Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- «Limitaciones del derecho de acceso a la información pública en los territorios durante la pandemia», fue el tema del último día del del Foro Virtual «COVID19: Nuevos Retos para Voces Libres», realizado por el Comité por la Libre Expresión y Abogados sin Fronteras Canadá.
El panel estuvo integrado por: el recién nombrado Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana a los Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, Jennifer Ávila, directora del periódico digital Contra Corriente, Joaquín Mejía, investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC – SJ y la investigadora Beth Geglia, quien además es documentalista, antropológica y experta en campañas de DDHH sobre extractivismo.
Los panelistas expusieron las limitantes y vulnerabilidades a las que han estado expuestas tanto los trabajadores de medios de comunicación como los defensores de Derechos Humanos, los que últimamente se han enfrentado a una serie de criminalización por la defensa de su territorio ante la implementación de proyectos extractivistas como las denominadas Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES).
Los panelistas coinciden que la Libertad de Expresión como el Acceso a la Información son derechos que han sido violentados durante la pandemia, además de resaltar la difícil labor a la que se han enfrentado tanto los periodistas como los ciudadanos en general debido a las restricciones que ha habido durante la pandemia para el acceso a la información pública.
El Foro Virtual resalta que con la suspensión de las garantías constitucionales inició una nueva etapa de retos y desafíos relacionados con el acceso a la información pública, libertad de expresión, libertad de prensa y la libertad de información. https://conexihon.hn/index.php/libertad-de-expresion/1756-c-libre-realizara-foro-virtual-nuevos-retos-para-las-voces-libres
La pandemia elevó los niveles de violencia contra los periodistas en Honduras
Entre los panelista participó Pedro Vaca Villareal quien actualmente desempeña el cargo de Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana a los Derechos Humanos (CIDH), “Particularmente desde la Relatoría hemos observado la persistencia durante el 2020 de elevados niveles de violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación en Honduras, es una situación que se ve agravada en el contexto de la pandemia, debido a las restricciones y obstáculos que desde el Gobierno y las fuerzas de seguridad se impusieron al ejercicio informativo, continuamos registrando el uso excesivo de la fuerza de agentes de seguridad del Estado y particularmente a represión a protestas ciudadanas”.
“Honduras es uno de los países que más aporta la violencia contra periodistas, no solo una violencia que se registra sino una violencia que está en impunidad, sino que casi perpetua esa violencia, cuando no hay castigo institucional a la violencia que se ejerce contra periodistas lo que tenemos es un ambiente que termina es fomentando la repetición de las agresiones” añadió, el Relator.
Según el Relator para la Libertad de Expresión, los políticos deben de tomar a bien las críticas o escrutinio que realizan los periodistas “Algo que no termina de sorprenderme es la crítica como se enfrenta la pandemia le hace bien a todos, no entiendo algunos liderazgos políticos yo tendría que estar muy agradecido de como la forma la prensa me ayuda a tomar mejores decisiones, la prensa cuando critica, cuando hace escrutinio o cuestiona da lugar para que un gobernante pueda responder si tiene un mejor argumento, pretender callar la crítica es un punto que necesita mucha discusión pública”.
El Estado aprovechó la pandemia para favorecer a empresarios
Otro de los panelistas fue Abogado. Investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC – SJ, Joaquín Mejía, quien inició su ponencia diciendo “Es importante señalar que lo que está sucediendo ahora no es algo nuevo, sino que es una situación que responde a una crisis democrática que Honduras arrastra desde el Golpe de Estado en el 2009, y que además está promoviendo un terreno que es fértil para propuestas autoritarias o demagógicas”.
“El Índice de Paz Global, señala que Honduras no está en un buen puesto en el ranking de paz global y de hecho ahora ocupa el lugar 119 de 158 países, lo que el índice está diciendo es que Honduras está retrocediendo al lugar que ocupó en el año 2013 cuando aparentemente recordemos que el año 2012 fue el peor en materia de violencia, que en el 2014 hubo una aparente mejoría en la tasa de homicidios, osea que está retrocediendo lo cual es grave” agregó, Mejía.
“Cuando se trata de crimines contra personas defensoras el nivel de impunidad llega al noventa y seis por ciento” señaló, Mejía.
Mejía considera que con una institucionalidad que se viene arrastrando desde el Golpe de Estado en una crisis como la que genera el COVID-19, cree que es muy fácil comprender como o de qué manera impacta en un Estado autoritario el trabajo que realizan las personas defensoras, particularmente aquellas que defienden los Bienes Comunes “Cuando el Estado por un lado limita a las personas en la circulación en hacer trámites, incluso en el acceso a la justicia, pero a las grandes empresas lo que les da o favorece todo lo posible para que en línea puedan obtener las licencias y obviamente imponiendo este tipo de proyectos en las comunidades”.
