largo de 2017. El 20 de febrero, la periodista y defensora de los derechos humanos del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Evelyn Molina Castañeda, habría sido secuestrada y torturada psicológicamente, a bordo de un taxi, en la ciudad de Tegucigalpa, en compañía de otras dos mujeres. El vehículo habría sido abordado por un individuo que las encañonó con un arma de fuego y las amenazó con hacerles disparos en distintas partes del cuerpo. Tras llevarlas a varios sitios de la ciudad, finalmente fueron abandonadas en las inmediaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y despojadas de sus pertenencias y documentos de identificación.

El 23 de febrero, el periodista independiente y corresponsal de varias revistas, Ronnie Huete, denunció haber sido secuestrado en un taxi, cuando abordó el vehículo en la Colonia San Miguel, en Tegucigalpa. Dos sujetos habrían abordado el vehículo y lo llevaron a diferentes lugares de la ciudad, posteriormente lo asaltaron y lo dejaron abandonado tras robarle su equipo de trabajo, una computadora portátil y sus teléfonos celulares. Huete denunció también que el 15 de febrero habría sido atropellado por un guardaespaldas de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, luego de que le formulara preguntas relacionadas con la presunta violación de derechos humanos de los estudiantes de dicha casa de estudios.

Sobre el caso del periodista Ronnie Huete, el Estado ha informado a la CIDH que el Ministerio Público ha preparado el proyecto de Requerimiento Fiscal por los delitos de lesiones, amenazas y privación injusta de la libertad contra guardias de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en perjuicio del comunicador.

El 8 de marzo, la radioemisora comunitaria La Voz Lenca, que es operada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) habría sido atacada con piedras por un grupo de personas a quienes no se identificó. Los hechos habrían ocurrido en la comunidad de La Cruz Concordia, en el municipio de San Francisco, departamento de Lempira y la COPINH, habría señalado a las autoridades gubernamentales de estar detrás del ataque.

El 6 de abril, el periodista de Radio Globo, Rony Espinoza, habría sido agredido verbalmente por presuntos simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), uno de los cuales lo habría atacado a golpes. De acuerdo con la información conocida, los hechos habrían ocurrido a las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la Ciudad de Tegucigalpa, en los minutos previos a la llegada al inmueble del ex Presidente Manuel Zelaya, quien debía desahogar una diligencia judicial. Los atacantes serían simpatizantes del propio Zelaya que habrían acudido al lugar a manifestarle su respaldo.

El 17 de mayo, varios camarógrafos habrían sido agredidos por elementos del ejército de Honduras mientras realizaban la cobertura de un traslado de reos desde diferentes centros penitenciarios al penal de máxima seguridad conocido como “La Tolva” o “El Pozo II”. Los militares, quienes realizaban labores de resguardo del operativo de traslado, también habrían intentado quedarse con el equipo de uno de los camarógrafos y les habrían amenazado con arrestarles.

El 31 de mayo, el camarógrafo René Alberto Ortega de la Corporación Televicentro (TVC) de la ciudad de Tegucigalpa, habría sido atacado objeto de disparos con armas de fuego hasta en seis ocasiones. Los hechos habrían ocurrido cuando Ortega salía de las instalaciones de su centro de trabajo ubicado en el barrio de Buenos Aires en la capital hondureña. El comunicador fue hospitalizado a raíz de los impactos y, tras ser intervenido quirúrgicamente, fue internado en el área de cuidados intensivos.

La Policía Nacional descartó la hipótesis del asalto, pues todas las pertenencias de Ortega fueron encontradas en el lugar. El 1 de junio, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), solicitó a la Dirección General del Sistema de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, la adopción de medidas de protección a favor de Ortega.

Tal como se ha señalado previamente, con respecto a la violencia contra periodistas y otras personas en razón del ejercicio de la libertad de expresión, la Relatoría Especial ha destacado, con base en la doctrina y jurisprudencia interamericana, la importancia de tres obligaciones positivas que emanan de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de expresión. A saber: la obligación de prevenir, la obligación de proteger y la obligación de investigar, juzgar y sancionar penalmente a los responsables de estos crímenes. Tal como lo ha señalado la Relatoría Especial, estas obligaciones se complementan recíprocamente: para que exista un debate democrático libre, robusto y sin restricciones, es necesario combatir la violencia contra periodistas a través de una política integral de prevención, protección y procuración de la justicia.

