Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-El reclamo por la libertad de cinco personas presas por razones políticas tuvo cabida al participar el Comité Nacional por la Liberación de Presos Políticos dentro de la manifestación del movimiento social y del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), este 15 de septiembre.
¡Amnistía ya!, es el llamado que hizo el Comité, como exigencia para la libertad quienes están presos por razones políticas y el cierre definitivo de los expedientes judiciales e investigativos.
Por medio de un comunicado, el Comité insistió sobre “la urgencia de exigir personas detenidas en cárceles de máxima seguridad, por expresar sus razones políticas y manifestarse contra el fraude electoral de 2017”.
Asimismo, esta coalición de organizaciones y familiares de Presos Políticos en el comunicado pronunciaron su rechazo a la dictadura y específicamente a los Juzgados de jurisdicción Nacional y la Policía Militar de Orden Público (PMOP) quienes, a criterio del Comité, les restringen (aun estando presos) el derecho a la alimentación adecuada, leer, comunicarse con sus abogados y recibir visitas de sus familiares.
La judicialización de la oposición política, apuntó el comunicado del Comité, es parte de una política de Estado y de una sistemática violación a los derechos humanos ordenadas desde los niveles más altos del régimen dictatorial que controla el poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
“Desde este Comité alzamos nuestras voces y las voces que resisten desde los calabozos de El Pozo, La Tolva y el Centro Penal de El Progreso, por la denuncia permanente de la situación de los presos políticos, por las faltas al debido proceso y por las condiciones infrahumanas de detención, en que se encuentran”, expresó el Comité de Presos Políticos en su comunicado de este 15 de Septiembre.
Por otra parte, existen 17 ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en libertad bajo medidas contrarias a la prisión preventiva. Sin embargo, el Comité denunció que el pasado 30 de agosto nueve personas más, fueron criminalizadas y remitidas a la cárcel de máxima seguridad de “El Pozo”, en Ilama, departamento de Santa Bárbara.
Las nueve personas, reveló el Comité por la liberación de Presos Políticos, están sometidos a un “régimen inhumano”, sin acceso a visitas, artículos para su higiene, agua potable y permanecen incomunicados.
Por ello, desde este espacio, se instó a la comunidad internacional para que exija el respeto de sus derechos, así como su libertad definitiva y el cierre de expedientes abiertos “sin carga probatoria”.
Desde su primera aparición pública, en febrero de este año, el Comité de Presos Políticos inició acciones para obtener la libertad definitiva de ciudadanos y ciudadanas que fueron acusados y acusadas por su participación en movilizaciones y supuestas acciones de protesta contra la ilegal reelección de Juan Orlando Hernández en la Presidencia del país.
Amnistía Internacional, en un informe publicado en el mes de abril, cuestionó la política de encarcelamiento ejercida desde las autoridades del país. Su directora para las Américas, Ericka Guevara-Rosas catalogó como “una vergüenza que el Estado hondureño se apresure a criminalizar a quienes ejercen su derecho a la protesta, pero no a investigar las muertes de personas que hacen oír sus voces con valentía en las manifestaciones”.
Los nombres de los cinco presos políticos son: Edwin Robelo Espinal, Raúl Álvarez, en el Centro Penal La Tolva, Morocelí, El Paraíso; Gustavo Adolfo Cáceres y José Gabriel Godínez, recluidos en el Centro Penal de El Progreso, departamento de Yoro; Edy Gonzalo Valle, este último prisionero en la Cárcel de máxima seguridad de El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara.