La pandemia ha sido un reto para informar por el limitado acceso a la información
Jennifer Ávila, Periodista, es directora del periódico digital Contra Corriente, formó parte del último panel, manifestó “Ha sido súper complejo la cobertura durante la pandemia, pero también fue un reto bien grande para los periodistas, comenzamos desde el inicio a hacer muchas solicitudes de información pública, el sistema en los primeros meses no estaba funcionando, estábamos chocando con las instituciones encargadas de dar los datos de la pandemia ponían la excusa de la misma pandemia”
Por otra parte, Ávila enfatizó que los grandes medios de comunicación han violentado los derechos laborales de los periodistas durante la pandemia “Siento que la pandemia ha servido de excusa para que los medios digan estamos en crisis pero en realidad estamos frente a un año electoral, y el Gobierno ha gastado un montón de dinero en publicidad estatal para estas grandes corporaciones sin duda ha sido una catástrofe de violación de Derechos Humanos que ha habido en Honduras y de Derechos Laborales, lo que hubo es que las grandes corporaciones hicieran una violación de derechos laborales y recortar personal, esta crisis de alguna manera es fabricada”.
“No es un tema fácil hacer un medio digital, requiere una gran responsabilidad, es un equipo que debo cuidar por el sistema de salud porque estamos expuestos a la pandemia, lo que puedo decir a los periodistas es buscar herramientas con el menor riesgo posible buscar y exigir que la información sea transparente y que los datos sean correctos, apoyar a verificar la información, en medio de una pandemia es muy importante el servicio de los periodistas” concluyó, Ávila.
ZEDES es un proyecto que privatiza la gobernanza y es opaco en cuanto al derecho al acceso a la información
Otra de las panelistas en el último día del Foro Virtual fue la investigadora Beth Geglia, quien además es documentalista y antropológica, ha trabajado en campañas de DDHH sobre extractivismo, y particularmente habló sobre su experiencia sobre la investigación que realizó en Honduras sobre las ZEDES y cuáles fueron sus limitantes para obtener información “El enfoque de mi investigación fue sobre las ideologías territoriales, los diferentes conceptos de ciudadanía y soberanía que están en juego en un proceso de la privatización de la gobernanza en Honduras, sin embargo dentro de esto yo que quería saber que estaba pasando con las ZEDES en el país y como se desarrollaba el proceso, también quería entender la dinámica entre el Estado, los inversionistas y las comunidades, en el camino sobre la investigación se aprende mucho sobre el acceso a la información”.
“Hice una solicitud desde Washington con respecto a las ZEDES, lo que me enviaron fue una copia de la LEY Orgánica de las ZEDES y ponerme en contacto con dos personas que eran encargados de relaciones públicas de la oficina de la ZEDE, una no me contestó, me hablaron en 2014 de unas doce ZEDES que estaban contempladas y luego en 2016 me hablaron de cuatro inversionistas pero nunca me dijeron quiénes eran ni donde estaban las regiones de los proyectos” decribió, Gelia.
Gelia narró que a través de medios de comunicación y al pasar el tiempo fue investigando sobre las ZEDES describe una a una y cuáles serían las características de construcción de las mismas “Supe de una ZEDE en Amapala me trasladé hasta allá, luego supe de una en Olancho y Colón, fue porque asistí al Congreso Internacional de minería en 2015 en Tegucigalpa, para asistir tuve que pagar 110 dólares obviamente no era un espacio donde iba a estar cualquier persona en ese Congreso se habló de un llamado ZEDE mamucol que estaba contemplado que iba abarcar 27 licencias de exploración minera de los cuales estimaban que cinco serían viables decían que esto iba a duplicar el porcentaje interno bruto de país dedicado a la actividad minera”.
También Gelia relata que se entrevistó con una organización que se llama Fundemun, quien había recibido fondos públicos a través de una alianza publico privada de COALIANZA para darle asesoramiento a las municipalidades y trabajar el tema de biocombustible, misma que le ofreció brindarle información acerca de las ZEDE pero tendría que firmar un acuerdo de confidencialidad “En una entrevista con una organización me hablaron del proyecto de la ZEDE de biocombustible del Valle de Agalta que estaban trabajando con una organización estadounidense de caridad HOI, pero la lógica en ese entonces que sería muy difícil aprobar una ZEDE hasta la reelección de Juan Orlando, querían intentar aprobar una ZEDE mediante un acuerdo entre países porque era muy poco probable que el Congreso lo rechazara en ese formato me ofrecieron más información de este acuerdo entre países que querían desarrollar pero solo si firmaba un acuerdo de confidencialidad, cosa que no hice pero aquí se muestra como una falta de acceso a la información de transparencia de compartir estos proyectos y los planes con el pueblo hondureño”.
“El proyecto de las ZEDES al final es muy especulativo en su naturaleza por eso las comunidades viven en incertidumbre, quiero poner tres obstáculos que producen al acceso a la información hoy en día sobre las ZEDES, en primer lugar la Ley Orgánica sobre las ZEDES es opaca no está claro cuáles son las partes de la constitución que se aplica en las ZEDES, el numero dos no se respeta la ciudadanía que vive en áreas rurales significa que en el área rural hay poco incentivo para socializar la información porque no consulta a la población y el tercer obstáculo considero que la ZEDE en su escencia es un proyecto de privatización de la gobernanza por lo tanto genera entes para estatales o semi privados” finalizó, Gelia.
