Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Un pequeño derrame de petróleo en el Caribe hondureño causaría una profunda devastación del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), esto a consecuencia de la aprobación de un contrato de extracción de petróleo en Honduras, mismo que no cuenta con la aprobación de las comunidades indígenas, así lo denunciaron recientemente el en un Foro realizado por el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (IDAMHO) en la capital hondureña.
De acuerdo a los expositores, el contrato de concesión contiene cláusulas que violentan la Constitución hondureña, los convenios internacionales y las leyes ambientales. Asimismo, atenta contra los derechos de cuatro pueblos indígenas que habitan la zona caribeña, estimada en 35 mil kilómetros cuadrados.
Impacto ambiental
Para Clarisa Vega, directora de IDAMHO, existe fuerte preocupación por la ambivalencia que expresan las cláusulas del contrato como las pocas garantías que existen en caso de un derrame de proporciones lamentables.
Clarisa Vega, directora de IDAMHO
Observamos valoraciones como «niveles adecuados» de protección del medio ambiente, la poca prevención, mitigación y restaurar el daño ambiental «cuando sea posible» y la posibilidad de que en caso de conflictos sea el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversores (CIADI) y no el Ministerio Público que intervenga, restándole facultades al Estado hondureño.
El contrato de Operación para la Exploración y subsiguiente Explotación de Hidrocarburos en la Zona Marítima de la República de Honduras suscrito entre el Estado de Honduras y la Empresa BG International Limited (BGI), Sucursal Honduras, ahora perteneciente a la petrolera holandesa Shell, podría ocasionar filtraciones o descargas deliberadas de petróleo que se originan de plataformas petroleras y actividades asociadas, incluida la exploración, -sostuvo-.
Una explosión petrolera grave, como la ocurrida en el Golfo de México en 2010, puede cubrir completamente de petróleo el SAM, según el reporte de la Salud Ecológica del Arrecife Mesoamericano 2012, se estima que un solo litro de petróleo contamina más de 10 mil litros de agua.
Licitación directa
El documento suscrito entre BG Group y el Estado de Honduras en el 2013 se hizo de manera directa, violentando la Ley de Contratación de Estado porque se obvió el proceso de licitación para recibir ofertas, destacaron.
El contrato fue aprobado el 9 de abril del año 2013, mediante el Decreto Ejecutivo PCM 017-2013, durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014). Posteriormente, el 23 de mayo fue aprobado en el Congreso Nacional.
Juliette Handal, empresaria
“Siempre se está hablando que en Honduras es típico los contratos leoninos, pero este contrato realmente es nefasto. Yo no estoy en contra del desarrollo, y que bueno si hay petróleo en el país, que se explote, pero para beneficio de los hondureños y que no se deje al Estado de lado”, dijo Juliette Handal.
El contenido de una de las cláusulas del nefasto, -expresión Handal- al referirse que el contrato establece que las comunidades del litoral atlántico estarán bajo riesgo de ser desplazadas ante cualquier accidente que se origine por el derramamiento de petróleo.
Al hablar de la responsabilidad del gobierno frente a esa concesión, Handal, se refirió a que también se debe hablar de quiénes toman las decisiones para negociar contratos, quienes deberían de tener en primer lugar gente que vele por el bien común y el bienestar de la población, sobre todo en base a un Estado de derecho y en base a todo lo que se habla de la protección de derechos humanos, pero como lo estamos viviendo es que no se respeta la Constitución, las leyes ahora es más evidente, lamentó.
Las negociaciones que culminaron en menos de un año estuvieron a cargo del entonces secretario de Recursos Naturales y Ambiente, el exfiscal general adjunto, Rigoberto Cuéllar y la firma fue estampada por la entonces Procuradora General de la República, Ethel Deras y Oscar Armando Manzanares Díaz, en su condición de representante legal de BG International Limited, Sucursal Honduras.
El proceso contó además con el asesoramiento del ahora Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, que en el aquel entonces fungía como alto representante y coordinador nacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI – Honduras).
Se trata del primer contrato de exploración y explotación de petróleo y gas que otorga Honduras, que nunca ha descubierto petróleo en cantidades comerciales, aunque no se han revelado datos sobre estimaciones de posibles reservas de crudo y gas en la zona ni el monto de inversión que BG Group pretendería realizar en el proyecto.
Felix Valentín, representante de la OFRANEH
Proceso inconsulto
El mismo otorgó un periodo de cuatro años para la exploración, prorrogables hasta por dos años más, es decir un total de seis años y para el periodo de explotación el plazo se definió en 20 años, prorrogables por cinco años más, es decir un máximo de 25 años.
La zona de concesión se estimada en 35 mil kilómetros cuadrados y la exploración ya se hizo en los paralelos 84 y 85, sin contar con las comunidades indígenas que habitan la zona de la Mosquitia, es decir con las comunidades misquitas, garífunas y a las etnias pech y tawahka, indicó Félix Omar Valentín López, de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).
Valentín López subrayó que no debe dejarse de un lado el marco político en el cuál se aprobaron estas concesiones, es decir el 12 de diciembre del 2012, período en el cual se marcan el inicio de las ciudades Modelo en Honduras, lo que marcó una pauta de la inversión en el país. Este fue un “segundo golpe de Estado” que permitió todas las concesiones de los territorios.
