Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Convergencia Contra el Continuismo (CCC), se pronunció este miércoles ante las acciones policiales y militares en contra de la población de la comunidad de Guapinol, en Tocoa, Colón.
Catalogado como “operativos de guerra”, la Convergencia aseguró en un comunicado de prensa que este tipo de acciones “muestra el auténtico rostro de régimen dictatorial protegido por la oligarquía, las transnacionales y criminalidad organizada”.
El fin de semana pasado, cerca de mil efectivos policiales y militares ejecutaron un violento desalojo contra un campamento instalado en defensa del agua que corre por cinco ríos, entre ellos el Río Guapinol, donde está instalado un proyecto de extracción de Inversiones Pinares S.A.
A esto se suman 18 ordenes de captura contra liderazgos de la zona, a petición del Ministerio Público (MP), desde el 10 de agosto de 2018.
En el comunicado leído por parte de la coordinación nacional de la CCC, se reconoce “la rebeldía soberana de las comunidades en defensa de sus bienes y en lucha contra la privatización de servicios públicos”.
De igual forma, el lunes 28 de octubre mientras se desarrollaba una toma de calle en la carretera contiguo a la comunidad, fuerzas policiales y militares reprimieron violentamente a la población en protesta, en donde hubo disparos por armas de fuego, de acuerdo a versiones de la prensa local.
Por lo que la Convergencia Contra el Continuismo lamentó el hecho y expresó sus condolencias hacia las familias de los militares muertos, en el operativo “que el régimen impulsó contra las comunidades”.
“Creemos que, si la situación continúa como hasta ahora se lleva a cabo, con desalojo disque legales, y órdenes de captura, puede empeorar”, dijo Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (COFADEH), e integrante de la coordinación nacional de la Convergencia.
Este espacio respaldó una Acción Urgente emitida ayer martes 30 de octubre por el COFADEH, relativo a la violencia contra el Campamento por la Vida en Guapinol. Se demanda al Estado para que garantice la libertad, la vida y el derecho de las comunidades para proteger su territorio y bienes comunes.
Además, la acción interpuesta por COFADEH solicita una orden para la desmilitarización de la zona. Y que el Ministerio Público cese de los requerimientos fiscales utilizados como medios de persecución contra liderazgos sociales.
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