Las autoridades responsables de la investigación deben conducir las actuaciones en forma expedita, evitando dilaciones o entorpecimientos injustificados de los procesos que conduzcan a la impunidad y vulneren la debida protección judicial del derecho. En la Declaración Conjunta sobre Delitos contra la Libertad de Expresión, los Relatores Especiales señalaron que las “autoridades deberían tomar todos los recaudos razonables para agilizar las investigaciones, como por ejemplo, intervenir tan pronto se interponga una denuncia oficial o se presenten pruebas creíbles sobre un ataque contra la libertad de expresión”.

Además, la CIDH y su Relatoría Especial recuerdan que los funcionarios estatales deben repudiar de manera inequívoca los ataques perpetrados como represalia por el ejercicio de la libertad de expresión, y deberían abstenerse de efectuar declaraciones que posiblemente incrementen la vulnerabilidad de quienes son perseguidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Los Estados deberían reflejar claramente en sus sistemas jurídicos y sus prácticas que los delitos contra la libertad de expresión revisten especial gravedad, puesto que representan un ataque directo contra todos los derechos fundamentales.

C. Protesta social

En el curso del año se habrían realizado al menos una docena de manifestaciones por parte de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Los alumnos de la institución educativa habrían realizado protestas y manifestaciones que habrían sido dispersadas por las autoridades policiales con gases lacrimógenos y chorros de agua, además de haberse registrado la detención de alrededor de una treintena de manifestantes en diversas fechas.

El 9 de febrero estudiantes universitarios protestaron por la sentencia condenatoria dictada en contra del ex universitario Kevin Joshua Solórzano Hernández, encontrado culpable del homicidio del ex fiscal Edwin Eguigure, ocurrido el 11 de noviembre de 2014.

Solórzano fue arrestado el 20 de noviembre del mismo año y durante el juicio fue acusado también de tentativa de homicidio en contra de la viuda del ex fiscal. Las manifestaciones de protesta fueron dispersadas por la policía con el uso de gases lacrimógenos.

El 2 de marzo, nuevas manifestaciones se habrían realizado en demanda de mayores espacios de participación en la vida universitaria, además de exigir se esclarezca el asesinato de la ambientalista indígena Berta Cáceres, ocurrido un año antes. La policía habría intervenido para dispersar la manifestación utilizando chorros de agua y gases lacrimógenos. Los días 2 y 3 de mayo los estudiantes habrían bloqueado el bulevar Suyapa, una de las principales vialidades que rodean el campus universitario, en demanda de una mayor participación en la integración de la Junta de Dirección Universitaria, el principal órgano administrativo de la casa de estudios, cuyos siete miembros debieron ser electos el 29 de abril. Policías utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua para disolver la manifestación y un policía habría resultado herido.

El 24 de mayo un grupo de estudiantes habría tomado dos de los edificios de la UNAH en respaldo de tres de sus compañeros, estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanísticas, quienes se encuentran sometidos a juicio desde el año 2015 demandados por la rectoría debido a las protestas realizadas en 2014, con motivo de la aprobación de nuevas normas académicas para la UNAH. De acuerdo con la información disponible, una veintena de alumnos habrían sido arrestados por la Policía Nacional, cuya intervención habría sido requerida por las autoridades universitarias. El 13 de junio los universitarios tomaron las instalaciones de la UNAH, pero fueron desalojados por elementos de la policía el 16 de junio.

Sobre esta materia, el Estado ha declarado a la CIDH que la actuación que la Policía Nacional ha actuado mediante el uso de medios legales para el control y dispersión de multitudes empleando solamente aquellos medios autorizados por la normativa nacional y los tratados internacionales y el Manual del uso de la fuerza, utilizando técnicas que causen el menor daño a la integridad de las personas.

El 19 de julio, los estudiantes aglutinados en el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) marcharon hacia el Congreso Nacional y entregaron su propuesta de salida a la crisis, consistente en la creación de un “Gobierno Universitario Provisional” y la consecuente suspensión de todas las autoridades universitarias actuales. El Congreso Nacional designó, el 15 de agosto, una Comisión Especial para atender la problemática universitaria.

