El 1 de agosto, los congresistas estadounidenses Jan Schakowsky, Raul M. Grijalva y Andy Levin enviaron una carta a Robert Lighthizer, representante de Comercio de Estados Unidos, y a Patrick Pizzella, secretario de Trabajo Interino, expresando su preocupación por las graves violaciones a los derechos laborales y sindicales en Honduras, en especial en las plantaciones de melones y palma africana, propiedad de Fyffes/Sol y Grupo Jaremar respectivamente. La carta[1], suscrita por 55 congresistas, expresa “profunda preocupación” por la violación continua por el gobierno de Honduras del capítulo laboral del RD-CAFTA y del PMA [2], así como de la Constitución, el Código del Trabajo, y de los Convenios 87 y 98 de la OIT.
“Les instamos a que envíen un mensaje contundente al gobierno de Honduras, que los Estados Unidos toma en serio la aplicación de los acuerdos comerciales”, escriben los parlamentarios.
“El gobierno de Honduras -continúan- debe garantizar que el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva se respete en general, y en estos dos casos (Fyffes/Sol y Grupo Jaremar) en particular, en cumplimiento de sus obligaciones con los Estados Unidos bajo RD-CAFTA”.
Tanto Fyffes/Sol, adquirida recientemente por Sumitomo, como Grupo Jaremar están siendo señaladas por nuestra afiliada el Sindicato de Trabadores de la Agroindustria y Similares (STAS) por graves violaciones a los derechos laborales y sindicales.
En 2018 Fyffes/Sol fue descertificada por Comercio Justo Estados Unidos (Fair Trade USA)[3], mientras que en marzo de este año la Iniciativa de Comercio Ético (ETI) canceló su membresía. La transnacional frutera también fue mencionada en la queja RD-CAFTA de 2012, presentada por la AFL CIO y sindicatos hondureños por su repetida negativa a respetar la ley laboral.
Los congresistas estadounidenses señalaron la complicidad del gobierno con las violaciones laborales, en especial la de las autoridades del trabajo.
“El Ministerio de Trabajo de Honduras no solo ha fallado en detener estas violaciones laborales, sino que se ha alineado con los empleadores en su esfuerzo para destruir el sindicato”, advirtieron.
Asimismo, acusaron al ministro Carlos Madero de emitir decisiones contrarias a la ley, disolviendo las subseccionales del STAS y reconociendo a dos sindicatos pro-patronales.
A la luz de todas estas violaciones del capítulo laboral del DR-CAFTA, los congresistas instaron a Lighthizer y Pizzella a actuar para que el gobierno de Honduras respete el tratado comercial mediante el cumplimiento de sus leyes laborales.
También exigieron el reconocimiento inmediato de las subseccionales del STAS, para que puedan negociar colectivamente tanto con Fyffes/Sol como con Grupo Jaremar.
“Si se le permite al gobierno de Honduras socavar los derechos del STAS y de sus miembros -advirtieron los congresistas-, se fortalecerá aún más la impunidad corporativa y se debilitará el estado de derecho, uno de los factores que contribuyen al ciclo de la pobreza y que empujan a las personas a migrar”.
Finalizando su misiva, los 55 congresistas alentaron a Lighthizer y Pizzella a reunirse con las partes interesadas, para que se pueda concretizar una reunión con la Subsecretaria de Asuntos Internacionales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
