Por: Jared Olson
En el exuberante valle del Bajo Aguán, los sucesivos conflictos por la tierra y el agua han dejado más de 150 personas muertas. Y la lucha no ha terminado todavía.
La mina no se puede alcanzar desde la puerta del camino, que está custodiada por soldados que llevan M-16 y un capataz con casco y una escopeta en el pecho.
Así que, si quieres ver el enorme complejo de extracción de minerales que se está construyendo aquí en el exuberante valle del Bajo Aguán de Honduras, tienes que pasar por Guapinol, una de las aldeas que muchos temen que la mina envenene. Se asciende por un sendero de rocas cubierto de barro, pasando por una línea de alambre de púas para llegar a un terraplén de hierba. Desde allí, se pueden ver las excavadoras, los camiones, las hileras de pilotes de hormigón y el enorme agujero marrón raspado de los verdes suelos del valle. La mina, cuya fábrica de procesamiento de óxido de hierro será la más grande de América Central, aún no ha sido construida. Pero ya se está derramando sangre sobre ella.
«Vivimos con miedo todos los días», dice Reinaldo Domínguez, un residente de El Guapinol, mirando a lo lejos la obra en construcción.
Aquí, en el corazón del Parque Nacional Carlos Escaleras, en la cabecera de docenas de ríos, se está desarrollando un mortal conflicto por el agua entre la oligarquía local, que intenta extraer el mayor valor posible de esta zona, y los habitantes de las pequeñas aldeas del valle, que dependen de los ríos para gran parte de su sustento y su vida. Esta tampoco es la primera vez que estas dos fuerzas se enfrentan en el valle. Más bien, este conflicto es una continuación de más de 25 años de sangrientas luchas entre los gobernantes de facto del valle y la gente que vive bajo ellos.
En sus enormes desigualdades de riqueza y disparidad en la propiedad de la tierra, Honduras no se diferencia mucho del resto de América Latina, su oligarquía de la era colonial impulsada indirectamente por la ayuda financiera y militar de más de un siglo de gobiernos estadounidenses. Con su fortuna económica estrechamente vinculada a los precios del banano en la primera mitad del siglo XX y a los productos agrícolas como la carne de vacuno y el café en esta última, Honduras se convirtió en un país que apoyaba a un pequeño grupo de ricos propietarios de plantaciones a espaldas de un grupo mucho mayor de trabajadores mal pagados. Esta situación se vio sacudida en cierta medida por la presidencia de Manuel Zelaya, que tras su elección en 2006 dio un giro en sus políticas hacia la izquierda. Pero el breve coqueteo del país con las políticas progresistas llegó a su fin en 2009, cuando un golpe militar derrocó a Zelaya. Desde entonces, la impunidad por los crímenes corporativos no ha hecho más que aumentar y la violencia utilizada para perpetuar la desigualdad se ha disparado.
Uno de los primeros campos de batalla después del golpe fue aquí en el valle del Bajo Aguán. En los años 90, beneficiándose de las medidas de ajuste estructural lideradas por el FMI y en un entorno en el que los activistas campesinos estaban siendo asesinados o desaparecidos, Dinant, una corporación hondureña de bienes de consumo fundada por Miguel Facussé Barjúm, había logrado comprar la tierra a los campesinos para construir una enorme plantación de palma aceitera africana. Durante los años noventa y principios de la década de 2000, los campesinos sin tierra habían llevado a cabo una constante campaña legal y burocrática para recuperar 28 fincas que habían sido tomadas por Dinant, sin éxito. Poco después del golpe de Estado que derrocó a Zelaya, los campesinos decidieron reasentar ellos mismos las tierras, trasladándose a edificios abandonados y estableciendo campamentos en sus antiguas tierras. Esto no le sentó bien a la oligarquía local asociada a Dinant, y la violencia comenzó casi inmediatamente después.
Entre 2010 y 2014, más de 150 campesinos fueron asesinados o «desaparecidos», y más detenidos, en un conflicto que enfrentó a los residentes del valle con el ejército hondureño, la policía local y los guardias de seguridad privada fuertemente armados, que a menudo trabajan en grupos, según el informe de The Guardian. El Aguán fue testigo de una forma de guerra de baja intensidad: Hubo acusaciones de tortura, se quemaron aldeas y se desplegaron más de 8.000 soldados en el valle.
