Por: Gissel Grandez

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Sobreseimiento definitivo. Fue la resolución tomada este viernes en los Juzgados de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, para los oficiales de policía, Juan Manuel Aguilar, Félix Adrían Colindres y Marlon Vásquez Palma, acusados por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, lesiones, detención ilegal y torturas, contra cuatro defensores y ocho estudiantes universitarios.

La acusación fue promovida por los defensores Carlos del Cid, Ariel Díaz, Hedme Castro y Tomy Morales (también periodista), quienes fueron agredidos físicamente al lanzarles gas pimienta, en el marco de un acompañamiento que daban a un desalojo violento ocurrido el 08 de septiembre de 2017 en la Universidad nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Algunos de los defensores de derechos humanos afectados, estaban presentes en los juzgados esperando sentencia condenatoria en al menos dos delitos de los cinco que se les imputaba a los altos mandos policiales, para dejar un precedente de que los uniformados no volvieran a cometer atropellos contra quienes defienden derechos humanos en el país.

Con más de una hora de retraso, y posicionando en el papel de victimarios a las víctimas, la jueza Gabriela Gallo, dictó el sobreseimiento definitivo por todos los delitos encausados al no observar criterios que argumentaran cada uno de ellos, manifestando que los cuatro defensores impidieron la labor policial, de acuerdo a una comitiva de observadores de las distintas organizaciones de derechos humanos que presenciaron la lectura de la resolución.

Ariel Díaz, miembro del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (Ciprodeh), y uno de los defensores agredidos expresó que, cuando ocurrió el inhumano trato el pasado 8 de septiembre, sintió que no estaba en un Estado que garantiza los derechos humanos “un Estado que es ausente y toma partido frente a la violencia y la desigualdad”.

Carlos del Cid, miembro del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos (OEIDH), Sufrió quemaduras de un 80 por ciento de la cornea del ojo izquierdo y un 30 por ciento del ojo derecho, por ello le dieron 14 días de incapacidad de parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y un tratamiento de dos meses para recuperarse de las quemaduras. A pesar de todos los tratamientos perdió el dos por ciento de la vista del ojo izquierdo.

“Libres de delitos, quedan tres policías de alto rango la resolución es un estado de vulnerabilidad total a los derechos humanos y las víctimas, vamos a seguir siendo hostigados por parte de los policías, porque ellos tiene poder sobre la tropa, basta con que ellos ordenen seguimiento, vigilancia e investigaciones perimetrales, registros de las llamadas telefónicas y van tratar de intimidarnos”, lamentó Del Cid.

Además, deunció que ha sufrido hostigamiento como la llegada de policías y militares en su trabajo a filmar descaradamente las instalaciones por fuera de la oficina.

“Han llegado carros con vidrios polarizados y sin placa, hombres con pistolas y en los alrededores de mi casa hacen preguntas de quiénes viven ahí y qué tipo de personas son, además llamadas telefónicas insistentes, todas esas son señales de intimidación de parte de la policía y del alto repertorio que tienen para hacernos a las victimas desistir”, afirmó el defensor.

La jueza Gabriela Gallo acusó a los defensores de provocar el comportamiento violento de los policías, por lo que, ellos tuvieron que actuar en base a Ley.

Carlos del Cid concluyó diciendo que el sistema judicial está podrido con jueces como la señora Gallo, lo que realmente le espera al país es vendetta pública de ser señalado como un país miserable, donde el Poder Judicial tiene miedo de acusar a los que poseen las armas. Está es una prueba que no se ejerce la justicia en los derechos humanos y que por el contrario se viola desde las instancias públicas como el Poder Judicial.

Para el abogado Omar Menjivar, el descartar el delito de tortura es también hacerlo con el resto de los delitos “donde uno de los imputados, sin justificación decide deliberada e arbitrariamente sin justificación aplicar una dosis personalizada de gas pimienta a las personas agredidas”.

En las últimas horas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), se pronunció en contra de la resolución y además señaló su preocupación por la estigmatización y el hostigamiento a los y las defensoras.

“En el marco de esta observación y acompañamiento, cabe señalar, que se produjeron demoras en el proceso con la reprogramación de varias audiencias”, puntualizó la OACNUDH.

 

 

 

 

 

 

 

 

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