Tegucigalpa, Honduras (ConexiHON). El Plan de Gobierno “Juntos Vamos a Estar Bien 2026–2030”, presentado por Nasry Juan Asfura, propone una visión centrada en legalidad, seguridad jurídica, inversión y crecimiento económico. Sin embargo, un análisis de su contenido evidencia debilidades en materia de derechos humanos, particularmente en libertades fundamentales y protección de poblaciones históricamente vulneradas.
El documento está estructurado en ejes como seguridad, energía, infraestructura, salud, educación y política social, pero no incorpora un enfoque de derechos humanos como eje transversal. Los derechos se abordan principalmente como servicios asociados al desarrollo económico, sin establecer obligaciones claras del Estado para garantizarlos.
Derechos sociales: reconocimiento sin exigibilidad
El plan reconoce problemas estructurales como pobreza multidimensional, déficit habitacional, limitaciones del sistema de salud y brechas educativas. También propone ampliar cobertura de servicios básicos, mejorar infraestructura pública y generar empleo. No obstante, las propuestas carecen de indicadores verificables, compromisos presupuestarios y mecanismos de exigibilidad, lo que limita su impacto desde la perspectiva de derechos económicos, sociales y culturales.
Seguridad ciudadana: prevención en el discurso, control en la práctica
En materia de seguridad, se combina la prevención social de la violencia y la capacitación policial en derechos humanos con un énfasis marcado en control territorial, fortalecimiento de fuerzas interagenciales e inteligencia criminal. Organizaciones de derechos humanos advierten que un enfoque excesivamente represivo, sin medidas claras de control civil y rendición de cuentas, puede profundizar prácticas violatorias, especialmente en comunidades empobrecidas y territorios en disputa. Un defensor consultado señaló que “hablar de policía comunitaria sin reformar de fondo los cuerpos de seguridad ni reconocer los abusos del pasado es una promesa frágil”.
Libertades fundamentales y protección de periodistas
Uno de los vacíos más notorios del plan es la ausencia de referencias explícitas a libertad de expresión, libertad de prensa y protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como al derecho a la protesta social pacífica y a medidas para prevenir su criminalización.
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) emitió un pronunciamiento al recién inaugurado gobierno de Nasry Asfura en el que instó al Ejecutivo a garantizar el respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información, considerándolos pilares de la democracia y la transparencia. En su comunicación, el gremio también pidió un trato justo y digno para los periodistas y que la comunicación estatal esté a cargo de profesionales con experiencia.
Designación de la viceministra de Derechos Humanos
En este contexto, varias organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación por el nombramiento de la exdiputada del Partido Liberal, Kathia Marcela Crivelli Ramírez, como viceministra de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), juramentada el 5 de febrero en Casa Presidencial.
Crivelli Ramírez es hija del alcalde de Choloma, Leopoldo Eugenio Crivelli Durant, con denuncias sobre casos de corrupción, colusión con estructuras del narcotráfico y violencia política. El nombramiento se produce en un contexto de vulnerabilidad extrema para defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia, y plantea cuestionamientos sobre la idoneidad, mérito y autonomía del personal en el Mecanismo Nacional de Protección.
El Mecanismo ha registrado 547 solicitudes de medidas de protección, de las cuales 183 permanecen activas (109 individuales y 74 colectivas). De este total, el 74% son para personas defensoras de derechos humanos y abogados, un 20% para periodistas y comunicadores, y un 6% para operadores de justicia.
Al respecto, diversos órganos internacionales han instado al Estado a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección: La Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión de la CIDH (2015) y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas (2017) urgieron garantizar mecanismos sólidos y permanentes de protección para periodistas y defensores.
Las recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU) de Honduras, 2016 y 2021, instaron a priorizar idoneidad y mérito sobre criterios políticos en la designación del personal encargado de la protección.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH, 2020) enfatizó la necesidad de mejorar la capacitación, recursos financieros y técnicos del Mecanismo, especialmente ante casos de vulnerabilidad extrema.
