Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Estado de Honduras suma otra deuda de impunidad en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), esta ocasión con la referente al caso del asesinato del ambientalista Carlos Luna López, ocurrido el 18 de mayo de 1998.
Por lo que la Mesa de Seguimiento al cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH, exigió al Estado avances en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables del asesinato del ambientalista, ocurrido hace 21 años en Catacamas, departamento de Olancho.
Luna López era un destacado defensor del medio ambiente. Se desempeñaba como regidor de la corporación edilicia de Catacamas y un mes antes de su asesinato, era jefe de la unidad municipal del ambiente.
“Actualmente, este crimen se mantiene en parcial impunidad, pues tan solo uno de los autores materiales ha sido sancionado y, hasta la fecha, ningún autor intelectual del crimen ha sido procesado”, denunció la Mesa de Seguimiento en un comunicado.
Por su defensa del medio ambiente contra la explotación ilegal de la madera en el departamento de Olancho, Luna fue objeto de amenazas a muerte, en persona, vía teléfono, las que denunció ante el Ministerio Público (MP).
La Mesa de seguimiento al cumplimiento de la Corte Interamericana, que consta de una articulación de organizaciones defensoras de derechos humanos y sociedad civil, recordó que Honduras tampoco ha cumplido con las sentencias por los asesinatos de la defensora Blanca Jeanette Kawas en 1995 y de Carlos Escaleras Mejía en 1997.
La sentencia se dictó en octubre de 2013, luego la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentara este caso a la jurisdicción de la Corte IDH, en noviembre de 2011.
En su resolución, establece que debe existir una política pública para la protección de defensores y defensoras. Dicha política debe contemplar suficientes recursos humanos y financieros para operar adecuadamente. Seguidamente, reconocer y legitimar públicamente el rol que los y las defensoras tienen en el fortalecimiento de la democracia; e incluir a personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de sociedad civil, personas expertas en su formulación.
- Para ver sentencia en caso Carlos Luna, click aquí.
Actualmente, existe represión hacia quienes defienden derechos humanos y por ende el incumplimiento de sentencias del tribunal interamericano. Uno de los casos, de la comunidad de Guapinol, en Tocoa, Colón, enfrenta persecución, amenazas y criminalización por la defensa tanto de los bienes comunes, entre ellos, el parque nacional “Montaña de Botaderos”, renombrada como Parque “Carlos Escaleras Mejía”, cuya zona de amortiguamiento fue reducida para beneficiar a la empresa Inversiones “Los Pinares”.
La organización británica Global Wittness, en su informe “Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta” reportó mas de 120 asesinatos contra defensores y defensoras entre 2010 y 2016, una de ellas fue Berta Cáceres, lideresa y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), hecho ocurrido el 02 de marzo de 2016.
“Las organizaciones que conformamos la Mesa de Seguimiento conmemoramos la vida y lucha de Carlos Luna por la defensa del ambiente en Honduras, enviamos nuestra solidaridad a sus familiares, y reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando hasta que se cumpla con lo ordenado por el alto tribunal, se alcance justicia para todas las personas defensoras de derechos humanos y se garantice el derecho a defender derechos humanos en Honduras”, cierra el comunicado de la Mesa de cumplimiento a sentencias de la Corte IDH.
La Mesa de seguimiento está conformada por: Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), Casa Alianza, Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Pastoral Penitenciaria Iglesia Católica y Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula.
