San José, Costa Rica (Conexihon).- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), instó al Estado hondureño para que reconozca la inocencia de ocho defensores de los bienes comunes y la naturaleza  de la comunidad de Guapinol, en el departamento de Colón, presos hace cinco días.

De igual forma, demando una investigación que esclarezca el crimen contra Roberto Antonio Argueta, líder de la comunidad de Guapinol criminalizado, quien fuera asesinado el pasado miércoles 28 de agosto.

A continuación, Conexihon reproduce íntegro del comunicado de CEJIL

San José, 29 de agosto de 2019.- El 28 de agosto, miembros del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) en Tocoa, Honduras, denunciaron el asesinato de Roberto Antonio Argueta Tejada. Posteriormente, fuerzas de seguridad del Estado hondureño han acosado a pobladores de la comunidad de Guapinol.

Argueta era una de las 32 personas criminalizadas, en un contexto de violencia sistemática y militarización de la zona debido a la imposición de un proyecto minero en el Parque Nacional “Montaña de Botaderos”, por parte de la empresa Inversiones Los Pinares. El parque es un área protegida que contiene zonas de recarga hídrica, de las cuales se benefician las comunidades aledañas.

Desde el 2018, quienes resisten a la imposición del proyecto han sido víctimas de campañas de desprestigio, hostigamiento y amenazas que, con el de Argueta, suma ya un saldo de siete asesinatos.

Criminalización y violencia

Desde el 26 de agosto de 2019, siete defensores criminalizados por su labor de defensa de derechos humanos y bienes naturales e integrantes del CMDBCP, permanecen privados de libertad a la espera de que se desarrolle la audiencia inicial, cuyo plazo vence el próximo domingo 01 de setiembre. En el caso de uno de los siete defensores, Arnold Javier Alemán, esta se ha convocado para el día de hoy 30 de agosto, en el Cuartel Militar General Cabañas y ha sido asignado al Juez de Jurisdicción Nacional Claudio Aguilar, quien también había conocido casos como los de Edwin Espinal y Raúl Álvarez, criminalizados en el marco de la crisis post electoral.

A los siete defensores, Porfirio Sorto, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez, se suman el defensor Jeremías Martínez (quien está privado de libertad desde diciembre de 2018) y Antonio Martínez (quien falleció tres años antes de los presuntos hechos). 9 de los 32 requerimientos fiscales presentados contra los defensores son por los delitos de “usurpación y daños”, “incendio”, “privación injusta de la libertad”, “robo agravado” y “asociación ilícita”.

Anteriormente, en febrero del presente año se había procesado injustamente a 13 personas defensoras, que permanecieron privadas de libertad hasta que se reconoció su inocencia por parte de los Juzgados de Jurisdicción Nacional en Tegucigalpa.

Lo descrito se da como consecuencia directa del accionar del Estado de Honduras que, por años, ha priorizado la instalación de proyectos mineros, hidroeléctricos, de pesca submarina o extracción maderera sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades y la garantía de su vida e integridad. El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras su reciente visita a Honduras, señaló que “la escalada de conflictos sociales muy a menudo está relacionada con la extracción y explotación de los recursos naturales y proyectos de desarrollo a gran escala, a menudo está vinculada a la falta de consultas significativas”.

Desde CEJIL instamos a las autoridades judiciales a actuar de manera diligente, reconociendo la inocencia de los defensores por las conductas que se les imputan. El Estado de Honduras debe cesar la criminalización de quienes ejercen una legítima defensa de los bienes naturales, la tierra y el territorio. Como indicó la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), el Estado debe reconocer la importante labor de quienes defienden los derechos al medioambiente, así como promover la defensa de sus derechos, y evitar las prácticas de estigmatización y criminalización para limitar su labor.

Asimismo, demandamos que se avance con la investigación, juzgamiento y sanción de las personas responsables por el asesinato de Roberto Antonio Argueta Tejada y los demás asesinatos, ataques y amenazas perpetradas en contra de las comunidades. Estos hechos no deben quedar impunes.

Por último, reafirmamos nuestro compromiso con la lucha digna y legítima por el derecho al agua y a la vida en Honduras y alzamos nuestra voz con las y los defensores en Guapinol: “¡No son criminales, no son delincuentes, son defensores del medio ambiente!”

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