Investigación documenta las barreras que excluyen a mujeres y grupos vulnerables de la política hondureña
Con una ley que exige 50% de candidaturas femeninas, las mujeres apenas alcanzaron el 22% en las alcaldías; de los 52 incidentes de violencia con motivación política documentados en el ciclo electoral 2025, ninguno ha sido sancionado.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon). — Honduras tiene una de las legislaciones de paridad más ambiciosas de la región y, al mismo tiempo, uno de los resultados más pobres en representación efectiva de las mujeres. Esa es la contradicción central que documenta la investigación sobre barreras para el ejercicio de los derechos políticos elaborada por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), con el apoyo de ONU Mujeres, a partir del monitoreo del ciclo electoral 2025, testimonios directos de candidatas y respuestas oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) obtenidas por la vía del acceso a la información pública.
Los números del propio órgano electoral trazan la brecha. En las elecciones primarias de marzo de 2025, con la paridad del 50% vigente como mandato legal, las mujeres representaron cerca del 47% de las candidaturas a diputaciones y apenas el 22% en las alcaldías. Y el control de las cabezas de lista —la posición que realmente decide quién resulta electo— permaneció en manos masculinas: para las elecciones generales, solo una planilla presidencial fue encabezada por una mujer, apenas 10 planillas de diputaciones entre los tres partidos mayoritarios llevaron a una mujer en el primer lugar, y de los 298 municipios del país, solo 94 nóminas municipales de esos mismos partidos fueron encabezadas por una candidata.
«Con listas paritarias, pero cabezas de lista masculinas, la paridad se convierte en un piso de candidaturas, no en un piso de poder», concluye la investigación.
En plena contienda electoral, a Yamileth Flores le pusieron precio a su lucha. Según su testimonio, un emisario le hizo llegar la oferta: un millón y medio de lempiras a cambio de sus credenciales electorales, los documentos que acreditan a los representantes de mesa de un partido ante las juntas receptoras de votos y que en el sistema hondureño se han convertido en mercancía.
Dijo que no.
«Si yo vendía las credenciales, era tirar al cesto de la basura todo el tiempo de lucha que habíamos hecho», explica en la entrevista recogida por la investigación sobre barreras para el ejercicio de los derechos políticos en Honduras, elaborada por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) con el apoyo de ONU Mujeres.
De la protesta a la papeleta
Flores no llegó a la política por la vía de los partidos, sino por la de los mercados. Periodista con 26 años de carrera y comerciante del mercadito El Rápido de Choluteca, se convirtió en vocera del Frente de Lucha contra el traslado forzado del transporte hacia la Terminal del Pacífico, una decisión municipal que —según documenta su testimonio— amenazaba con vaciar los mercados del centro de la ciudad, de los que dependen decenas de miles de usuarios y familias del comercio popular.
Cuando la vía de la protesta se agotó sin respuesta institucional, dio el paso: candidata a la alcaldía de Choluteca por el PINU-SD. «¿Quién más que yo, que he estado en esta lucha?», resume. Su candidatura, explica la investigación, no nació como ambición personal sino como contrapeso: una extensión de la protesta social, no una ruptura con ella.
El testimonio de Yamileth Flores, periodista y comerciante que saltó de la protesta social a la candidatura por la alcaldía, es una de las piezas centrales de la investigación de C-Libre sobre las barreras que excluyen a las mujeres de la política hondureña.
Lo que encontró fue un sistema con reglas no escritas. Su testimonio describe desde adentro cómo opera el mercado de credenciales: «Aunque las credenciales sean asignadas para mí en Choluteca, les sirven a otro alcalde de otro partido político y en otro municipio. Este es el negocio. Por eso mucha gente en Honduras participa en política: porque saben que es un negocio redondo». El día de las elecciones, relata, la desigualdad se materializó donde no pudo colocar representantes propios: «En las mesas donde yo no tuve representante, me robaron», afirma en su testimonio.
Su caso documenta un hallazgo central del estudio: la desigualdad electoral no es solo de financiamiento. Es también de capacidad organizativa para defender el voto frente a maquinarias consolidadas, una capacidad que las candidaturas emergentes —y en particular las de mujeres que llegan desde el liderazgo comunitario— no tienen forma de igualar.