“Una vez que BG se acerca a las comunidades garífunas lo primero que hicimos fue hablar con el Estado, para que vieran lo que estaba pasando. Es decir- es el Estado de Honduras quien debe consultarle a su gente-, sin embargo, quien lo hace es la empresa buscando a personas de escasos recursos sacándolas de sus comunidades para empezar a comprar conciencias”, lamentó.
Juan Carlos Rodríguez, de la Coalición Patriótica de Solidaridad
Vulnerabilidad
Para el presidente de la Coalición Patriótica de Solidaridad, Juan Carlos Rodríguez, resaltó que para esta plataforma de sociedad civil existió preocupación porque varias condicionantes del contrato son desfavorables para el Estado de Honduras y porque no se efectuó un proceso de licitación.
“Qué pasaría si se reducen los estándares en la protección ambiental, quien se va a dar cuenta si aquí no hay expertos en la materia para definir si las cosas se están haciendo bien o mal, qué pasaría sino se cumple con las responsabilidades del contrato, en caso del Gobierno, nos caería una demanda que tocaría pagarla por 30 generaciones, pues hablamos de una empresa cuyo capital asciende a más de 60 mil millones de dólares, nos podrían pagar nuestra deuda interna y externa; pero si es del mismo contratista, no le podríamos ganar”, comentó.
Por ejemplo, -agregó- si existe un escape en la tubería cómo se haría con esa afectación y quién podría hacer que eso se enmendara correctamente si no sabemos cómo, será que vale la pena correr el riesgo de la extracción del petróleo con las condiciones actuales de nuestro país, cuando aquí nunca se puede estar conformes, porque siempre hay corrupción.
Para que esto fuera conveniente, entonces, deberíamos contar con las condiciones adecuadas técnico-social y jurídicamente, así como un marco legal riguroso en las condiciones de conservación del ambiente y las responsabilidades, así como una mayor integración de la comunidad en los procesos, como parte afectada o como beneficiada, así como blindar cualquier beneficio económico de esta actividad para el beneficio humano y que lo que genere esto sea para la ciudadanía, no para gasto público, enfatizó.
Ema Vásquez, del FOSDEH
Poca transparencia
De su lado, Ema Vásquez del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo Social de Honduras (FOSDEH), se refirió al proceso de sobreprotección de la información pública entregada, es decir, si se quiere saber sobre los impactos relacionados a las concesiones, en este caso de hidrocarburos, ya no se pueden conocer y tampoco las variables a considerar o la ubicación de los proyectos.
“Con esta secretividad reforzada por las (normativas) que están en proceso como la reforma a la Ley de Secretos que está ahora en el Congreso Nacional, en realidad esconde dentro de este proceso está el quitar más aún la posibilidad de acceder a la información y de aumentar la discrecionalidad de la información que se ha adjudicado el Estado alrededor del acceso a la información en conjunto al igual que de las más de mil concesiones en general de los bienes comunes que tiene el país”, comentó Vásquez.
Añadió que con el acceso a la información es que podemos tener posibilidad de hacer revisiones del cumplimiento o no de los estándares internacionales de los derechos humanos, si se están respetando o no los análisis de riesgo, los desplazamientos de la población, los procesos de las exploraciones, el almacenamiento de material peligroso, considerando que este es un proyecto de alto impacto y que se tiene todos los elementos claves como que va implicar material peligroso, la afectación de los recursos naturales, no solamente ahí en la rivera sino también en los islotes, pues esta al igual que las demás no tienen limitaciones de índole geográfico por municipio o departamento, pues está asignada a Gracias, pero afectará Colón, Atlántida entre otros.
Norvin Goof, presidente de MASTA
Barreras técnicas se suman a las barreras de idioma
Así también explicó que tampoco puede haber una participación real o menos una consulta libre, previa e informada y que implique el consentimiento real de las poblaciones, pues no saben cuáles son los efectos, considerando las variables de idioma materno, en garífuna, misquito o en cualquier otro de la región.
Las barreras de comprensión técnica sobre las concesiones, -destacó- se suman a las barreras de idioma, pues qué pasaría con las poblaciones de pescadores que no sabrán si podrían pescar en el límite, es decir al violentar el derecho de acceso a la información se violenta también el respeto a la cultura, social política, productiva y económica de la región, lo que nos lleva a una lógica de la más primitiva forma de expropiar que es el despojo del bien común, de la dignidad de las personas y del poder mismo, cuando este tipo de relacionamientos desempodera.
Hacemos un llamado a la unidad
Así también el presidente de la organización Miskitu Asla Takanka (MASTA,) Norvin Goof, instó a la sociedad civil y los pueblos indígenas a buscar la unidad para enfrentar el problema.
“Desconocemos y rechazamos y enérgicamente las concesiones de exploración y explotación petrolera, ya que no podemos desangrar a la madre tierra, y que aumentará las emisiones de gases del efecto invernadero en uno de los sitios de importancia mundial para la conservación”, puntualizó.
