Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Una creciente concentración de poderes, desde el Ejecutivo sobre el legislativo y Judicial existe en Honduras que se incrementó en el contexto de violencia y violación a los derechos humanos en la crisis pos electoral del 2017, especifica el informe de país Honduras 2018, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

“El tráfico de drogas y el crimen organizado se han infiltrado a varias instituciones estatales”, constató la CIDH durante su visita in loco al país en agosto de 2018, cabe destacar que el ex diputado Tony Hernández, hermano del ilegitimo presidente JOH, está enfrentando un juicio en Estado Unidos por suponerlo uno de los narcotraficantes más peligrosos de Centro América.

En el desarrollo del juicio los testigos han acusado a varios diputados, alcaldes y miembros de fuerzas de seguridad del Estado de ser cómplices para enviar droga al país norte americano.

Impunidad estructural

La concentración de poderes conlleva a “niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares. La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y favorecer la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos” subraya el informe.

Desde el golpe de Estado de 2009, se produjeron violaciones a los derechos que afectaron gravemente a la población hondureña, los efectos han persistido y han hecho más compleja la situación en el país, con el uso desproporcionado de la fuerza que utiliza el Estado en las protestas del país que ha cobrado vidas de los manifestantes.

La pobreza, desigualdad, discriminación, corrupción son factores que debilitan la institucionalidad y la situación de impunidad que tiene consecuencia de una justicia selectiva que actúa de manera tardía y favorece los intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y empresarial.

Grupos de especial preocupación

Las personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas y afrodescendientes, niñez, adolescencia, mujeres, personas de la diversidad sexual, migrantes y personas privadas de libertad, son algunos de los sectores de la población hondureña en situación particular de vulnerabilidad.

La CIDH constató que las personas defensoras del medio ambiente, la tierra y el territorio son quienes enfrentan mayores riesgos en Honduras. Estas personas enfrentan la mayoría de los casos de violencia, criminalización y difamación frente a la instalación de proyectos hidroeléctricos, mineros o agrarios, es urgente que el ejército deje de realizar funciones de seguridad en zonas donde hay conflictos de tierras cono es el caso del Bajo Aguán, ya que  conlleva la violenta represión y persecución.

Recomendaciones  

La Comisión resalta que para que exista un pleno disfrute de los derechos humanos, resulta indispensable que Honduras avance en su proceso de institucionalidad democrática, garantice una auténtica separación de poderes y fortalezca el Estado de Derecho. En este contexto, resulta crucial que la ciudadanía recobre la confianza en sus instituciones estatales. Para ello, el Estado debe tomar medidas decisivas en la administración de justicia y lucha contra la impunidad y corrupción, así como en reformas al sistema electoral conforme a las recomendaciones internacionales elaboradas en dicho sentido

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