Por: Víctor Manuel Ramos
No puedo callar. Vuelvo a repetirlo: hasta hoy no se ha descubierto ningún medicamento capaz de combatir al virus COVID 19. El abordaje de la enfermedad, hoy en día de los avances de la ciencia médica, será preventivo y, en el caso de los enfermos, tratar la sintomatología para dar oportunidad al sistema inmunológico de cada quien para que reaccione al virus y se produzca o la cura o la muerte.
Por eso me asombra que el gobierno quiera transmitirnos seguridad con un protocolo llamado MAIZ, que consiste en la aplicación preventiva de cuatro medicamentos que, con excepción del primero – con mis dudas acerca de su modo de aplicación-, no tienen ninguna capacidad probada para curar la virosis o para menguarla. A esto hay que sumar el hecho de que, según algunas publicaciones, esos medicamentos son producidos por un solo laboratorio y el gobierno está haciendo una inversión millonaria en la adquisición de grandes cantidades, no sé si se han superado todos los mecanismos que manda la ley para asegurar la transparencia de la compra, pero me asalta la duda de si, tras esta inversión millonaria para unos medicamentos que solo están promovidos de manera oficial en Honduras, no hay un componente de corrupción y charlatanería.
Hoy, 3 de junio, en uno de los programas de la televisión, transmitido en las primeras horas de la mañana, los protagonistas fueron los médicos que aúpan estos tratamientos que, de acuerdo con las normas que rigen los experimentos de investigación médica, no están avalados por ningún estudio publicado en las Revistas de renombre internacional, ni nacionales como para adoptarlos institucionalmente para todo un país.
Epidemiológicamente sabemos que más del 85% de las personas afectadas por la pandemia se recuperan espontáneamente y en personas menores de 60 años, sin problemas de riesgo por otra enfermedad, la recuperación llega casi al 95%. Los que se recuperan sin la necesidad de tomar medicamento alguno, pues incluso muchos enfermos ni siquiera se enteran de que han padecido la enfermedad. De tal manera que los resultados que nos ofrecen los terapeutas promovidos por JOH, lo más probable es que se traten de curaciones espontaneas y no como el consecuencia de la aplicación de medicamentos que no tienen ninguna eficacia probada para esta enfermedad viral que nos azota. El Dr. Henry Alvarenga hizo un análisis epidemiológico y de las fechas claves de la evolución de un paciente que presentaron como curado con MAIZ y pone en duda que realmente la recuperación sea el efecto de tal tratamiento.
El Dr. Tovar, médico internista con larga experiencia, profesor de la Facultad de Ciencias Médicas y actual Director del Hospital Escuela no cree en las fórmulas mágicas que está imponiendo el régimen y ha aceptado ejecutarlas siempre y cuando los paciente firmen su consentimiento. Cuando la presidenta del Colegio Médico, Dra. Suyapa Figueroa, argumentaba sobre el protocolo MAIZ, la emisora le cortó la entrevista.
En cambio, el gobierno se ha desatendido de satisfacer la demanda de los trabajadores de la salud del equipo necesario para su seguridad, pues son los más expuestos al contagio. Hemos visto el ultimátum de los médicos residentes y las quejas de muchos gremios de la salud que protestan por la poca atención que reciben para su seguridad personal sanitaria. La última noticia del microbiólogo fallecido y abandonado a su suerte es realmente reveladora de lo mal que se está administrando este problema nacional. La semana pasada una pareja de Phoenix, Arizona, enfermó media hora después de tomar fosfato de cloroquina. El hombre falleció al llegar al hospital, mientras que la mujer pudo vomitar gran parte del producto. Algunos en la comunidad científica temen que el respaldo de Trump, de Bolsonaro y de JOH (a nivel local) a este medicamento podría crear escasez para los pacientes que los necesitan para tratar el lupus y la artritis reumatoide, enfermedades para las que están aprobados. Después del tuit de Trump sobre la hidroxicloroquina, se disparó una demanda del medicamento en México donde se vende por mucho menor precio que en Estados Unidos, poniendo en riesgo la salud pacientes crónicos que sí lo necesitan como tratamiento permanente. Por otra parte, muy a pesar de que el uso de la hidroxicloroquina prácticamente ya está descartada, se sigue insistiendo en recetarla, no obstante los daños colaterales, sobre todo en el miocardio, que puede ocasionar hasta conducir al paciente a la muerte. En Honduras no hay en las farmacias privadas ni en los Hospitales estatales.
Los galenos del programa de Tv, que he citado arriba, argumentaron que la hidroxicloroquina se ha usado en el país durante décadas y que es un medicamento noble que no acarreó ningún problema entre la población que lo consumió cuando lo indicaron para combatir la malaria. Lo cierto es que salud, quizás por desconocimiento o por negligencia, no hizo el control necesario de los pacientes que tomaron el medicamento y a estas alturas no sabemos cuántos se complicaron ni cuantos murieron. La situación era tal que los Representantes de salud y los Guardianes de salud o los promotores de Malaria, que eran, los dos primeros, voluntarios con escasa escolaridad, hacían las pruebas y repartían el medicamento. Así que, a estas alturas es una irresponsabilidad decir que como hemos utilizado la Hidroxicloroquina durante décadas, sin control de Electrocardiograma, ni de otras pruebas de laboratorio, como se ve, de manera irresponsable, ahora queramos seguir en esa práctica.
He encontrado en el Chat del BARM otro texto en el que se sugiere que agencias externas podrían estar investigando las posibles implicaciones o estímulos financieros tras de los protocolos de tratamiento en un pequeño país de Centro América que incluyen tres medicamentos de un mismo laboratorio transnacional sin que existan trabajos científicos que sustenten fehacientemente su efectividad. En ese mismo texto citan al Dr. Harold Stuquemberry del CCD de Atlanta y a la Dra. Lay Donalson del Berkely Center for New Research quienes expresaron que desconocen estudios éticos que avalen los protocolos impuestos por el gobierno hondureño. Incluso se habla de que hay un fiscal norteamericano asignado para investigar el asunto.
En resumen: no mordamos el anzuelo. No permita el gremio médico imposiciones que no están avaladas por la ciencia y la experimentación responsable y seria.
