Comayagua, Honduras (Conexihon).- Una acción legal, encaminada a frenar la criminalización de indígenas lencas organizados en la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), fue la exigencia de sus abogados defensores al Tribunal de Sentencias de Comayagua, zona central del país, amparados en el nuevo Código Penal.
“Hemos presentado una excepción al Tribunal de Sentencia, ya que el caso de los compañeros del grupo campesino ha sido elevado a juicio oral y público, en este momento procesal nosotros hemos interpuesto esta excepción para que el Tribunal declare con lugar la excepción y le dicte una sentencia absolutoria a nuestros representados y en este caso en específico al líder campesino José Elvis Martínez”, describió el abogado Mario Rojas del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
El abogado explicó que más de 30 lencas del CNTC están requeridos por el sistema de justicia del país que les exige estar yendo a firmar a los Juzgados, penalización estatal que incurre a gastos a los indígenas criminalizados al no tener recursos económicos para estar movilizándose cada semana y muchas veces llegan a firmar después de haber caminando durante horas para poder llegar.
Este caso inició en el año 2012, cuando el grupo lenca decidió solicitar el dominio pleno de unas tierras públicas al Instituto Nacional Agrario (INA), puesto que los indígenas estaban asentados en ese lugar y la cultivaban para sobrevivir.
Pero un año después, personas denunciaron al grupo lenca de estar usurpando tierras privadas, “porque supuestamente personas particulares tenían títulos de propiedad, pero al final resultó ser que los pápeles eran de otras tierras, y los lencas siguen criminalizados”, relató el abogado defensor.
“La criminalización es un agravante porque muchos se tienen que trasladar hasta el Juzgado más cercano cuando hay dificultades de movilización y todos estos años han tenido que ir hasta caminando para ir a firmar”, agregó Rojas.
Además, señaló que “con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal existe una excepción en el delito de usurpación, que dice que si el grupo campesino, indígenas o cualquier grupo que haya iniciado un proceso ya sea administrativo o civil para la adjudicación de una tierra se da entender que la persecución penal por este tipo de usurpación no puede seguir”.
“Entonces nosotros ante esto damos una constancia al Instituto Agrario de que el grupo campesino había presentado su solicitud en 2012, antes de que iniciará la persecución penal y nos amparamos en el delito de usurpación del nuevo Código”, concluyó el abogado de C-Libre.