El 30 de agosto la Comisión Legislativa del Congreso presentó una propuesta para designar a un Rector Interino que sería electo por la Junta de Dirección Universitaria y estaría al frente de la UNAH por un período de seis meses. El 25 de septiembre, Francisco José Herrera Alvarado fue seleccionado para el cargo y ese mismo día cesó la Rectora Julieta Castellanos Ruiz y al día siguiente se habrían reanudado las clases en la institución. Sin embargo, el hecho de que el estudiante Marcio Noé Silva, integrante del MEU, permanezcan en prisión sujeto a proceso penal, y que otros 10 estudiantes más se encuentren sujetos a medidas cautelares, habrían provocado nuevas protestas estudiantiles.

El 25 de abril, integrantes de la organización “Somos Muchas”, que promueve la despenalización del aborto terapéutico, realizaron una marcha frente al Congreso Nacional. Denunciaron haber sido agredidos por grupos presuntamente identificados con el Gobierno. Los hechos habrían sucedido en presencia de elementos del ejército quienes se habrían abstenido de intervenir.

La CIDH ha reiterado que la protesta social es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos, y esencial para la expresión crítica política y social de las actividades de las autoridades. La Comisión ha señalado que “resulta en principio inadmisible la penalización per se de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión” y que “el ejercicio del derecho de reunión a través de la protesta social no debe sujetarse a una autorización por parte de las autoridades ni a requisitos excesivos que dificulten su realización”.

Asimismo, en la Declaración Conjunta sobre violencia contra los y las periodistas en el marco de manifestaciones sociales, adoptada en 2013, se indica que los derechos de reunión y libertad de expresión “son fundamentales y su garantía es una condición necesaria para la existencia y el funcionamiento de una sociedad democrática. Un Estado puede imponer limitaciones razonables a las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas o dispersar aquellas que se tornan violentas, siempre que tales límites se encuentren regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas, y deben utilizarse las medidas más seguras y menos lesivas para los manifestantes. El uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos”.

D. Declaraciones estigmatizantes

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron la existencia de una campaña de desprestigio dirigida en contra del periodista Jairo López, director del programa televisivo `El Informador´, que se transmite a través de Canal 21 de la ciudad de Choluteca, departamento del mismo nombre. La campaña sería presuntamente promovida por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, uno de cuyos escoltas habría apuntado su arma en contra de civiles, siendo captado en un video difundido por López en su programa. Tras la difusión de las imágenes se habría distribuido a través de la red social Facebook, otro video que pretende vincular al comunicador con una red criminal y con el presunto narcotraficante Orlando Pinto.

El Estado ha informado a la CIDH que en Honduras el delito de amenazas es un ilícito perseguido a instancia particular y el periodista Jairo López no ha denunciado el incidente frente a la Fiscalía, por lo cual la actuación del Ministerio Público en dicho caso no sería posible. Asimismo, López se encuentra, según el Estado, acogido en el Sistema Nacional de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadoras de Justicia.

El 31 de marzo, la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) emitió un comunicado en el cual advirtió sobre la existencia de campañas estigmatizantes y de desprestigio dirigidas contra defensores de derechos humanos en Honduras. En su comunicado la OACNUDH se refirió específicamente a los casos del sacerdote jesuita Ismael Moreno Coto, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) así como el del dirigente indígena Salvador Zúniga y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Ambos activistas y la organización civil serían objeto de señalamientos que pretenden vincularles con actividades ilícitas. La OACNUDH exhortó al Gobierno de Honduras a realizar las acciones necesarias para garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan realizar sus actividades.

Los funcionarios públicos, como todas las personas, son titulares del derecho a la libertad de expresión en sus diversas manifestaciones. No obstante, en su caso, el ejercicio de esta libertad fundamental adquiere ciertas connotaciones y características específicas que han sido reconocidas por la jurisprudencia interamericana, particularmente en los ámbitos de: (a) los especiales deberes a los que están sujetos por causa de su condición de funcionarios estatales; (b) el deber de confidencialidad al que pueden estar sujetos ciertos tipos de información manejada por el Estado; (c) el derecho y deber de los funcionarios públicos de efectuar denuncias de violaciones a los derechos humanos; y (d) la situación particular de los miembros de las Fuerzas Armadas.

En cuanto al impacto de las declaraciones de los funcionarios públicos sobre los derechos de otros, la Corte Interamericana ha señalado que, bajo ciertas circunstancias, aun cuando los discursos oficiales no autoricen, instiguen, ordenen, instruyan o promuevan expresamente actos de violencia contra determinados ciudadanos, su reiteración y contenido puede aumentar la “vulnerabilidad relativa” de estos grupos y así el riesgo al que se encuentran enfrentados.

