La Ceiba, Honduras (Conexihon).- Al entrar a una de las salas del Poder Judicial, las 18 personas criminalizadas por la defensa de los bienes comunes de la comunidad de Guapinol, era igual como hacerlo a un centro penitenciario. Una persona ya se jugaba su libertad sobre la mesa.
Este viernes, ante una -ya no- impresionante presencia policial y de miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), rodearon la sede de justicia donde se llevó a cabo el inicio de la audiencia de presentación voluntaria contra 18 defensores del territorio.
Sin embargo, un grupo de pobladores y pobladoras, aglutinadas en el Comité Municipal en Defensa de los bienes Comunes y el Territorio del municipio de Tocoa, y la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), a acudieron al lugar para acompañar a los defensores y las defensoras que enfrentan esta nueva escalada de criminalización.
Al salir de la audiencia, cerca del mediodía, Carlo Jiménez, del equipo legal de las 18 personas criminalizadas, denunció que el juez con jurisdicción nacional, Carlos Irías de León, afirmó la existencia de un nuevo requerimiento fiscal contra 32 personas de la comunidad de Guapinol, por los delitos de privación injusta de la libertad, incendio agravado, robo, incendio y asociación ilícita.
“Nos manifestó su intención de no dar medidas distintas a la detención judicial, lo que significa que considera que su trabajo es enviar gente a la cárcel, sin tomar en cuenta el arraigo, pero sobre todo la presentación voluntaria de quienes se acusa”, sostuvo Jiménez.
Agregó que los abogados presentaron una recusación para que Irías de León no siga conociendo la causa que se les imputa a los 18 defensores y defensoras.
Este proceso surge, luego que se presentara un primer requerimiento fiscal, bajo el expediente 148-2018, de octubre de 2018.
Sobre el nuevo requerimiento, al que tuvo acceso Conexihon.hn fue presentado el 15 de enero del presente año, ante la jurisdicción nacional de san pedro Sula. Sin embargo, al consultarle al abogado Jiménez sin conocían de dicho requerimiento, afirmo que fue sorpresa enterarse hasta el desarrollo de la audiencia celebrada este día.
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La defensa de las víctimas, preguntaron antes de iniciar la audiencia, si existía otro proceso, se reiteró la negativa de esta.
Para Jiménez, esto no es más que una persecución política contra quienes defienden el territorio y los bienes comunes, contra los intereses extractivistas instalados en el país.
“Posterior a este requerimiento del 15 de enero, acudimos a los juzgados de jurisdicción de San Pedro Sula, al juzgado ordinario de Tocoa para buscar información para saber si existía una nueva acusación, nos negaron la existencia del mismo”, expuso.
Este requerimiento fue inmediatamente ejecutado por esta instancia de jurisdicción nacional, ya que el 21 de enero, se instruyó a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), dar captura inmediata a los procesados en esta causa.
La defensa de los bienes comunes sigue en pie
Al salir de la audiencia, en una corta rueda de prensa, Juana Esquivel, coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez (F-SAR), aseguró que los hoy criminalizados y una criminalizada, “han dicho que afrontarán voluntariamente todo este proceso judicial en su contra”.
De igual forma, enviaron un mensaje para que la comunidad nacional e internacional se solidarice y mantenga alerta durante este proceso, dado el riesgo que conlleva a quienes hoy enfrentan dicha criminalización, de las consecuencias de una justicia parcial como la que se ve en esta audiencia.
Para Esly Banegas, lideresa de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA), vivimos dos tipos de justicia, la que se nos aplica como defensores y defensores de la vida, del agua y la otra, de la que gozan quienes “saquean el Estado y se enriquecen”.
“Esta justicia va contra quienes luchamos y la otra que defiende a quienes saquean los estados y se enriquecen, esa justicia es otra y les favorece, casos como ‘pandora’, ‘las cajas chicas’ y todo alrededor de un Estado que sólo responde a los intereses de un sólo grupo”, dijo Banegas.
En un informe presentado por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en honduras (COFADEH), denominado “Criminalización de la Oposición Política en Honduras”, cuestiona la creación de los Juzgados con competencia Nacional, ya que se aplica para someter a disidentes políticos a procesos injustos y no en la lucha contra el crimen organizado, razón para la que fue creada esta instancia.
Al cierre de esta nota, se conoció que la audiencia se realizaría en Tegucigalpa en las próximas horas.
