Por: Cristina Alvarado
del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla
La emergencia por la pandemia mundial generada por el COVID 19, ha dejado de manifiesto una vez más, las eternas vulnerabilidades de nuestro país, que, por supuesto impacta en cada uno de sus habitantes, pero mucho más en los grupos en condición de vulnerabilidad.
Hoy vemos reflejado el abandono total de la agenda social por el gobierno de turno, un sistema público de salud colapsado, que no responde a las necesidades de atención a los problemas de salud cotidianos, mucho menos a los generados por esta emergencia nacional y mundial.
Sumemos a ello, la total ausencia de políticas públicas para atender las diversas problemáticas sociales, como lo es las violencias contra las mujeres y los femicidios. Hoy vemos reflejada que toda la inversión del gobierno orientada a la implementación de programas asistencialistas como el Programa Vida Mejor, son una vil utilización de las necesidades de un pueblo empobrecido que subsiste ante un sistema económico que protege a los privilegiados grupos económicos de poder.
Ante esta emergencia nacional y el #Quédateencasa, las mujeres hondureñas cobramos relevancia y notoriedad, por dos razones primarias: la primera, por la importancia del trabajo reproductivo y de los cuidados que históricamente venimos desarrollando, que sostiene a este país y que no es reconocido ni visibilizado, tanto por los economistas prominentes ni por el resto de la sociedad que naturaliza el mismo por ser las mujeres las que traemos “hijos al mundo”, obviando el hecho de que, para que esto ocurra, hay un hombre que debe asumir la corresponsabilidad en el ejercicio de estas tareas.
La segunda razón, son los niveles de violencia al que se verán expuestas las mujeres, sus hijas e hijos en sus hogares, algo que históricamente viene sucediendo y que cobra la vida de más de 6000 mujeres asesinadas en los últimos quince años. El boletín Infográfico No. 4, presentado por el Observatorio Nacional de la Violencia -IUDPAS sobre Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios, reporta según datos preliminares que para el 2019 ocurrieron 406 muertes violentas y femicidios, con una impunidad sostenida del 96%; dichos datos fueron cotejados y validados por la Policía Nacional y el Ministerio Público a través de la Dirección General de Medicina Forense.
Este mismo boletín da cuenta que, el 61.8% de los crímenes fueron ejecutados con armas de fuego, el 18% con arma blanca; de los cuales el 55% fueron ejecutados por hombres que tenían vínculos sentimentales con las mujeres asesinadas. También reporta que cada 21 horas con 16 minutos, ocurren este tipo de crímenes contra las mujeres. El Sistema de Emergencia Nacional 911, señala que anualmente reciben alrededor de 72000 llamadas de mujeres pidiendo auxilio porque están siendo maltratadas en sus hogares, eso significa que mensualmente son 6000 llamadas.
Sumado a estas cifras escalofriantes, los altos índices de violencia sexual que impacta en la vida de las mujeres, niñas y jóvenes, situación que en la mayoría de los casos no se denuncia, judicializa y mucho menos se atiende emocionalmente para superar el trauma de la misma; el mismo boletín infográfico No. 4, señala que la Dirección General de Medicina Forense reporta, que, del total de requerimientos fiscales por delitos sexuales, el 87.4% son de mujeres, jóvenes y niñas.
Ante este panorama doloroso, donde constatamos que en Honduras corremos riesgo por el hecho de ser mujeres, ¿qué respuesta está dando el gobierno de Honduras y su institucionalidad ante esta emergencia y la necesidad de #Quedarte en casa, con el agresor y abusador sexual?
Cómo siempre, las mujeres no somos visualizadas como ciudadanas de primera categoría y de esa manera priorizar sus demandas y necesidades. Ante esta emergencia, las organizaciones feministas y de mujeres, hemos salido al frente, señalando, denunciando y demandando respuestas y abordajes desde un enfoque de derechos humanos y de género, para que las tareas del cuidado sean compartidas en casa.
Desde el inicio del toque de queda, hemos demandado de las instancias institucionales que manejan el mismo, tomar en cuenta, que van ocurrir repuntes de violencias en los hogares y las mujeres no podrán denunciarlo porque estarán 24 horas con su agresor, que deben establecer mecanismos y atención diferenciada para que esta problemática no sea invisibilizada y relegada como ha ocurrido en el pasado, en el marco del Golpe de Estado de 2009 y la reciente crisis post electoral de 2017.
Hoy, ya estamos viviendo esta situación, el sistema de emergencia nacional 911, colapsado no responde a las llamadas de las mujeres pidiendo auxilio, ¿Qué está haciendo el Instituto Nacional de la Mujer – INAM como ente rector de políticas públicas para las mujeres, para que no obvien la ATENCIÓN URGENTE de esta problemática? ¿Qué está haciendo el resto de la institucionalidad protectora de los derechos humanos de las mujeres para atender las denuncias de las mujeres que la sufren, para que no queden bajo un manto de silencio, invisibilidad e impunidad?
La normalización y naturalización de las violencias contra las mujeres, está a la orden del día, en páginas de Facebook hay mensajes explícitos que incitan a la violencia contra las mujeres, en los videos, chistes y memes que circulan por las redes sociales apelan a la misma y a reforzar el papel del “macho agresor” que no se reconoce en ese mundo cotidiano del compartir en casa.
Esta crisis es la oportunidad para repensarnos como seres humanos y para redireccionar el accionar de la institucionalidad, es increíble como el tan trillado “menos armas, más educación”, cobran relevancia ante esta situación que desnuda la precarización de la vida de las y los hondureños.
Si el Estado de Honduras invirtiera en más educación y salud, la respuesta de la población sería coherente a sus niveles de formación y no se vería obligado a tomar medidas radicales que ponen en precario los derechos humanos de las mujeres y de la población en general.