A finales de 2013, los Facussésy sus aliados decidieron ampliar sus inversiones aprovechando una medida ejecutada apresuradamente para redimensionar las tierras protegidas en la Montaña Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, en el corazón de las montañas inmediatamente al sur del valle. La Empresa MineraEMCO había estado presionando para obtener una concesión minera en la región desde abril de 2013. Carlos Escaleras, con sus crestas oscuramente dentadas que se ciernen sobre el Aguán, se encuentra en el corazón de la cuenca hidrográfica de la región, la fuente desde la cual docenas de ríos se vierten hacia el norte a través de fértiles mesetas agrícolas hasta el Mar Caribe.
El proyecto, que se preparaba para construir una mina ecológicamente catastrófica que podría destruir los medios de vida agrícolas de los campesinos que viven en el valle, fue encabezado por personas de la misma familia que controlaba la corporación Dinant cuando esa empresa estaba presuntamente involucrada en los asesinatos del conflicto de tierras.
«Es la misma gente que dirige el proyecto minero», dice Raúl Ramírez, de Lempira, un asentamiento campesino y una de las comunidades cercanas a la mina. «Una de las personas que dirigen el proyecto es la hija de Miguel Facussé, de la Corporación Dinant… Son los mismos actores».
El gobierno concedió el permiso para construir la infraestructura de la mina a cielo abierto a Inversiones Los Pinares, (anteriormente la empresa minera EMCO, de la que son copropietarios Lenir Pérez y Ana Facussé. El padre de Ana, el ex jefe de Dinant, Miguel Facussé Barjúm, fallecido en 2015, era partidario del golpe de Estado que derrocó a Zelaya, y había sido calificado por la Embajada de Estados Unidos como «el empresario más rico y poderoso del país». Los cables del Departamento de Estado revelaron que sus propiedades estaban siendo utilizadas para importar cocaína ya en 2004, y un informe de Human Rights Watch de 2014 que investigó 29 asesinatos y una desaparición que ocurrieron durante el conflicto de tierras por la plantación de palma de Dinant en el Bajo Aguán -que investigaron como un corte transversal de los más de 150 asesinatos y desapariciones- encontró que en 13 de las muertes, «la evidencia sugiere la posible participación de guardias privados».
Cuando se le contactó para que comentara sobre el conflicto de tierras, Dinant preparó una respuesta que decía que nunca se ha encontrado que los empleados de la empresa hayan «realizado actividades ilegales, utilizado fuerza inapropiada o conspirado contra ninguna persona u organización». La declaración también decía que «La Compañía condena enérgicamente la violencia, las confiscaciones criminales de tierras, la intimidación y toda actividad ilegal. Dinant ha sido víctima de numerosos ataques violentos a lo largo de los años; muchos empleados de Dinant han sido víctimas de tales actos».
Al igual que en la Honduras posterior al golpe de Estado, la concesión minera se otorgó en circunstancias cuestionables: El 16 de diciembre de 2013, en los últimos días del Presidente Porfirio Lobo Sosa, los diputados hondureños encabezados por el conservador, Ricardo Díaz, impulsaron medidas para redimensionar Montaña Botaderos, ahora Parque Nacional Carlos Escaleras, cortando 217 hectáreas de la «zona núcleo» en la que está prohibida la actividad de construcción. Con el redimensionamiento del terreno, las primeras concesiones mineras exploratorias fueron otorgadas a la empresa minera EMCO, el nombre anterior de Inversiones Pinares, apenas un mes después, el 28 de enero de 2014.
«De la manera en que lo hicieron, la empresa minera tuvo la oportunidad de que se le diera la concesión», dijo Ramón «Moncho» Soto Bonilla, diputado del partido opositorLIBRE por Colón, donde se encuentra el valle del Aguán. «Fue un engaño: aprobaron la ley de la noche a la mañana para que nadie se diera cuenta de que lo habían hecho».
En los años transcurridos desde 2014, el proyecto ha enfrentado la resistencia de ciudades más grandes como Tocoa y de pueblos más pequeños como Guapinol, que se sustentan del caudal del río Guapinol que conecta a Carlos Escaleras. Pero Pinares ha continuado la exploración a través de una laguna jurídica bajo la cual el óxido de hierro, su mineral objetivo declarado, fue clasificado como no metálico en el momento en que la empresa recibió su concesión.
