Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Tras un año y en prisión por razones políticas, en la Sala II del Tribunal de Sentencia con competencia nacional, sus integrantes se declararon incompetentes para conocer la causa que se les sigue a Edwin Robelo Espinal y Raúl Eduardo Álvarez, en audiencia realizada este lunes.
La audiencia se desarrolló bajo un cordón policial y militar que cercó las instalaciones del Poder judicial en Tegucigalpa. Frente a la fuerza pública, integrantes del Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos y dirigentes del partido Libertad y Refundación (Libre), atendieron una convocatoria en solidaridad con Álvarez y Espinal.
Ambos fueron capturados el 16 y 19 de enero de 2018, respectivamente, acusados por incendio agravado, daños y fabricación de explosivos.
Cerca de dos horas, duró la audiencia hasta que se informó la decisión del tribunal.
Omar Menjivar, uno de los abogados de los presos políticos, aseguró a la prensa que la decisión del Tribunal tuvo que darse desde el principio del proceso, ya que la figura de competencia territorial con jurisdicción nacional, la única misión es perseguir aquellos delitos relacionados con crimen organizado, sostuvo.
“Con esta resolución ha quedado claro que han sido privado de su libertad por un juez que no tenía competencia para determinar su prisión”, expuso Menjivar. Mas de un año de prisión, en este caso le puede acarrear responsabilidades al Estado de Honduras en cumplimiento de los derechos humanos, aseguró.
El artículo 89 de la constitución de la república garantiza la inocencia de un ciudadano, mientras no sea declarado su responsabilidad por juez competente. En tanto el articulo 90 literalmente dice: «Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece».
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Por su parte, Edy Tábora, quien forma parte del equipo legal de los presos políticos, aseguró que lo dicho por el Tribunal confirma que todo el proceso ha sido ilegal.
“Debió ser conocido por los Juzgados de lo Penal y no por un Juzgado militar cuyo juez es Claudio Aguilar, y esto es grave para cualquier persona que haya sido sometida a un proceso similar», expuso Tábora.
Indicó que, una vez devuelto al proceso ordinario, como parte legal pediremos la nulidad del proceso.
En el 169 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Coalición contra la Impunidad, denunció, entre otras cosas, que el Estado niega la existencia de presos políticos.
El secretario de la Presidencia, Ebal Díaz, en reiteradas ocasiones fue uno de los que públicamente negaba la existencia de presos políticos. Específicamente, cuando en un diálogo en que asistieron representantes de partidos políticos, el gobierno del ilegalmente reelecto, Juan Orlando Hernández y la mediación del coordinador de Naciones Unidas en el país, Igor Garafulic, se solicitaba incorporar una amnistía para los presos políticos.
Robelo Espinal y Álvarez Ordoñez, se encuentran detenidos en la cárcel de máxima seguridad conocida como “La Tolva”, en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso; ambos se suman a Gustavo Cáceres, remitido de la penitenciaría nacional «Marco Aurelio Soto» a Morocelí.
En el mes de diciembre, el equipo legal de ambos presos políticos, denunciaron afecciones en su salud.
Amnistía Internacional, en un informe presentado en junio del año pasado, instó a las autoridades hondureñas que las personas juzgadas por supuestos delitos en relación con las protestas contra el fraude electoral, “tengan todas las garantías jurídicas del proceso.
La semana anterior, en conferencia de prensa, las organizaciones que conforman la Convergencia contra el Continuismo (CCC) y el Comité por la Liberación de Presos Políticos detallaron la existencia de 171 personas criminalizadas en el marco del Fraude Electoral, de las cuales, el 18 por ciento ha sido sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
