Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Cerca de conmemorarse 10 años de su asesinato, el caso de la defensora transgénero, Vicky Hernández, se conocerá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por considerar la falta de cumplimiento del Estado de Honduras, para esclarecer el crimen.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó que sometió el caso de Hernández, defensora de derechos humanos, ante la Corte Interamericana el pasado 30 de abril, por que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo.
Vicky Hernández, fue víctima de una ejecución extrajudicial, la noche del 28 de junio de 2009, en San Pedro Sula. Iniciando ese día un golpe de Estado en el país, y se había declarado un toque de queda (restricción de circulación).
Además, era integrante del Colectivo “Unidad Color Rosa” y del Colectivo «TTT» en San Pedro Sula, donde realizaba su labor de defensoría de las personas trans.
Para la CIDH, dicho asesinato ocurre en dos contextos: violencia y discriminación, marcada con alta incidencia de actos cometidos por la fuerza pública contra personas con orientación Lésbico, Gay, bisexuales y trans (LGBT) en Honduras; por otra parte era el contexto del golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales.
De acuerdo a las características del caso, la CIDH determinó que el hecho contra Hernández, constituyó “un supuesto de violencia por prejuicio con base en su identidad y expresión de género”.
Asimismo, de acuerdo con la Comisión, el Estado hodnureño es responsable por la violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la honra y dignidad, a la libertad de expresión, a la igualdad y no discriminación y a la protección judicial, todos ellos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Como un camino “largo y tumultuoso” en búsqueda de justicia para Vicky Hernández, describió este proceso la Red Lésbico Feminista Cattrachas en un comunicado.
“Marca un hito en la defensa de los derechos de las personas LGTTBI a nivel nacional e internacional; que, aunque no ha sido fácil, ahora se convierte en una oportunidad para reivindicar la lucha por el reconocimiento de la dignidad humana de las personas sexo-género diversas”, puntualizó la organización hondureña, quien es una de las litigantes del caso.
Por último, la CIDH recomendó al Estado de Honduras la reparación integral de las violaciones a los derechos humanos, adoptando medidas de compensación económica, del mismo modo disponer de atención en salud física y mental necesarias y bajo su consentimiento para la rehabilitación de la familia, de la mujer trans y defensora de los derechos humanos, asesinada en 2009.
“Por primera vez en una década, se ha abierto la posibilidad de lograr justicia a través de una sentencia que reconozca y sancione las violaciones ocurridas en el transfemicidio de Vicky Hernández”, expuso Cattrachas.
En esta puerta abierta, en búsqueda de justicia para Vicky, se quiere sellar las bases para el desarrollo integral de la sociedad hondureña, y la construcción de un Estado inclusivo que cumpla con el principio de igualdad ante la ley, puntualizó.
El Observatorio de Muertes Violentas de la Red Lésbica Cattrachas, resgistró en los últimos diez años, 307 crímenes contra personas de la comunidad LGBTTI, de los cuales apenas 65 casos han sido judicializados.
