Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Al transcurrir seis meses de presencia militar en la gestión del sistema penitenciario, el Centro de Prevención, Rehabilitación y Tratamiento de Víctimas de Tortura (CPTRT), demandó su salida y nombrar una comisión interventora ciudadana.
En un comunicado, la organización de derechos humanos, recordó que hoy (18 de junio,2020) se vence el plazo de seis meses para regir lo correspondiente a las cárceles en el país y por ende, deberían rendir informe en cadena nacional de su gestión, especialmente con enfoque en derechos humanos.
Otra de las demandas del CPTRT es la realización y publicación de un informe especial sobre las masacres en las cárceles ocurridas en diciembre y la más reciente, ocurrida el pasado 23 de mayo en la Penitenciaría Nacional “Marco Aurelio Soto” ubicada en Támara, departamento de Francisco Morazán.
“Sería valioso que los miembros de la comisión interventora, fueran relevados por ciudadanos y ciudadanas conforme a estándares muy altos de integridad y compromiso profesional”, expuso el CPTRT.
Sobre este punto, la oenegé en base a un legado del líder pacifista Mahatma Gandhi “Vivir sin hacer daño”, planteó una “reforma penitenciaria” que desarrolle una visión de las cárceles como lugares de transformación en estilos de vida individual y comunitaria.
El pasado 19 de diciembre, el gobierno hondureño a través del Decreto Ejecutivo PCM-068-2019, decretó un estado de emergencia en el sistema penitenciario e instaló una comisión interventora, integrada “en pleno” por la Fuerza de Seguridad Institucional Nacional (FUSINA).
Militarización no era la solución
La creación de dicha comisión interventora bajo el control de FUSINA, fue una decisión cuestionada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, por incumplir estándares internacionales en materia penitenciaria.
El pasado 19 de diciembre, la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de las Sentencias y Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, manifestó su preocupación por la integración de una fuerza militar para la conducción del sistema penitenciario, hecho que “una manifestación más del fenómeno de la militarización de los espacios públicos” profundizado a partir del golpe de Estado de junio de 2009.
Por ello, la Mesa de Seguimiento exigió en aquel momento la administración y custodia de los centros penitenciarios por personal civil y con especialidad en la materia. Además, la creación de una estrategia para la progresiva desvinculación de las fuerzas armadas, para asegurar su traspaso al Instituto Nacional Penitenciario.
Por último, instó dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en los casos López Álvarez y Pacheco Teruel y otros, pendientes desde 2006 y 2012 respectivamente.
La Mesa de Seguimiento, está conformada por las siguientes organizaciones: Asociación de Jueces por la Democracia (AJD); Casa Alianza- Honduras; Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH); Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Pastoral Penitenciaria Iglesia Católica y la Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula.
Con militares y sin equipo de bioseguridad ante el COVID-19
El pasado 15 de junio, familiares de privados de libertad exigieron declarar emergencia en el sistema penitenciario ante el crecimiento de los casos del nuevo coronavirus
De acuerdo a la presidenta de la Asociación de Familias de los Privados de Libertad, Delma Ordoñez, en los últimos días han muerto seis reclusos de la Penitenciaria Nacional de Támara, con fuertes sospechas de COVID-19.
“La problemática se concentra en centro Penal de Támara que alberga más de siete mil privados de libertad de los cuales seis han fallecido por el Covid19 y tenemos confirmados 122 casos hasta el día de hoy y casi cuatro mil están albergadas en la iglesia católica donde están siendo tratados, pero no tienen el equipo necesario de bioseguridad”, denuncio Ordoñez.
“Se debe declarar estado de emergencia dentro del centro penal porque si no tenderemos una gran cantidad de privados de libertad que van a perder la vida, lamentablemente no hay camas, oxigeno e insumos de bioseguridad y la mayoría de las víctimas tenían enfermedades de base como tuberculosis, diabetes, hipertensión y asma, por lo que ya es tiempo que el gobierno se responsabilice”, finalizo Ordoñez.