«La ley de minería de Honduras dice que el óxido de hierro no es un metal», explica Esly Banegas, un dirigente sindical de la cercana Tocoa cuyo hijo y ex marido fueron asesinados en el conflicto de tierras. (Esta laguna jurídica se cerró en 2015, pero Pinares no ha alterado sus planes de exploración).
Saltando entre los cúmulos de rocas que se extienden a lo ancho del Guapinol, Reinaldo Domínguez nos lleva a un lugar en el río donde gruesas paredes de follaje verde se ciernen como un corredor en lo alto. Varias de las rocas están pintadas con mensajes acrílicos astillados, mensajes de amor al agua que pasa.
«Te queremos, Guapinol», dice uno de los mensajes. «El agua es vida».
En este lugar, el verano pasado, se informó que un joven recibió un disparo en las piernas mientras nadaba en el río donde pasa por el pueblo homónimo. El tiroteo tuvo lugar porque el joven estaba demasiado cerca de la infraestructura minera, según los miembros de la comunidad.
Cruzando a la orilla opuesta, a apenas 20 pies dentro del bosque, Domínguez nos muestra donde la valla perimetral de la fábrica de procesamiento que se está construyendo llega a una esquina a menos de un cuarto de milla del pueblo. Tiene 15 pies de altura, cubierta con gruesas y frescas bobinas de alambre de púas que corren a lo largo de la valla hasta donde alcanza la vista. Varios cientos de metros más allá de la valla, se pueden ver las crestas distantes de los terraplenes de tierra y se puede oír, muy débilmente, el sonido de los equipos pesados trabajando.
«Tememos por nosotros mismos», concede Domínguez. «Pero nacimos aquí, crecimos aquí. No queremos irnos».
Ocho personas, entre ellas líderes comunitarios, trabajadores de la mina y policías militares, han sido asesinadas en relación con la propuesta mina de Guapinol desde 2013, las dos más recientes en noviembre de 2019. Y aunque los motivos de algunos de los asesinatos han seguido siendo turbios, y ciertos investigadores han atestiguado que algunas muertes son el resultado de la superposición del territorio del cártel de la droga con el de la empresa minera, las muertes han alimentado una campaña mediática sostenida tanto por parte de Pinares como del gobierno hondureño para criminalizar el movimiento social contra las minas. Pinares sostiene que la fuente de la violencia ha sido una banda armada antiminas, acusación de la que hay poca o ninguna prueba.
«La realidad de Aguán es realmente complicada», dice Banegas. «Comienza con una criminalización de las organizaciones y de las personas… Lo mismo [ocurrió] con Berta Cáceres [la asesinada activista indígena hondureña del medio ambiente]». Fue el mismo patrón: criminalizarlos, hacer ataques a través de los medios y redes sociales, perfiles falsos, inventar noticias».
El fantasma de las consecuencias medioambientales de la minería se cierne sobre Honduras, donde el 30 por ciento del territorio nacional se destinó a concesiones mineras tras el golpe de 2009. La mina San Martín, en la región del Valle de Siria, por ejemplo, que sólo operó entre 2000 al 2009, y a pesar de la retórica de preocupación ambiental de la empresa matriz, se hizo famosa por producir altos y duraderos niveles de cianuro, arsénico y mercurio en las comunidades aledañas y por el acoso de los ambientalistas que se resistían a su presencia. Muchos en la región de Guapinol temen que, en caso de que la mina de Pinares avance , sus comunidades soporten una carga similar.
«Vamos a sufrir graves consecuencias [de la mina]: por el aire, el agua, por el ruido», dice Ramírez de Lempira.
Las tensiones por la mina Guapinol comenzaron a hervir en mayo de 2018, cuando, frustrados por la continua presencia de la mina y la aparente aquiescencia de las autoridades municipales ante ella, los residentes ocuparon el edificio municipal de Tocoa durante once días.
Cuando eso falló, los residentes contra la mina cambiaron de estrategia.
