Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Poder Judicial hace oídos sordos a las demandas de las mujeres, luego que la Sala de lo Constitucional declaró inadmisible un recurso de amparo interpuesto por la Red de Trabajadoras Domésticas, el Centro de Estudios de la Mujer- Honduras (CEM-H) y el Bufete legal Justicia para los Pueblos.
La decisión de la Sala Constitucional fue notificada en la tarde de ayer lunes 08 de junio, donde afirmó que las demandas propuestas en el amparo colectivo, deben ser propuestas a través de acciones administrativas, denunció la Red de Trabajadoras Domésticas en un comunicado.
“Repudiamos la acción de la sala, que deja más de 139,000 trabajadoras, entre ellas 10,00 jóvenes y niñas sin protección judicial”, afirmó en su comunicado.
El pasado 23 de abril, se interpuso el amparo contra la secretaría de Trabajo y Seguridad Social, así como la de Salud y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), por no incluir al trabajo doméstico en los 25 protocolos de bioseguridad implementados para responder a la pandemia del COVID-19.
Antes de la crisis sanitaria, con impactos a nivel mundial, las trabajadoras domésticas padecen de una situación precaria, detalló la RTD. Situación que ahora se ha evidenciado con la “indiferencia de la institucionalidad y al Corte Suprema de Justicia hacia el reconocimiento de nuestros derechos”, planteó la organización que aglutina a las trabajadoras domésticas.
Justicia emplea el virus de negar justicia
“¡El trabajo doméstico es un trabajo!” Sin embargo, no es reconocido como tal por la institucionalidad hondureña y queda demostrado en el actual contexto de la pandemia del COVID-19, denunció la coalición de trabajadoras domésticas.
Para Gabriela Pineda, integrante de la Red de Trabajadoras Domésticas, la decisión de la Sala Constitucional invisibiliza su derecho al trabajo y que les asiste a contar con un protocolo de bioseguridad en sus labores. «La institucionalidad no acepta que nosotras como trabajadoras domésticas tengamos derechos igual que los demás trabajadores y trabajadoras”, apuntó.
“La decisión nos perjudica ya que las trabajadoras domésticas en el contexto de la pandemia no sólo están confirmadas las compañeras con dormida adentro también nosotras las que trabajamos para varios hogares que nos exponemos no solo en la salud también en el escaso recurso económico”, detalló Pineda.
En el tema de la resolución de la Sala Constitucional, la integrante de la RTD manifestó que el mensaje es que las mujeres, “subsidiamos las crisis o emergencias, ya que tendremos que disponer de dinero y comprar los implementos para enfrenta la pandemia como guantes, gel antibacterial”.
Deudas de justicia aún pendientes
Desde su fundación, la Red de trabajadoras Domésticas, impulsa una serie de acciones encaminadas a la aprobación de leyes que reconozcan sus derechos.
Por ejemplo, la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la aprobación de una ley especial a nivel nacional, considerada como prioritaria para proteger nuestros derechos y reconocer las contribuciones sociales y económicas hechas al país.
Seguidamente, y en el actual contexto, exigen la aprobación de unan ley de Emergencia para la Protección de mujeres, adolescentes y niñas durante la crisis por el COVID-19, que contemple la difusión e implementación de protocolos de bioseguridad para el trabajo doméstico remunerado.
“Nuestras lucha y resistencias nunca han sido más importantes que ahora y continuaremos luchando por el reconocimiento legal y social”, concluyó la Red de Trabajadoras Domésticas en su comunicado.
En sintonía con el comunicado, la abogada Kenia Oliva, del equipo legal del Bufete Justicia para los Pueblos y en representación de la Red puntualizó que, en respuesta a la inadmisión, se encuentran preparando un recurso de reposición apegado al actual contexto de suspensión de las garantías constitucionales que mantiene inhabilitadas a las instituciones del Estado, lo que imposibilita agotar la vía administrativa.