E. Reformas legales

El 21 de febrero el Congreso de Honduras aprobó una reforma al artículo 335 del Código Penal mediante la cual se incorporó a dicho ordenamiento el delito de terrorismo.El 22 de febrero, en la misma ley, fue agregado el artículo 335-B mediante el cual se estableció el delito de apología e incitación de actos de terrorismo. Con estas reformas se pretende castigar a quien “públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinada al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de éste” y estableció penas de prisión de cuatro a ocho años para dicha conducta.

La incorporación de los citados tipos penales forma parte de la “Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad”, una iniciativa impulsada por el presidente, Juan Orlando Hernández, y que ha sido calificada, por diversos grupos opositores, como un intento de criminalizar la protesta social1138. Diversas organizaciones civiles, entre ellas el Colegio de Periodistas de Honduras, han rechazado las reformas legales e iniciado una campaña para promover su derogación. El Colegio de Periodistas promovió un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra la reforma.

El 5 de junio, el Presidente del Colegio de Periodistas informó, a través de su cuenta de Twitter, que el Ministerio Público de Honduras habría emitido una opinión declarando la inconstitucionalidad del artículo 335-B del Código Penal y señalando que plantearía a la Corte Suprema una declaratoria parcial de inaplicabilidad de la norma, en lo concerniente al ejercicio periodístico. El 15 de agosto, el máximo tribunal habría declarado inadmisible un recurso de amparo interpuesto por los diputados José Manuel Zelaya y Luis Redondo, del Partido Libertad y Refundación, en contra de la referida norma, aduciendo que dicho recurso no es el adecuado, sino el de inconstitucionalidad. Al cierre del presente informe se encontrarían en estudio dos recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la asociación civil Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y el periodista Edgardo Rodríguez, integrante de la Junta Directiva de la Asociación Libertad y Democracia (ALD).

La CIDH y su Relatoría Especial, de forma conjunta con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras expresaron, a través de un comunicado conjunto, su preocupación “ante la aprobación de las reformas al código penal en Honduras las cuales pueden tener un impacto negativo en el ejercicio y goce legítimos de las garantías y derechos humanos fundamentales y la protección y la promoción de la libertad de expresión en el país”.

F. Censura directa e indirecta

Dos comunicadores habrían sido objeto de actos de censura por parte de autoridades municipales y legislativas. El 28 de septiembre, el periódico El Pulso denunció que a su reportera Nincy Perdomo se le habría impedido el acceso a las instalaciones del Centro de Convenciones del hotel Jicaral, en donde se estaba realizando una sesión especial del Congreso Nacional. La orden de impedir el acceso de la periodista habría sido girada por el responsable de la seguridad del parlamento, derivado de presuntas publicaciones realizadas por la comunicadora en las que habría afirmado que “el presidente no hace nada y sólo va a dormir”.

El 9 de octubre, la organización civil C-Libre emitió una alerta para denunciar la presunta censura sufrida por el periodista Isaac Calix, quien conducía un programa en el canal de televisión Más TV. De acuerdo con la organización, Calix habría denunciado que Dorn Ebanks, alcalde de Roatán, del departamento de Islas de la Bahía, habría solicitado a la televisora la cancelación del programa “Elecciones 2017, tu voz es tu voto”, conducido por Calix, utilizando para ello el contrato de publicidad que el ayuntamiento tiene con la empresa.

La Relatoría Especial recuerda que en el artículo 13.3 de la Convención Americana se establece que “[n]o se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

G. Otras situaciones relevantes

El 18 de mayo habría sido arrestado César Geovany Bernárdez, de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y quien se desempeña como corresponsal de la estación Radio Progreso que transmite desde el municipio El Progreso, en el departamento Yoro. El arresto de Bernárdez se habría registrado en la localidad El Porvenir, del departamento de Atlántida, en cumplimiento de una orden de aprehensión dictada en su contra y de otros tres miembros de la directiva de OFRANEH en noviembre de 2016, luego que el empresario canadiense Patrick Forsent, propietario de la empresa CARIVIDA, presentara una denuncia en su contra por el delito de usurpación de tierras. La empresa tendría la intención de construir un complejo turístico en tierras tradicionales garífunas. El juez de la causa, aunque ordenó la liberación de Bernardez le habría impuesto medidas cautelares, entre ellas una prohibición para dejar el país.


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