«El alcalde nos dijo una vez», dice Domínguez, «¿Por qué no van a tomar el camino que usó Inversiones Los Pinares en vez de tomar el edificio municipal? Y así lo hicimos.»
El campamento pronto se estableció para bloquear la carretera CA-13 construida por Pinares, a través del pueblo de El Guapinol y en Carlos Escaleras. Duró 88 días, desde el 1 de agosto hasta el 27 de octubre de 2018. Para entonces, las apuestas ya eran elevadas: El agua del río Guapinol se estaba llenando de sedimentos de un proyecto hidroeléctrico aguas arriba, parte de la creciente infraestructura para la próxima mina, haciendo imposible la perspectiva de usar el agua para beber, limpiar o para fines agrícolas.
«El agua bajó con aspecto de chocolate debido a la empresa», dice Gabriela Sorto, cuyo padre, Porfirio Sorto Cedillo, es uno de los siete «Defensores del Agua» que aún permanecen tras las rejas por sus protestas contra la mina. «El agua no se podía utilizar para nada, ni siquiera para lavarse las manos, porque las manos salían completamente llenas de barro. El río Guapinol es la única fuente que tenemos para vivir en nuestra comunidad.»
«Las mujeres de la comunidad decían: ‘Dios mío, qué vamos a hacer con este río sucio, porque el agua que una vez se recogió en tu piel era puro barro'», dice Dilma Cruz, la madre de Sorto Cedillo. «Los jóvenes también la bebían».
Para el 7 de septiembre, el campamento había sido acordonado y asediado. Ese día, un grupo de empleados de Pinares cortó el camino para que la comida y los suministros no pudieran entrar, y comenzó un primer intento de dispersar a los manifestantes.
Rigoberto Hernández, residente en El Guapinol, se encontraba en el campamento ese día cuando fue rozado por una bala disparada por personas que él cree que eran guardias de seguridad empleados por Pinares.
«El siete de septiembre», dice, «estábamos en el campamento defendiendo el medio ambiente, nuestra agua, cuando fui alcanzado por una bala en la espalda, a manos de [la gente que trabaja para la mina]. Era incoherente. No podía caminar. Me llevaron en un coche a una clínica, y comencé mi recuperación, poco a poco».
Casi un mes después, un tribunal especial emitió órdenes de arresto para 21 de los hombres involucrados en la protesta, lo que desencadenó una serie de redadas y operaciones de las autoridades para detenerlos. Por las noches, dice Domínguez, hombres anónimos se acercaron a los manifestantes con amenazas de que «los desalojarían «, una promesa que las autoridades estatales cumplirían unas semanas después.
«Parecía una guerra», un testigo le dijo a un periodista de la dispersión. A las 11:30 de la mañana del 27 de octubre, más de mil policías nacionales y militares llegaron en un convoy para expulsar a los manifestantes.
Las fuerzas de seguridad dispararon ráfagas de gas lacrimógeno antes de abrir fuego a bala viva. En el subsiguiente bombardeo, ocho civiles resultaron heridos y un activista, Levin Alexander Bonilla, resultó muerto. Sin embargo, esa misma tarde, después de que rompieran el campamento y siguieran persiguiendo a los manifestantes hasta la aldea de Ceibita, también murieron dos policías militares.
«Lo extraño de esto fue que ellos [los soldados] murieron en las palmas», dice Mario Munguía Alemán, un periodista de la televisión local del Canal 35 que vivió en el Bajo Aguán durante décadas y que nos ayudó a reportar esta historia. «Después, el ejército y la policía entraron en las comunidades para registrar cada casa. Y no se anunció que habían encontrado a nadie con armas de fuego. Extraño, porque el bloqueo había sido en la carretera, pero sin embargo nunca se explicó por qué los soldados murieron en esa plantación.»
Según un investigador de derechos humanos que ha presentado su investigación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos y que compartió el documentocon nosotros bajo la condición de anonimato, las muertes de los dos policías militares en la dispersión del campamento pueden haber sido un caso de lucha interna de los cárteles que fue reformulado para criminalizar el movimiento contra las minas.
