París, Francia (Conexihon).- La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), presentó este lunes un informe que denuncia el aumento de ataques hacia periodistas que cubren actos de protesta a nivel mundial, en su mayoría generados por fuerzas de seguridad.
El informe titulado «Seguridad de los periodistas que cubren protestas: preservar la libertad de prensa en tiempos de disturbios» reveló que, el accionar ilícito por parte de las fuerzas de seguridad, tuvo una tendencia al alza en los últimos cinco años.
De acuerdo con el informe, desde el 01 de enero de 2015 hasta el 30 de junio de 2020, en 65 países se contabilizaron 125 ataques contra periodistas. Del total, 21 ocurrieron entre los meses de enero a junio del presente año.
En los últimos cinco años, la UNESCO reportó diez asesinatos a periodista que cubrían protestas, dos en América Latina y son: Elidio Rámos Zárate (México, 2016) y Ángel Gahona (Nicaragua, 2018).
Temas como la injusticia económica, la corrupción del gobierno, el declive de las libertades políticas y el creciente autoritarismo, motivaron las acciones de protesta en los últimos cinco años, cita el informe.
La Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, destacó la importancia del papel de los y las periodistas para informar sobre las acciones de protesta.
Azoulay, cuestionó que, a pesar de los esfuerzos de la UNESCO por sensibilizar sobre el desempeño de la labor periodística sin temor, “las cifras de este informe, muestra que se precisan de mayores esfuerzos”.
Papel de las fuerzas de seguridad
Las fuerzas de seguridad del Estado han sido responsables de actos de agresión a la libertad de prensa, expresó la UNESCO en su informe. El uso de armas letales y no letales, arrestos, así como los asesinatos dan cuenta del no cumplimiento del artículo 19 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
Para el caso, el documento enumeró ataques con armas no letales como: Gas lacrimógeno, Balas de goma y de pimienta, balas expansivas y las llamadas «flash balls». Entre tanto, 15 periodistas en cobertura de protestas, sufrieron graves lesiones por el uso de armas letales o munición viva en los últimos cinco años, tiempo que abarca el informe.
Arrestos individuales o en gran cantidad contra periodistas en coberturas de acciones de protesta, denunció el informe. En algunos casos, las detenciones fueron temporales y no se presentaron cargos. Sin embargo, en América del Norte, Europa y Oriente Medio, un puñado de periodistas fueron acusados ante la justicia penal por cubrir protestas presuntamente ilegales o contra el gobierno.
Ataques a mujeres periodistas
El informe registra en los últimos años, de varios casos de mujeres periodistas, agredidas por las fuerzas de seguridad o de los manifestantes debido a su profesión.
“En los peores casos, las periodistas fueron perseguidas de forma deliberada y atacadas debido a su género”, precisó el informe.
Uno de los casos que reportó la UNESCO, fue la detención de dos mujeres periodistas arrestadas por las fuerzas de seguridad, a pesar de portar su identificación, bajo excusa de violentar un toque de queda. Además, fueron obligadas a desnudarse y fueron víctimas de humillaciones por parte de oficiales, quienes enfrentan una denuncia por violencia sexual.
Recomendaciones
La UNESCO, en su informe presentado este lunes, enumeró una serie de recomendaciones dirigida hacia los medios de comunicación, autoridades de gobierno, fuerzas de seguridad y organismos internacionales, encaminadas a frenar la violencia contra periodistas en la cobertura de protestas.
Los medios de comunicación y sus empleadores, deben proporcionar capacitación y equipo adecuado a los y las periodistas al ser enviados a la cobertura de protestas. También deben proporcionar los mismos recursos a los periodistas independientes.
Otra de las recomendaciones, va dirigida hacia organismos multilaterales, para que inviertan recursos para capacitar a policías y otras autoridades sobre libertad de prensa en situaciones de protesta.
A las autoridades, el informe recomendó la designación de un defensor del pueblo, que garantice el monitoreo y a su vez, contribuya a frenar los ataques de las fuerzas de seguridad, especialmente la policía, hacia la prensa en cobertura de protestas.
Siempre a las autoridades, el informe establece la designación del defensor del pueblo u otro ente similar, con autorización para hacer recomendaciones para la investigación y, si es necesario, la acusación por los ataques a la prensa por parte del gobierno o civiles.
