Tegucigalpa, Honduras (conexihon). – A través de una visita que inició el martes 30 de agosto y que finaliza el viernes dos de septiembre, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conocerá la situación de los derechos humanos en el país.
La misión de la CIDH sostendrá reuniones con la presidenta de la República, Xiomara Castro, organizaciones de la sociedad civil y con los funcionarios de diversas instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos.
Como parte de esta delegación, a Honduras llegaron, Edgar Stuardo Ralón, primer vicepresidente de la CIDH y la secretaria ejecutiva, de este organismo internacional, Tania Reneaum Panszi.
Para conocer los desafíos y el plan para la protección de los derechos humanos en el gobierno de Xiomara Castro, la delegación de la CIDH se reunió el martes, 30 de agosto, con altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El miércoles 31 de agosto la delegación se reunió con las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos, para conocer las líneas de trabajo, de esa materia, durante el gobierno de Xiomara Castro. Aparte de la ministra, Natali Roque y de la vice ministra, Mirta Gutiérrez, en la reunión también participó, la directora del Mecanismo de Protección, Carmen Escobar.
A partir del golpe de Estado, en junio del 2009, las violaciones a los derechos humanos se incrementaron en Honduras. La justicia hondureña se negó a investigar y a sentenciar a los responsables, y esa situación, provocó que muchos casos fueran resueltos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante condenas contra el Estado.
Stuardo Ralón, primer vicepresidente de la Corte IDH junto a la presidenta Xiomara Castro.
Sobre esa situación vale mencionar la condena de esa Corte internacional contra el Estado de Honduras por el asesinato de Viky Hernández, una mujer transgénero, que apareció muerta, en San Pedro Sula, después de que una patrulla policial la intentara detener, el 28 de junio del 2009.
Vicky Hernández, de 26 años, era una trabajadora sexual y reconocida defensora LGTBI, a quien la policía y militares, trataron de retener, en medio de un toque de queda, decretado por el entonces, presidente de facto, de Roberto Micheletti.
En un acto público, realizado en mayo pasado, la presidenta, Xiomara Castro reconoció la responsabilidad del Estado en este crimen. Sin embargo, todavía siguen pendientes de cumplir otras medidas dictadas por la Corte Interamericana.
La Condena dice que se deben de continuar las investigaciones del crimen; reconocer la responsabilidad internacional; crear una beca con el nombre de Vicky Hernández para mujeres trans; un plan de capacitación para los cuerpos de seguridad y el reconocimiento legal de la identidad de género.
Otra condena contra el Estado, que sigue pendiente de cumplirse, es la que corresponde a las comunidades garífunas de El Triunfo de la Cruz, en el municipio de Tela, Atlántida y Punta Piedra, en Iriona, departamento de Colón.
El ocho de octubre del 2015, la Corte Interamericana, dictó sentencia a favor de estas comunidades a las que el Estado debe de garantizarles, desarrollo comunitario, seguridad de la propiedad colectiva y respeto a sus derechos humanos.
Sin embargo, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el nueve de agosto, la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), denunció que las autoridades se niegan a cumplir la sentencia y que, por esa razón, se incrementó en esa región, la violencia, la hostilidad y los crímenes contra los líderes y lideresas garífunas.
Las comunidades garífunas se encuentran asentadas en las costas del Caribe hondureño, territorio ancestral del que tratan de adueñarse por la fuerza, algunos políticos, empresarios del turismo y bandas criminales, según la denuncia de la OFRANEH.
Lectura de fallo a favor de los víctimas del Triunfo de la Cruz, Honduras
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