Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La indefensión golpeó duramente esta semana a defensores, periodistas y operadores de justicia «amparados» en el Mecanismo Nacional de Protección en Honduras.
El asesinato de dos indígenas tolupanes por defender el bosque en la Comunidad de San Francisco Locomapa, Yoro beneficiados de medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no pudieron ser implementadas por el Estado, pese a haber sido otorgadas hacía seis años atrás.
Los indígenas Salomón Matute y su hijo Juan Samael Matute, integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad fueron encontrados muertos, con varios impactos bala en la Tribu de San Francisco de Locomapa.
“En múltiples ocasiones el MADJ ha denunciado las agresiones y amenazas a las que eran sometidos [los defensores indígenas] por el simple hecho de defender el bosque y territorio Tolupán saqueado con la venia y complicidad de la policía y toda la institucionalidad de Yoro”, indicaron en un comunicado.
La Medida Cautelar MC-416/13 fue otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diciembre del 2013. Tres años después de la medida y al conocimiento pleno del Estado hondureño sobre el riesgo, se confirma el asesinato de cinco integrantes del pueblo indígena Tolupán en Honduras y de la comunidad de San Francisco de Locomapa. Uno de los indígenas asesinados fue Santos Matute.
La Comisión instó nuevamente a adoptar medidas inmediatas para proteger la vida e integridad de los integrantes del pueblo indígena Tolupán, sus líderes y defensores, respetando su identidad cultural, perspectiva y concepción de derechos, con miras a evitar la repetición de estos hechos. Pero los hechos se repitieron tres años después.
Aunque la CIDH ha urgido en repetidas ocasiones al Estado hondureño a conducir de manera inmediata y dentro de un plazo razonable una investigación de oficio, orientada al esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrieron estas muertes, lo cierto es que hasta ahora no existe ninguna sanción en contra de los responsables materiales e intelectuales.
Según información recibida por la CIDH, en 2016 en San Francisco de Locomapa fueron asesinados Nahún Alberto Morazán, Roberto Carlos Palencia, José Alvarenga, Elvin Joel Alvarenga y Santos Matute, todos integrantes del pueblo indígena Tolupán. Mientras que cuatro de ellos perdieron la vida al instante, Santos Matute fue trasladado con heridas de arma de fuego al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde falleció el 22 de febrero.
Santos Matute era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde 19 de diciembre de 2013 debido a las amenazas, hostigamientos y hechos de violencia contra integrantes del MADJ por su labor en defensa de los recursos naturales de los pueblos indígenas en el sector.
Solamente unos días antes, la CIDH manifiestaba su profundo repudio ante el asesinato de Berta Cáceres, reconocida defensora de derechos humanos, lideresa indígena y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Berta Cáceres era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en 2009 y en repetidas ocasiones había denunciado de forma pública la situación de grave riesgo y hostigamiento en la que se encontraba.
“El sólo defendía la tierra”
“Ellos se dirigían a trabajar para sembrar maíz y frijoles y los estaban esperando en el lugar en una montaña (de la zona) y sin mediar palabra les dispararon y les dijeron que se salieran y mi padre, un defensor de la tierra, lo que le dijo al hechor, que se llama René Córdoba, se le hincó y le dijo que si quería hacerse cargo de su vida que lo asesinara porque él estaba defendiendo su derecho y éste le pegó un tiro en la cabeza e instantáneamente murió mi padre”, expresó a Canal 11, el líder indígena e hijo y hermano de las víctimas, Ramón Matute.
Luego Melvin Córdoba asesinó a mi hermano Juan Samael Matute de dos disparos de escopeta en el mismo instante. Había un vigilante que andaban ellos para avisarles si andaban más personas, añadió Matute.
Matute agregó que ellos tienen un consejo preventivo que funciona para proteger el medio ambiente, pero han sido olvidados por las autoridades de Yoro y los empresarios de la zona a quienes responsabilizan de este derramamiento de sangre.
Más recomendaciones, 17 asesinatos
En sus recomendaciones del informe preliminar de la visita “In Loco” de la CIDH realizada en 2018 a Honduras destacan: “Elaborar un plan de acceso a la justicia para garantizar que las víctimas, familiares y defensores de derechos humanos tengan amplio acceso a investigaciones y procesos judiciales vinculados a violaciones de derechos humanos para fortalecer una justicia independiente e imparcial”.
Implementar de manera inmediata, idónea y efectiva, las medidas cautelares otorgadas por la Comisión. A ese respecto, el Estado debe asegurar que las medidas adoptadas sean idóneas y efectivas.
Asimismo, la Comisión instó al Estado a fortalecer la investigación de las fuentes de riesgo que sustentan las medidas cautelares, con el objetivo de mitigarlas y a fortalecer al Mecanismo de Protección, de manera que pueda atender al aumento de demanda de las medidas de protección, así como para asegurar la implementación efectiva de las mismas.
La CIDH analizó con particular preocupación la situación de riesgo del pueblo indígena Tolupán debido a la ejecución de proyectos de explotación minera y represas hidroeléctricas sin un adecuado proceso de consulta previa, libre e informada. El informe indica que 17 integrantes del pueblo Tolupán han sido asesinados en los últimos años sin que se haya investigado de forma debida estos crímenes.
El Estado sabía del riesgo
Que haya una medida cautelar vigente de la CIDH quiere decir que las autoridades estatales estaban informadas de la situación de riesgo grave inminente en que estaba la persona, por lo cual resulta particularmente preocupante que no se hayan adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas protegidas por la misma.
Juan Matute quien fue parte del Consejo Preventivo de la comunidad indígena, formó parte de los huelguistas de hambre entre junio y julio del 2015, cuando se exigía la presencia de una Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) y junto a su padre Salomón era fiel defensor de los derechos del pueblo Tolupán.
El coordinador político del MADJ, Víctor Fernández, condenó la violencia, saqueo e invasión en esta comunidad “nuestros hermanos Tolupanes del MADJ siguen ofrendando su vida por la tierra, por la vida, por la justicia y la Dignidad”, escribió desde su cuenta en Facebook.
De acuerdo con miembros del MADJ las medidas cautelares de protección otorgadas nunca fueron ejecutadas pues el ofrecimiento de medidas policiales como enlaces o escoltas aumentaba el peligro de sus vidas. “Les querían otorgar como escoltas a los mismos policías que los agredían, eso era imposible, de ninguna forma era una medida efectiva”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
