Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Presos Políticos, familiares y víctimas de ataques en la crisis post electoral, se reunieron con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la tarde de este domingo.
El lugar de la reunión es muy conocido por sectores populares y de la oposición política, en el Hotel Marriot, ubicado en la misma calle la de Casa Presidencial, la del Majestuoso Centro Cívico Gubernamental; donde dos ciudadanos fueron acusados en enero y hoy son presos políticos, junto a tres personas más.
En el recuerdo aún quedan presentes los gases lacrimógenos, la fuerza policial sobre la ciudadanía que un 12 de enero protestó a inmediaciones de Casa Presidencial y frente al hotel donde se instala la CIDH en su visita In Loco a Honduras.
Ese día fueron agredidos los periodistas César Silva, Rony Martínez y Pedro Amador (Camarógrafo), todos del Canal UNE TV; de igual forma la corresponsal de Univisión, Claudia Mendoza, fue golpeada en su brazo mientras con su celular filmaba el momento en que sus colegas de UNE Tv eran agredidos por militares.
Pero este fue el lugar, en una tarde de domingo que refrescó con una ligera lluvia las esperanzas de que haya justicia para el caso de presos políticos en el país, una realidad que vive más de 20 personas, 17 en libertad, pero con medidas contrarias a la prisión.
Mientras la reunión se realizaba en el hotel, afuera hubo presencia del arte por medio de la declamación de poesía y canto popular.
En un comunicado, el Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos, denunció que producto de la ilegal reelección presidencial, se han registrado levantamiento de perfiles de opositores, seguimientos, detenciones ilegales, así como los procesos penales que continúan vigentes y encarcelamiento de quienes “se manifestaron en oposición al nuevo régimen”.
Actualmente, los cinco presos políticos son: Edwin Robelo Espinal y Raúl Eduardo Álvarez, en la cárcel de máxima seguridad llamada “La Tolva”, en Morocelí, El Paraíso. Ambos acusados por incendio, uso de material explosivo de fabricación cacera en perjuicio de dos instalaciones privadas, una de ellas el hotel donde la Comisión realiza reuniones con distintos sectores en la capital; y otros estragos.
De igual forma, se encuentran recluidos Gustavo Adolfo Cáceres y José Gabriel Godínez, presos en el Centro Penal de El Progreso, en el departamento de Yoro; y Edy Gonzalo Valle, en la cárcel de máxima seguridad “El Pozo”, en Ilama, Santa Bárbara.
Un informe de Amnistía Internacional, presentado en junio de 2018, menciona que preocupa las condiciones de los presos políticos tanto en El Progreso como en Morocelí. “algunos de los factores alarmantes son la severa escasez de comida y agua potable, hacinamiento, falta de cama o la ausencia de separación entre las personas con prisión preventiva y las ya condenadas”.
El Comité que acompañó a los familiares, instó a la CIDH para que solicite información al estado hondureño sobre los que aún están en los tres centros penitenciarios.
A su salida del encuentro con la CIDH, cerca de las seis de la tarde, los y las familiares, junto con personas que fueron detenidas durante la crisis post electoral, tuvieron que salir bajo el resguardo de dos miembros de la Comisión mientras se dirigían hacia el plantón del Comité por la Liberación de los Presos políticos. Esto debido a que fueron intimidados por las fuerzas policiales y militares que cerraron los alrededores al hotel.
Al salir del encuentro, la lideresa magisterial Araminta Pereira comentó que la delegación de la CIDH “quedó sumamente impactada” con los testimonios de las familias de quienes permanecen en prisión, así como de quienes están en libertad con medidas sustitutivas y víctimas directas.
“En que la comisión pudiese realmente emitir las recomendaciones y exigir que este gobierno repare los daños que se les han producido”, destacó Pereira.
Para este próximo viernes, la CIDH y sus distintas relatorías, presentaran en conferencia de prensa, las conclusiones de su visita in loco al país.