Este investigador, de acuerdo con numerosos líderes de derechos humanos entrevistados en el valle, dijo que era probable que las licencias de exploración minera otorgadas durante los últimos días del presidente Lobo estuvieran controladas por Javier y Devis Lionel Rivera Maradiaga, líderes del cártel de drogas de Cachiros, y que muy poco después Pinares recibió una licencia de explotación vecinal. En 2015 los hermanos Rivera Maradiaga se convirtieron en informantes protegidos por la DEA, lo que llevó a la extradición del hijo del ex presidente Lobo, Fabio Lobo. Devis Lionel Rivera Maradiaga testificó que Lobo había recibido un avión de drogas en una de las propiedades de Miguel Facussé Barjúm y reconoció que dos políticos clave que apoyaban a Pinares, el alcalde de Tocoa Adán Fúnez y el diputado de Colón Óscar Nájera, eran socios de Cachiro. Facussé había negado previamente cualquier implicación con el aterrizaje del avión de la droga en su propiedad.
Los informes reunidos por el investigador de derechos humanos indican que ex funcionarios de los Cachiro muy cercanos a los hermanos Rivera Maradiaga, conocidos como los Taboras y que, según se dice, eran de la aldea de Ceibita, participaron en el tiroteo de octubre de 2018 en el que murieron oficiales de la policía militar, que el investigador encontró pruebas que sugerían que era el resultado de las luchas internas entre los ex asociados de los Cachiros. El tiroteo tuvo lugar después de que las fuerzas de seguridad dispersaran violentamente el campamento, persiguiendo a los manifestantes hasta Ceibita y disparando gas lacrimógeno contra sus hogares. El investigador sugirió que el enfrentamiento fue entre los Taboras y los militares hondureños.
No pudimos contactar con Ana Facussé para un comentario directo sobre este artículo. Cuando se le preguntó si Facussé quería comentar este artículo o el conflicto minero de Guapinol, un representante de relaciones públicas de Pinares sugirió que los líderes corporativos de la empresa son transparentes sobre la actividad de la empresa y están dispuestos a discutir esas actividades en entrevistas, pero sólo cuando se hacen en persona. El representante había ofrecido una entrevista con el copropietario de Pinares, Lenir Pérez, en enero, después de nuestro reportaje principal, pero debido a que el representante insistió en que sólo podía realizarse en persona en lugar de a través de Skype, esto no fue posible para La Nación. No se ofreció una entrevista con Facussé.
Pinares, que accedió a dar una respuesta por escrito a las acusaciones, sostiene que sus trabajadores mantienen la máxima transparencia en sus operaciones, y que la empresa en su conjunto se adhiere a los más altos estándares de ética ambiental corporativa. Afirman que los defensores del agua de Guapinol son «falsos ecologistas», sugiriendo que muchos son criminales armados que, financiados por fuentes desconocidas, fueron enviados desde fuera del Aguán para sabotear la construcción de una mina por lo demás responsable, no contaminante y creadora de puestos de trabajo.
Fue en agosto de 2019 cuando los cargos contra siete de los manifestantes finalmente los llevaron a prisión. Según Juana Zúniga, lideresa de la comunidad de Guapinol y esposa del prisionero José Abelino Cedillo, varios de los manifestantes decidieron presentarse ante el tribunal de Tegucigalpa porque se sentían inocentes y no querían tener expresiones externas de temor a la ley.
Al ser arrestados en Tegucigalpa, fueron enviados a La Tolva, una prisión con reputación de ser tan peligrosa que el COFADEH, una organización hondureña de derechos humanos, la ha descrito como un «centro de tortura». Y aunque fueron trasladados a Olanchito, una prisión más segura, aún permanecen encarcelados.
«Los tratan horriblemente, sabiendo que defienden nuestro río y nuestro medio ambiente», dice Zúniga. «Y lo que dicen es: ‘Luchamos para no tener que emigrar de nuestro país’. Si dejamos de luchar contra la compañía minera, hay 3.500 personas que tendrían que abandonar la comunidad».
Mientras siete defensores del agua permanecen tras las rejas, Pinares ha estado llevando a cabo una campaña de difamación contra ellos, diciendo en Twitter que «los ambientalistas hondureños son realmente criminales que han matado a gente inocente». Cuando, a mediados de octubre, algunos de los campesinos involucrados en las protestas contra la mina viajaron a DC para aceptar el Premio Letelier-Moffitt de Derechos Humanos por su activismo, un hombre se paró fuera del evento de entrega de premios entregando volantes que mostraban cadáveres mutilados que la compañía acusó a los ambientalistas de haber matado.
