San Pedro, Costa Rica (Conexihon). – Desde el Golpe de Estado en 2009 el fenómeno se ha intensificado, la desinformación ha sido una estrategia deliberada utilizada por los gobiernos para disminuir las capacidades ciudadanas de la población hondureña.
Así lo sostuvo la representante el Comité por la Libre Expresión en Honduras (C-Libre), Celeste Espinoza, durante su ponencia en el marco de la consulta sobre los efectos de la desinformación para la libertad de expresión y los procesos electorales en la era digital, desarrollada el 30 de enero en Costa Rica por la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión (RELE).
“Con el acceso a mayor población a redes sociales y sitios web, han proliferado una gran cantidad de fuentes de información no verificada y deliberadamente falsa, principalmente con mensajes discriminatorios e incriminatorios”, explicó Espinoza al señalar que “la difusión de información falsa intensifica el conflicto, pero también es capaz de poner en riesgo la vida de personas que participan del debate público de forma crítica, tales como defensores, comunicadores y periodistas”.
Celeste Espinoza, representante de C-Libre.
De acuerdo con el informe del Observatorio Electoral 2017, C-Libre durante el período electoral reciente se registraron al menos 59 agresiones a la libertad de expresión de las cuales, varios periodistas fueron víctimas, al montar campañas virulentas en redes sociales.
“La desinformación también estimuló y acrecentó el sentimiento de desconfianza de la población, promovió discursos estigmatizantes y de odio con la creación de contenido que perjudicaba principalmente las candidaturas de la oposición, miembros de la comunidad LGTBI, mujeres y las y los defensores de la democracia”, subrayó.
C-Libre también lamentó, el penoso papel que jugó el TSE, al dar 21 días después de los comicios los resultados de las elecciones, propició un clima óptimo para la especulación y la difusión de información falsa, en el cual muchos medios de comunicación difundieron mensajes que atizaban el ya conflicto postelectoral.
Una de las problemáticas más graves sobre la desinformación en Honduras es su vinculación con el Sistema de Justicia, pues la desinformación que ahí se difunde puede ser utilizada como “medio probatorio” para la persecución política como en el caso Eduardo Urbina.
Honduras destacó también la preocupación por el proyecto de ciberseguridad, que ya ha sido aprobado en su segundo debate, y que, pese a que está siendo fundamentado en el discurso de la desinformación, su dista del respeto al derecho a la libertad de expresión y los estándares que internacionalmente respaldan este derecho en el mundo online.
Fenómeno que afecta la región
En el marco de dicha consulta se invitaron organizaciones de la región mesoamericana para que informaran como este fenómeno social las realidades de sus países, como este afecta la democracia y ejercicio de los derechos de la ciudadanía.
La consulta de la RELE fue apoyada por las organizaciones Articulo 19 México, OBSERVACOM y la Universidad de Costa Rica (UCR) y gozó con la participación de representantes de DEMOS (Guatemala), El Faro (El Salvador), Violeta Chamorro (Nicaragua), C-Libre (Honduras) e Ipandetec (Panamá).
La consulta fue de forma cerrada y luego se realizó un foro universitario, donde el Relator de la RELE, Edison Lanza, hizo alusión al caso de María Luisa Borjas, destacando que la sanción promovida por el Sistema de Justicia hondureño era inapropiada y desproporcional.
Así mismo, Lanza reconoció que aunque no hay una solución uniforme para el fenómeno de la desinformación, es importante pensar en que los efectos negativos para la democracia deben contrarrestarse entre otras cosas con iniciativas de verificación de información, el empoderamiento de la ciudadanía sobre el consumo de información y la búsqueda de fuentes diversas, así como retomar las obligaciones del Estado en garantizar el derecho a la libertad de expresión y la protección de sus ciudadanos desde el derecho positivo.
Algunas cifras:
- El 29% de la población hondureña tiene acceso a servicio de internet con un aumento porcentual de 2.3% con respecto al año 2013. El acceso es principalmente a través de teléfono celular (90.8%). Hasta 2016, solo el 19.9% de la población tenía acceso a una computadora.
- Respecto a internet del total de población nacional que tienen acceso a internet, el 54% son personas entre 15 y 29 años quienes dicen usar la internet al menos 1 vez al día (61.7%), el 54% fueron mujeres.
- Según esta misma institución, el 83.5% de los usuarios utiliza internet como recurso para buscar información y noticias. La red social más utilizada es Facebook (921.2%)
- Trece de las alertas emitidas en 2018 se refieren a violencia en línea, es decir el 12.14% del total de las agresiones.
Entre 2013-2018 C-Libre registró 101 ataques relacionados con redes sociales y el ciberespacio, 31% relacionados con campañas de desprestigio/ odio/ estigmatización y 26% con mensajes amenazantes en la esfera pública y privada. - Los mensajes más comunes que se encuentran en las campañas: 21.95% Responsabilidad no comprobada por asesinato u otros delitos, lucha partidista (en casos que no hay una vinculación clara) 19.51% y nexos con maras/pandillas crimen organizado 14.63%.
- En el 76% de los casos la única acción que se realiza es la denuncia pública y alertas, seguida de la autoprotección 13.15% (Hay mucha desconfianza en el sistema de justicia).
- En el 39.13 de los casos las agresiones provenían de fuentes anónimas o desconocidas (perfiles falsos o sin identidad clara) y el 31% los agresores eran funcionarios públicos, es decir que aprovechaban su cuota de poder, la impunidad y el ambiente de estigma para reforzar mensajes negativos en contra de DDF, Periodistas, comunicadores…
- Entre 2016 y 2018 hubo una reducción del 44% de las alertas, esto puede deberse a que finalmente la gente para de denunciar cuando no encuentran respuesta. La reducción fue después de 2015 (21), luego del movimiento de indignados. Finalmente se naturaliza la violencia incluso en el espacio en línea.
- De 2013 a 2018 se pudieron identificar claramente 97 víctimas de agresiones relacionadas con el ciberespacio, 57.73 % periodistas y comunicadores sociales y 30% defensores de derechos humanos. 67% hombres y 33% mujeres con afectaciones diferenciadas.
