Choluteca, Choluteca (Conexihon).- La serie de allanamientos realizados en el marco de la "Operación Hormiga" no tenían sustentación, hubo un mal procedimiento policial, fue un fracaso la operación y se confirma que todo se hizo para desmovilizar a las personas que protestan en la zona Sur de Honduras.

Así lo manifestó el abogado de la Red de Abogadas y Abogados Defensores del Sur, Ely Portillo explicó en declaraciones a Conexihon que durante la serie de allanamientos realizados en el marco de la Operación Hormiga, el reciente viernes 15 de febrero, lo que decomisaron fue pólvora de la que utilizan las alcaldías y las iglesias mientras que un tubo al que le denominaron “chimba” nada más sirve para meter la pólvora de ferias patronales.

En la audiencia inicial celebrada por el juez de jurisdicción nacional, José Enrique Romero Grillo, se cerró el caso dictando un sobreseimiento definitivo a la única persona capturada en la costosa operación policial desarrollada en Choluteca.

Allanamientos irregulares

De acuerdo con las organizaciones integrantes de la Mesa de Derechos Humanos de la zona Sur, “existe preocupación por la actuación institucional, pues los abogados defensores no tuvieron acceso a la investigación preliminar, a la supuesta denuncia realizada en contra de las personas víctimas del allanamiento irregular, o bien a las actas de vigilancia, fotos y videos u otros elementos que sustentan la orden que hace el Ministerio Público para que el juez ordene el allanamiento.

También en la audiencia de declaración de imputados no pudieron acceder a lo que fue el acta de allanamiento, inspección ocular, fotos, “no pudimos ver nada hasta la audiencia inicial por lo que presentamos una nulidad”, subrayó el abogado.

Durante la ejecución de las cinco órdenes de allanamiento contra personas de escasos recursos que participan en las manifestaciones de los miércoles y sábados desde hace un año en Choluteca, efectuados por la Policía Nacional, Ministerio Publico (MP), Policía Militar y agencias policiales y de investigación, el reciente viernes 15 de febrero en distintas colonias, buscando supuestos vendedores de drogas y tráfico de armas.

“Como no se puede criminalizar la protesta porque es un derecho constitucional que se ha logrado a través de la historia, el MP y las esferas del gobierno buscan criminalizar a las personas por los diferentes delitos, empezaron primeramente por terrorismo y atentado pero como nadie ha ido preso, gracias a la ayuda de diversas organizaciones de derechos humanos, los allanamientos ahora vienen como tráfico de droga y posesión de armas ilegales y hechizas”, agregó el abogado Portillo.

Momentos de terror

“Los policías se bajaron de los carros a las 5:45 a.m. de forma brusca le pagaron una patada a la puerta, ni buenos días dijeron a esta edad (70) tengo derecho a que me respeten yo me quedé en la puerta viendo cómo me encañonaron a mis hijos y nieto, tengo un hijo que sufre de esquizofrenia y él se medica en la noche para poder dormir y se despierta a las 10 de la mañana y yo les dije que él está enfermo y que no le trataran mal, ellos no me mostraron ninguna orden y yo me desmaye”, expresó apesarada Cecilia Flores al recordar el allanamiento.

Cecilia Flores entrando a su casa que fue allanada

La orden fue dirigida a uno de los hijo de Cecilia, Miguel Ángel Osorio, que participa en las manifestaciones y dice que protesta por todas las injusticias que hay, el alto costo de la energía, instalación de plantas fotovoltaicas, el precio de la gasolina y por el ilegal régimen.

“Me sentía mal y nervioso porque jamás en mi vida me ha pasado esto, nosotros no somos ningún delincuente, somos personas humildes y me dejaron toda la casa en un desorden me levantaron a mis niños de 11 y 13 años eso es una falta de respeto y un abuso autoridad la forma de como irrumpieron la paz en mi casa”, denunció Osorio.

Agresión psicológica

Las acciones policiales-militares ocurrieron de forma simultánea en cinco casas de diferentes colonias, los afectados expresan que fueron momentos de terror. Las organizaciones de derechos humanos que estuvieron en algunos allanamientos especifican que se dieron agresiones psicológicas, persecución política y que se sigue violando sistemáticamente los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y el derecho a defender derechos.

“Temo por mi vida y la de mi familia, mis nietecitos están traumados, cada vez que pasa un carro rápido me dicen <mami ahí vienen la policía y te van a matar> a mí me duele todo esto, a mi hija que padece del corazón y tiene unas semanas de embarazada la amenazaron y la acosaron sexualmente los agentes”, denunció Aleyda Huete.   

Además, Huete considera que se trata de una manera de callar al pueblo y de amedrentarlo pero que no lo van a lograr ya que seguirán en la lucha, sus vecinos también tienen miedo ya que los amenazaron con quebrarles sus celulares por grabar el hecho.

Casa de Aleyda, donde decomisaron productos de su pulpería

Por su parte, Juan Manuel López (56) comentó que antes de que llegaran las fuerzas de seguridad del Estado, a las 5:00 a.m. andaba un carro rojo doble cabina sin placas y un hombre se mantuvo merodeando en su terreno, “a saber que quería poner ahí para después poder acusarme como vendedor de cosas ilegales”.

Manuel López afirma que protesta por el alto costo de la vida y que una vez a su casa llegó un recibo de 28 mil lempiras “yo ni aire acondicionado tengo, mi casa es modesta no tenemos cosas grandes lo más que pagamos de luz son 700 lempiras, nosotros ni siquiera tenemos un trabajo fijo sino que vendemos cosas para poder subsistir”.

Prohibido asistir a manifestaciones

De los cinco allanamientos solo en uno hubo un detenido, acusado de tenencia de arma de fabricación cacera o artesanal comercial y tenencia de artefacto de fabricación cacera.

A Elvin Izaguirre le interpusieron medidas cautelares distinta a la prisión preventiva, le prohibieron asistir a las manifestaciones, firmar todos los martes y no salir del país, entre otras.

“Me exhibieron ante los medios como si yo fuera un gran delincuente pero los medios hablaron bien de mi porque me conocen, llegaron a mi casa como si yo fuera el más grande narcotraficante de Choluteca y lo más triste es ver como encañaran a mis viejitos que son de la tercera edad”, lamentó Izaguirre.

Ahora las autoridades deberán responder por las seis denuncias interpuestas el sábado 16 de febrero ante la Dirección Policial de Investigación por persecución política y se interpondrán otras ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras por exposición de armas a un menor de dos años, acoso sexual por parte de los entes de seguridad y el excesivo uso de la fuerza con el que entraron a las casas.

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