Ginebra, Suiza (Conexihon).- La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, evidenció, este viernes 26 de febrero, su preocupación por el comportamiento de las fuerzas de seguridad en protestas y la situación de violencia contra quienes defienden derechos en Honduras.
En la presentación de su informe ante el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet que durante 2020 los defensores y defensoras de derechos humanos, medioambiente y la tierra, continúan siendo víctimas de amenazas, criminalización “e incluso asesinatos”.
La funcionaria de la ONU, hizo un llamado al Estado hondureño para fortalecer el espacio cívico y asegurar el derecho a la consulta previa libre e informada de las comunidades indígenas y afro hondureñas.
En la misma línea, Bachelet consideró como “prioridad” la rendición de cuentas y acceso a justicia para víctimas de violaciones de derechos humanos en el país.
“Me preocupan los obstáculos en el acceso a la justicia en varios procesos judiciales, incluyendo en el juicio relacionado al asesinato de Berta Cáceres (asesinada el 02 de marzo de 2016)”, dijo la Alta Comisionada de la ONU.
Bachelet lamentó que desde el Estado hondureño no haya realizado un proceso de consulta participativo, para reformar el nuevo Código Penal, que entró en vigencia en junio de 2020, durante la pandemia por COVID-19.
Sobre el nuevo Código Penal y la falta de participación, la funcionaria expresó que, dicho proceso de consulta podría asegurar el cumplimiento, por parte del Estado hondureño, de las obligaciones internacionales de derechos humanos, incluidas las vinculadas con el derecho a la libertad de expresión, los derechos de las mujeres y el combate a la corrupción.
Diferentes organizaciones, aglutinadas en la Articulación 611 denunciaron la falta de participación en la elaboración del texto jurídico y con ello un detrimento en penas por violaciones a derechos humanos.
Protestas y el papel de las fuerzas de seguridad
De acuerdo con el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, por la alta comisionada, registró 665 protestas durante el estado de emergencia por COVID-19 en el país.
La también dos veces presidenta de Chile, aseguró que “me preocupan las detenciones arbitrarias, la militarización de la seguridad ciudadana y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en el manejo de las manifestaciones”.
En ese sentido, llamó al Estado hondureño a emprender, de forma gradual, un proceso de desmilitarización y el fortalecimiento de las instituciones civiles del sector.
Para el próximo 10 de marzo, se presentará virtualmente el informe sobre la situación de Honduras por la Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH), Isabel Albaladejo.