Los manifestantes no han sido los únicos objetivos de los servicios de seguridad: El 18 de noviembre, el periodista de Radio Globo César Obando Flores, que había estado cubriendo el conflicto del agua en Guapinol, emitió un comunicado de prensa detallando cómo, en numerosas ocasiones, se había sentido a punto de ser secuestrado por hombres con atuendos militares que le advirtieron que «no se metiera con Inversiones Los Pinares». El 6 de enero, Mario Munguía Alemán, que mientras ayudaba a nuestro reportaje para este artículo también investigaba el conflicto para la estación de televisión local Canal 35, estaba montando su bicicleta en la cercana Tocoa cuando una camioneta nueva de doble cabina se desvió abruptamente delante de él. Un hombre saltó fuera. «Estás hablando un montón de mierda en ese canal», le dijo a Munguía Alemán. «Será mejor que te vayas.» El camión patinó en un torbellino de polvo, lanzando piedras a Munguía Alemán. Munguía Alemán, cuyo amigo y colega Nahúm Palacios Arteaga fue asesinado en 2010 por investigar los vínculos con el narcotráfico en el valle, se escondió poco después. Desde entonces ha huido del país.
A pesar de los asesinatos, los arrestos y las amenazas, los residentes continúan presionando para detener la construcción de la mina. Después de años de presión, un cabildo abierto, o «comunidad abierta»se celebró finalmente en Tocoa el 29 de noviembre del año pasado. Ante una multitud de más de mil personas, entre ellas el ex presidente derrocado Manuel Zelaya, el municipio «se declaró libre de la minería». El alcalde y el resto del gobierno municipal firmaron un acta para ser llevada al Congreso que ordenaría a Pinares y a cualquier otra corporación minera a abandonar la zona. Pero eso no ha cambiado mucho sobre el terreno: La construcción de infraestructura no minera continúa en el proyecto, y los campesinos asumen que este trabajo de base continuará.
Inversiones Los Pinares afirmó en un comunicado difundido después de la reunión que a pesar del voto de la comunidad, «las inversiones de los Pinares continuarán trabajando fuertemente y contribuyendo al desarrollo de Tocoa».
El equipo pesado de construcción todavía se puede oír pasar a todas horas del día. Las patrullas militares continúan a través de las aldeas adyacentes al complejo minero. Las oficinas en Tocoa de COPA, una organización campesina a la vanguardia de la lucha contra la mina, que Pinares acusó de haber sido financiada «desde lugares oscuros», fueron atacadas y saqueadas por asaltantes desconocidos dos veces en dos meses, primero el 20 de diciembre y luego el 26 de enero.
«Lamentablemente», escribió Pinares en una respuesta oficial preparada para este artículo, «este grupo de falsos ambientalistas sin escrúpulos lanza ataques porque tienen intereses personales, y sin tener ninguna prueba acusan a personas respetables que han decidido invertir en una zona donde pocos inversores se atreven a hacerlo debido a la inseguridad jurídica causada por invasores de oficio que obtienen beneficios económicos de esta actividad».
Para muchos de los que viven cerca de la infraestructura de la mina, a la sombra de Carlos Escaleras, en las orillas de los ríos Guapinol, San Pedro y Aguán, la realidad augura un futuro mucho más oscuro.
«Imagina tener grandes camiones pasando por tu casa día y noche, día y noche. Un sonido constante. Nos afecta bastante», dice doña Reina Ordoña, de La Lempira.
«Si la empresa sigue adelante con el proyecto, instala la maquinaria, la violencia va a aumentar», dice Carlos Leonel George, el tesorero de la COPA, y ex-preso encarcelado por resistirse a la mina. «Porque la gente está convencida de que destruirá su fuente de agua, y sin esa agua no tendrán forma de vivir. No es una broma para ellos. Se trata de la supervivencia.»
Todas las fotos de este artículo son de Seth Berry, un galardonado fotógrafo centrado en la documentación de las amenazas a la condición humana en América Central y más allá. Encuentre más de su trabajo aquí.