La paridad que no llega al poder
El contexto en el que compitió Flores lo dibujan los números del propio Consejo Nacional Electoral (CNE), obtenidos por la investigación mediante acceso a la información pública. Con una paridad del 50% como mandato legal, las mujeres representaron cerca del 47% de las candidaturas a diputaciones en las primarias de 2025 y apenas el 22% en las alcaldías, el nivel por el que ella compitió. El control de las cabezas de lista siguió en manos masculinas: solo una planilla presidencial fue encabezada por una mujer y, de los 298 municipios del país, apenas 94 nóminas de los tres partidos mayoritarios llevaron a una candidata en el primer lugar.
«Con listas paritarias pero cabezas de lista masculinas, la paridad se convierte en un piso de candidaturas, no en un piso de poder», concluye el informe.
Una violencia que castiga el avance
El estudio cruza la base de datos de alertas de C-Libre con más de 50 casos de monitoreo electoral levantadas entre el 29 de mayo y 31 de enero. El hallazgo es consistente: cuando la agresión tiene motivación política, las mujeres pasan de ser minoría entre las víctimas a ser la mayoría —el 57.6% de los casos con género identificado en 2025—. Y en el 100% de los incidentes documentados durante el período electoral, incluidos aquellos con agresores plenamente identificados, no existe una sola sanción.
Los testimonios recogidos muestran que esa violencia no siempre deja huellas físicas. María Chinchilla, periodista con 32 años de trayectoria en Choluteca y candidata a diputada, enfrentó apodos denigrantes y descalificaciones públicas dirigidas a su edad y su apariencia; el ataque que más recuerda provino, según su relato, de una diputada en funciones que pedía «no voten por esa vieja». A la campaña de burlas se sumó la exclusión económica y mediática: «Los mismos compañeros nunca me apoyaron. No me daban publicidad», relató.
En el otro extremo del espectro está el caso de Yuam Ceferina Pravia Navas, periodista indígena miskita y candidata a la vicealcaldía de Puerto Lempira: en julio de 2025, desconocidos intentaron incendiar su vivienda mientras sus tres hijas menores estaban adentro, tras un patrón de amenazas documentado desde 2023 que ninguna autoridad interrumpió. La investigación también registra la denuncia por violencia política de género que una candidata a diputada —cuya identidad se protege a su solicitud— presentó ante el CNE en diciembre de 2025, por obstáculos para acceder a documentación electoral y presiones desde su propia estructura partidaria.
Ese último caso expone además una contradicción institucional: en su respuesta oficial a la solicitud de información SOL-CNE-556-2025, el CNE afirmó que, pese a contar con un Protocolo contra la Violencia Política de Género desde 2021, ante el órgano electoral «no se han presentado denuncias».
Barreras que se acumulan
La investigación abarca también a jóvenes, pueblos indígenas y afrodescendientes, personas LGBTIQ+ y personas con discapacidad, y encuentra un patrón común: normas protectoras sin sanción efectiva, exclusión económica como filtro de entrada a la política, dependencia de la cooperación internacional para sostener las acciones de inclusión e impunidad como habilitador de la violencia.
El CNE confirmó por escrito que, fuera de la cuota de género, no existen cuotas ni mecanismos de monitoreo para ningún otro grupo en condición de vulnerabilidad, y que el único dato que desagrega sistemáticamente por género es el número de candidatas participantes y electas.
Las barreras, además, se potencian cuando se acumulan: la candidata indígena en un territorio aislado, la joven sin capital político, la defensora de derechos humanos que da el salto a la política enfrenta simultáneamente exclusiones que las políticas sectoriales no alcanzan a cubrir.
Entre sus recomendaciones, el informe pide al Congreso Nacional aprobar el tipo penal específico de violencia política de género —cuya reforma, propuesta por el propio CNE, no fue aprobada al cierre del ciclo 2025—, al órgano electoral aplicar las sanciones previstas a los partidos que incumplen (solo 6 de 14 presentaron su política de género en 2025) y publicar datos desagregados, y al Estado garantizar protección efectiva para las mujeres políticamente expuestas en todas las etapas del ciclo electoral.
Las protagonistas, mientras tanto, anuncian que seguirán. «No me van a acobardar», dijo María Chinchilla. «Es que voy a volver a participar.»
Nota basada en la investigación «Barreras para el ejercicio de los derechos políticos en Honduras».
